Política

La ineficiencia en salarios públicos sí es enorme y debe ser objeto de reforma


Por Nahum Dam*.

Recientemente, el autor Rodrigo Ibarrola publicó en Terere Cómplice el artículo “Empleados públicos, los culpables ‘perfectos’ de una crisis plagada de mentiras y análisis mediocres”. En dicho artículo el autor argumenta que eliminar la ineficiencia de los salarios públicos redundaría solamente en “beneficios marginales”. Sin embargo, como busco mostrar en este artículo, el autor minimiza de forma exagerada el impacto importante que en verdad tendría una reforma que elimine la ineficiencia salarial en el sector público.

Sin ser experto en el tema, revisé la fuente citada por el autor (y los medios que él critica). Ibarrola refiere a un estudio del BID sobre la ineficiencia del gasto público en Latinoamérica. Dicho trabajo estima que la ineficiencia en salarios públicos en Paraguay corresponde al 1,06% del PIB; es decir, unos 429 millones de dólares.

Estos 429 millones de dólares equivalen a: 1) cerca del doble (1,74 veces) de los 246 millones de dólares que pagó Itaipú en royalties a Paraguay en 2019; 2) más del doble (2,56 veces) de los 167 millones de dólares que se iban a invertir en el Metrobús; 3) y un 85% de los 500 millones de dólares que planean gastar en Salud para enfrentar el COVID.

En suma, los 429 millones de dólares atribuidos a las ineficiencias salariales no constituyen un monto despreciable. Aunque pudiera dudarse de que se vayan a corregir la totalidad de las ineficiencias salariales con la presente reforma, dado el perfil de quienes la lideran, definitivamente el monto del que hablamos no es “marginal”. Y valga la aclaración de que sabemos que no todo funcionario público es ineficiente y que necesitamos funcionarios bien remunerados trabajando para el Estado. Pero si es que hay ineficiencias en el funcionariado, ¿por qué no corregirlas?

El argumento central del artículo de Ibarrola es que no somos el peor país de Latinoamérica en ineficiencia salarial. Pero, ¿es nuestra región un ejemplo mundial de eficiencia? Según el propio estudio del BID, no lo es. Por tanto, ¿es un mérito no estar entre los peores en una región caracterizada por su ineficiencia? Considero que no. Es más, es cierto que Argentina, Bolivia y El Salvador son más ineficientes en salarios públicos que Paraguay, pero ¿no tiene Argentina una calidad educativa y sanitaria ampliamente superior a la paraguaya? Me gustaría saber qué tan controlado por resultados de desarrollo está el estudio del BID. Por ejemplo, Ibarrola menciona que un cuarto de los salarios públicos en Paraguay corresponden al Ministerio de Educación; pero, justamente, esta institución nos entrega uno de los peores resultados educativos del continente, y no está precisamente luciéndose por su desempeño en esta pandemia.

Otro punto importante señalado por Ibarrola es que el verdadero foco de atención debería estar en la ineficiencia en compras públicas, que corresponde al 40% del total de las ineficiencias. Pero, ¿por qué no considerar a esta ineficiencia junto con la de salarios? ¿No son ambas ineficiencias considerables? ¿Hace falta desacreditar una para darle importancia a la otra? El artículo argumenta que las compras públicas “no reciben mucho interés”. Sin embargo, el director de la DINAC tuvo que renunciar en abril (ahora está imputado) y también renunció la directora de Petropar, precisamente por el interés generado ante sus cuestionables compras públicas. Las denuncias en la prensa y redes sociales son frecuentes. Entonces, ¿no reciben “mucho interés” según quién? ¿Dónde podemos leer la fuente del “interesómetro” en compras públicas del autor?

El artículo de Ibarrola finalmente sostiene que los reclamos para corregir ineficiencias salariales eclipsan otras soluciones, como la de reformar el sistema tributario hacia uno progresivo, equitativo y justo, para incrementar la inversión en salud o educación. Pero la progresividad sola no garantiza un mejor gasto social ni que “el 1% más rico” pague su justa parte. Con esto tampoco estoy promoviendo una línea “de derecha” en contra de todo tipo de impuesto: un elevado impuesto al tabaco, por ejemplo, es la estrategia más eficaz y costo eficiente para reducir el consumo de tabaco, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo que sí me parece importante revisar es si la clave para un mayor desarrollo está solamente en aumentar los recursos económicos del Estado. Pienso que puede estar, más bien, en una suma de varios elementos.

¿Cuánto desarrollo y calidad de vida podemos obtener con mayor recaudación, pero alta corrupción e ineficiencia en el gasto? La economista Verónica Serafini argumentó que existe una aparente correlación positiva: más recaudación, más desarrollo humano. Chequeando los datos encontré algo distinto. Camerún tiene mucho mayor carga impositiva que Paraguay, pero está muy por debajo en su desarrollo. Cuando se lo comenté, lo trató de “excepción”, asegurando que “la política pública no se hace con excepciones” y que la fuente “seria” de datos es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OECD). Pero revisando la fuente sugerida encontré que, de hecho, el 83% de los países africanos con mayor recaudación que Paraguay en relación con su PIB sufre de un peor Índice de Desarrollo Humano. Es decir, recaudar más no necesariamente genera mayor desarrollo humano. Seguramente depende del uso de estos recursos, los desafíos de cada país y de muchos otros factores. Si es así, ¿por qué tanta resistencia a mejorar el uso de los recursos? ¿No sería mejor coser el “saco roto” antes de meter más dinero en él?

…¿es un mérito no estar entre los peores en una región caracterizada por su ineficiencia? Considero que no. Es más, es cierto que Argentina, Bolivia y El Salvador son más ineficientes en salarios públicos que Paraguay, pero ¿no tiene Argentina una calidad educativa y sanitaria ampliamente superior a la paraguaya? Me gustaría saber qué tan controlado por resultados de desarrollo está el estudio del BID.

Si hay algo que hoy le sobra al Estado es dinero. En los últimos años se ha endeudado vertiginosamente en relación a su PIB, pero ¿a cambio de qué cantidad y calidad de desarrollo? Los bonos y créditos no se pagarán solos. Podríamos suponer que gran parte de los frutos de una nueva reforma impositiva serán dedicados a cubrir deudas actuales. Entonces, ¿a quién le conviene que recaudemos más en impuestos? Seguramente a los acreedores de nuestra deuda externa de 7.238 millones de dólares. Solo al BID le debemos 2.530 millones de dólares, cerca de un tercio del total. Le debemos por proyectos como el fallido Metrobús (US$ 167 millones), la cuestionada Agenda Digital (US$ 130 millones) y la novedosa Agenda de Transparencia (US$ 90 millones). Cada proyecto que arman o reciclan sus “consultores”, para vendernos sin mucho escrutinio en el Congreso, vale varias veces lo recaudado mensualmente en IRP. ¿Dónde podemos leer un estudio del BID sobre el malgasto en sus propios proyectos y su responsabilidad en los proyectos fallidos que armaron sus consultores?

Estos temas merecen mayor estudio. Puedo estar equivocado, corríjanme. Pero como lector y ciudadano, no quiero abdicar el análisis crítico. Como dice Daniel Schmachtenberger en The War on Sensemaking, abandonar la crítica contribuye negativamente a la delicada ecología de la información. Así como es inconsciente tirar basura a la calle, también es inconsciente creer, repetir y compartir datos sin verificarlos, sin debatirlos, sin revisar que tengan sentido. Detrás de cada estudio, hay seres humanos e instituciones con sus sesgos (como detrás de este artículo también). Es fundamental revisar los análisis y datos con frecuencia, buscando fuentes originales, cuestionando, preguntando, incluso a riesgo de equivocarse. Es tarea de todo ciudadano comprometido con su país construir el “sensemaking”, especialmente en estos tiempos de post verdad.

*Emprendedor, programador, consultor de negocios y tecnología

Imagen de portada: AméricaEconomía.

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