Por Diego Díaz*.
En el artículo “La Ineficiencia en salarios sí es enorme y debe ser objeto de reforma“, publicado en Terere Cómplice el 10 de mayo pasado, Nahum Dam se preguntó “¿a quién le conviene que recaudemos más?” Y sugirió la respuesta con otra pregunta: “¿a los acreedores de la deuda?” Este cuestionamiento es interesante de responder por el reciente endeudamiento de US$ 1.600 millones que nos dejará la Ley de Emergencia aprobada en el contexto de la pandemia y que reducirá nuestra capacidad de pago. Esta deuda se deberá honrar de alguna manera. Según el economista Manuel Ferreira, Paraguay puede cargar con 250 millones de dólares más en pago de intereses de deuda.
El recorte de los llamados “gastos superfluos” en el sector público es la alternativa de ahorro mejor ponderada por sectores políticos y empresariales como el propio Poder Ejecutivo, parte de la oposición, la Unión Industrial del Paraguay (UIP) y el diario ABC Color. Sin embargo, es poco probable que solamente con estos recursos se vuelva a un equilibrio fiscal. Hacienda calcula que se podría llegar a US$ 10 millones de ahorro pero aún no hay un monto definitivo.
Independientemente a los recortes pretendidos, hay que decir que el monto equivalente a la ineficiencia salarial es menor a lo pagado anualmente en intereses. El estudio “Mejor gasto para mejores vidas” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estima que la ineficiencia salarial representa el 1% del PIB, es decir, unos 471 millones de dólares, por lo que habrá que buscar alternativas para amortizar los compromisos.
Decir que se deben buscar alternativas de financiamiento no es igual a normalizar la ineficiencia. Pero lo cierto es que también hay que desmitificarla y ver de qué trata la misma. Los estudios muestran que Paraguay ha venido mejorando su manera de gastar. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano (2008), entre 1999 y 2002 la presión burocrática (porcentaje de ingresos tributarios destinados a sueldos) representaba el 85% de los ingresos, mientras que entre 2003 y 2007 el promedio fue de 64%. También se registra que la presión tributaria entre 1999 y 2002 era poco más de 10% y entre 2003 y 2007 fue de 11%. Entonces, se debería considerar que tenemos de ejemplo un periodo en el que la presión tributaria aumentó y al mismo tiempo la ineficiencia bajó.
El mismo informe indica que en 2006 el pago de salarios le costaba al Estado el 9% del PIB lo cual, en el ranking regional, nos ubicaba por encima de Chile (6%), Bolivia (5%), Uruguay (5%), Brasil (2%) y Argentina (2%). Esto también cambió a nivel país. Actualmente se gastan 19 billones de guaraníes en salarios, lo cual corresponde al 7% del PIB, casi dos puntos menos de lo que se destinaba en el 2006. Cabe destacar que gastar más en salarios no necesariamente significa que se esté gastando mal, ni que gastar menos es igual a disminuir la ineficiencia, como muchas veces lo quieren presentar algunos referentes de opinión.
Resulta innegable que el monto de salarios que cobran algunos funcionarios es uno de los aspectos que más indignación genera en una parte importante de la ciudadanía. Esto no sorprende porque los funcionarios públicos ganan, en promedio, 76% más que los asalariados del sector privado. No obstante, el economista Jorge Garicoche asegura que el 75% de los funcionarios públicos no tienen ingresos mayores a cinco millones de guaraníes, lo que demuestra la profunda desigualdad salarial que existe en el sector público.
Volviendo al endeudamiento y a las alternativas para saldarlo, a inicios de mayo el Senado rechazó un proyecto titulado “Tasa Covid”. El proyecto se centró en la creación del impuesto a la soja, el aumento del impuesto selectivo al consumo de tabaco, alcoholes y bebidas azucaradas, y un impuesto a las grandes fortunas. El objetivo del proyecto “Tasa Covid” fue generar fondos para pagar la deuda contraída para hacer frente a la pandemia, de manera que este endeudamiento no sea cubierto principalmente con IVA o el impuesto a la renta. Bien coherentes con su postura histórica, los sectores mayoritarios del coloradismo y del liberalismo, el Partido Patria Querida y otros, se opusieron a este paquete de impuestos, cortejados por posicionamientos de ABC Color y la Unión Industrial del Paraguay.
El recorte de los llamados “gastos superfluos” en el sector público es la alternativa de ahorro mejor ponderada por sectores políticos y empresariales como el propio Poder Ejecutivo, parte de la oposición, la Unión Industrial del Paraguay (UIP) y el diario ABC Color. Sin embargo, es poco probable que solamente con estos recursos se vuelva a un equilibrio fiscal. Hacienda calcula que se podría llegar a US$ 10 millones de ahorro pero aún no hay un monto definitivo.
No cabe dudas de que es necesario mejorar la eficiencia del gasto público. Ahora bien, el rechazo de diversificar los ingresos tributarios para que el Estado haga frente al impacto de la covid -19 camina en sentido contrario, incluso, a propuestas de medios liberales de referencia internacional como el Financial Times. Sin más, resulta incomprensible solo apostar a los recortes para jugar un partido con la cancha marcada por la caída de la economía y el empleo. De continuar con el mismo juego, da para pensar que la recuperación económica será a un proceso mucho más largo de lo que esperamos.
* Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Periodista de InfoNegocios.
Imagen de portada: Nico Granada (@veolacalle).