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Elecciones en Ecuador: fragmentación, clientelismo y la nueva dicotomía del correísmo


Por Juan Francisco Camino*.

El 7 de febrero de 2021, el Ecuador acudirá por décima segunda vez a las urnas desde el retorno a la democracia. En estas elecciones, se elegirán Presidente(a) y Vicepresidente(a) de la República, quince asambleístas nacionales, seis asambleístas por circunscripción del exterior y 116 asambleístas provinciales. Las elecciones se realizarán en el marco de la pandemia de Covid-19, misma que al 31 de enero registró 250.828 casos confirmados, 10.177 muertes  y 4.682 fallecidos probablemente a causa de la enfermedad.  Los casos han venido aumentando y, hasta la tercera semana de enero, el 95% de las camas de cuidados intensivos a nivel nacional se encontraban ocupadas, según datos del Ministerio de Salud.

Estas elecciones han sido las más desorganizadas, fragmentadas, vacías de contenido y articuladas en torno a partidarios y detractores del expresidente Correa. Un total de 16 binomios se disputan los dos principales cargos de elección popular en el país, lo que hace de estas elecciones las que registran mayor cantidad de candidatos desde 1979. Existen tres binomios que encabezan las encuestas de intención de voto. En primer lugar, el binomio Andrés Arauz – Carlos Rabascall, del movimiento “Centro Democrático” (centro-izquierda, y respaldados por Rafael Correa); en segundo lugar, el binomio Guillermo Lasso – Alfredo Borrero, de la alianza entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento CREO (centro derecha); y, en tercer lugar, la dupla Yaku Pérez – Virna Cedeño por Pachakutik (izquierda ecologista).

Para estas elecciones, se realizó una reforma al sistema electoral que modificó la fórmula de asignación de escaños, pasando de la fórmula D’Hondt a la fórmula de “Webster” (muy parecida a la fórmula de Saint-Lagüe), lo que permite inferir que en la próxima legislatura ningún partido o movimiento político alcanzará una mayoría simple en el Parlamento. 

Esta dispersión del voto, debido a la gran cantidad de candidatos, combinada con este nuevo método de asignación de escaños, sugiere que el próximo período legislativo estará marcado por la fragmentación. Considerando que existe una alta correlación entre el voto para presidente y voto para legisladores, se espera un gobierno de minoría, ya que el candidato presidencial que encabeza las encuestas alcanza un máximo del 36% de intención de voto, con lo cual se podría esperar un número similar para su organización política en la legislatura, con lo cual no podrá alcanzar mayoría. Esto permite anticipar posibles problemas serios de gobernabilidad para el futuro presidente.

A nivel de oferta electoral, todas las organizaciones políticas han centrado sus ofrecimientos en la reactivación económica, específicamente en la generación de empleo. Pero no hay claridad sobre las políticas públicas que se implementarían para el efecto.  Más bien, se han generado ofrecimientos relacionados con la asignación monetaria directa, o el incremento del salario básico. El movimiento Centro Democrático, por ejemplo, ofrece una asignación monetaria de 1000 dólares a un millón de familias, por una sola vez. Los recursos para financiar este plan saldrían de la reserva monetaria internacional, misma que asciende en estos momentos a 7000 millones de dólares. Este tipo de medidas se han adoptado en otros países a consecuencia de la pandemia, pero tomando recursos directamente de las arcas fiscales o producto del establecimiento de nuevos impuestos progresivos. Tomar recursos de las reservas, y destinarlos prácticamente para el consumo y no la inversión, puede ser peligroso en un contexto de incertidumbre económica.

Por otro lado, y, faltando poco tiempo para las elecciones, el candidato de centro derecha, Guillermo Lasso, anunció que su gobierno incrementaría el salario básico de 400 a 500 dólares. Propuestas como esta han sido criticadas con anterioridad por el mismo candidato y grupos empresariales a los que representa, debido a que una subida del salario mínimo afectaría negativamente a la generación de nuevas plazas de trabajo y encarecería los costos de producción. Esta contradicción y cambio en las posturas, a tan pocas semanas de las elecciones, sería explicada por la necesidad del candidato de atraer la votación de los indecisos, quienes se sitúan en un 40% del electorado, de acuerdo con los últimos sondeos.

El candidato Yaku Pérez, por su parte, ha afirmado que su plan económico incluye la generación de nuevas actividades económicas, alejadas de la extracción de recursos naturales como el petróleo y la minería. Ecuador dispone de un potencial minero de 217.600 millones de dólares, siendo el cobre el mineral con más reservas, calculadas en 167.200 millones. El plan de Pérez tendría como objetivo garantizar la biodiversidad existente en el Ecuador, y mantener sin contaminación las fuentes de agua. Tomando en cuenta la estructura productiva del país, anclada desde su nacimiento en la extracción de recursos naturales, tomaría mucho tiempo e inversión generar otro tipo de actividades económicas. 

Otro tipo de ofertas han incluido la construcción de una pista de fórmula uno en la provincia de Manabí. También, expulsar inmediatamente del país a ciudadanos venezolanos que no estén realizando ningún tipo de actividad económica, el establecimiento de pena de muerte o cadena perpetua para ciertos delitos, la reducción del número de asambleístas en el poder legislativo y el pago de dietas por sesión asistida y no un salario mensual. Estas propuestas evidencian una total desconexión con las necesidades de la gente en un contexto de pandemia, ya que el acceso al sistema de salud pública y un plan de vacunación transparente son demandas más esenciales de los ciudadanos, pero estos puntos no están en el centro de las promesas de los candidatos. 

La falta de propuestas claras y consistentes hace presente una de las características más importantes de la cultura política ecuatoriana: el clientelismo. Dádivas como pelotas de plástico, camisetas, productos alimenticios de primera necesidad, realización de pruebas rápidas de Covid-19 (de dudosa procedencia y efectividad) y entrega gratuita de tanques de gas para consumo doméstico son parte de los ejemplos de estas prácticas, realizadas por todos los partidos y movimientos políticos. 

En la última semana de campaña, Luis Verdesoto, miembro del pleno del Consejo Nacional Electoral, presentó al Tribunal Contencioso Electoral una denuncia en contra del binomio Araúz – Rabascal, acusando a los candidatos de entregar estas dádivas clientelares, prohibidas en la ley electoral ecuatoriana. A la par, se publicaron imágenes de prácticas similares por parte de candidatos y militantes de las demás  organizaciones políticas. Sin embargo, Verdesoto solo denunció a Araúz-Rabascal, con lo cual se lo acusó de ser selectivo en su denuncia y de querer afectar solo al binomio de la lista 1.

La campaña electoral se realiza en un contexto de incapacidad del gobierno actual de manejar la crisis sanitaria. Un ejemplo es que ya en octubre del año pasado se anunció la llegada, para el 18 de enero, de 50.000 vacunas al país. Sin embargo, llegada la fecha, no arribó dicha cantidad. Para el 20 de enero llegaron al país solo 8000 dosis, lo que serviría para inmunizar a 4000 personas ( principalmente personal médico que está en primera línea de atención al virus), decepcionando las expectativas de una gran parte de la población. 

Esta dispersión del voto, debido a la gran cantidad de candidatos, combinada con este nuevo método de asignación de escaños, sugiere que el próximo período legislativo estará marcado por la fragmentación.

En medio de esto, recientemente, el propio ministro de Salud se acercó a un centro geriátrico de los más exclusivos del país, donde residen algunos de sus familiares, entre ellos su madre, y se le suministró la primera dosis de la vacuna. Esto ha desatado fuertes críticas porque las vacunas debían estar destinadas al personal de salud, lo que dejó en evidencia que en Ecuador lo público aún es usado para satisfacer intereses privados.

Esta campaña electoral, propia del contexto actual en el que vivimos, refleja que la política ecuatoriana no solo no ha sabido sobreponerse a prácticas como el clientelismo o la fragmentación, sino que estas se han hecho más fuertes. Además, en esta campaña no se ha podido superar la influencia del expresidente Correa, en la medida en que su imagen se ha convertido en un nuevo clivaje del tipo “Correísmo-Anticorreísmo” que divide a todo el campo político, y que moviliza votos tanto al binomio Araúz–Rabascall (apoyado por Correa) como al binomio Lasso – Borrero (principales adversarios). Los resultados del día 7 de febrero nos mostrarán si, al más puro estilo del peronismo argentino, un ex presidente tiene la capacidad de dividir políticamente al país por tanto tiempo, más allá de la cantidad de partidos políticos que participen en una elección.

*Magíster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca (España) y Magíster en Relaciones Internacionales (Quito-Ecuador). Profesor Universitario. Quito, Ecuador.

Imagen de portada: www.primicias.ec/

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