El aborto y sus efectos a la luz de la evidencia empírica

*Por Rodrigo Ibarrola

En las entregas sobre “Vida y vida humana, derechos y convencionalidad” (primera y segunda parte), hice algunas breves consideraciones respecto a la concepción, embrión, la vida y la vida humana desde el punto de vista biológico. Abordé además la errónea equiparación del aborto al tipo penal de homicidio previsto en el Código Penal e hice una evaluación jurídica de estos temas con base en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestro país.  Esta vez haré una revisión de ciertas evidencias empíricas sobre hechos de orden socio-económico con relación al aborto legal y sus efectos, la mayoría de ellas en franca contradicción con la creencia popular.

Para comenzar, el impacto más relevante de legalizar el aborto y hacerlo accesible a la población de bajos ingresos en los servicios públicos de salud, es la dramática disminución de la tasa de mortalidad por abortos. Así se ha visto en EE.UU., donde a 25 años de la implementación del aborto, el número de muertes maternas disminuyó casi siete veces, situándose en 0,6% por cada 100 mil abortos practicados. En Sudáfrica, entre 1994 y 2001, los hospitales públicos pasaron de registrar 425 muertes asociadas al aborto, a sólo 36. Uruguay es otro buen ejemplo (además más cercano al caso de nuestro país),  donde la tasa bajó de 37 muertes a 8,1  en el periodo entre 1990 y 2015.

También se ha dicho que la liberalización del aborto aumentaría el número de mujeres abortando indiscriminadamente. Sin embargo, (salvo excepciones como España y el Reino Unido -al inicio-, en donde la tasa ha aumentado al parecer por efectos de migrantes recientes con mayor resistencia al uso de anticonceptivos) las tasas más bajas de aborto se observan en países donde las leyes sobre el aborto son ampliamente permisivas y el acceso a un aborto seguro es fácil. Es decir, comparando a países como Bélgica, Holanda, Alemania y Suiza, donde las tasas de aborto oscilan entre 7 y 9 por cada 1000, en contraposición, con países donde el aborto es altamente restringido, como Pakistán, Filipinas o Kenia, donde las tasas son entre tres a cinco veces más altas.

No es una sorpresa que la posibilidad de interrupción del embarazo disminuye los nacimientos no deseados y por ende las mujeres tienen menos hijos (la tasa de fertilidad de la mujer en los EE.UU. cayó un 5% desde 1972). Sin embargo, una mujer capaz de planificar su mejor futuro encuentra la posibilidad de tomar mejores decisiones económicas y profesionales que le permitan acceder a una mejor calidad de vida. De hecho, las razones más frecuentemente citadas para interrumpir el embarazo son las preocupaciones socioeconómicas o el deseo de posponer la maternidad. Esto trae como consecuencia directa niños que nacen en situaciones muy diferentes de si hubieran nacido por selección aleatoria. Por ejemplo, el cohorte post despenalización presenta menos niños naciendo en hogares monoparentales, menos niños que necesiten de la atención en la salud pública y se traduce además en hijos con mejores resultados escolares y perspectivas de vida. Se ha observado que los estados con más políticas antiaborto son los que tienen indicadores significativamente más bajos de bienestar infantil. Y esta no es una cuestión trivial, pues los niños y niñas que crecen en situación de vulnerabilidad tienen innúmeras dificultades para acceder condiciones dignas de vida, entre ellas la cognitiva, lo que limita su incorporación futura al mercado laboral. Esto último resulta relevante considerando que 40% de los niños y niñas de nuestro país menores a 10 años viven en tal situación.

“El debate hoy día se halla fuertemente polarizado entre los que están a favor y los que están en contra del aborto. Pero, teniendo tantos argumentos a favor, ¿por qué aún existe tanta oposición?”

También se ha sostenido que  es falso el hecho de que el aborto legal se da en condiciones totales de seguridad.  Lo cual es cierto, considerando que no existe nada con seguridad a ese nivel. Sin  embargo, otro de los grandes impactos que tuvo la liberación del aborto fue la disminución de las hospitalizaciones derivadas del aborto. Por ejemplo, en Portugal, antes de la liberalización, cada aborto llevó a aproximadamente una hospitalización, mientras que después de la liberalización esa tendencia descendió aproximadamente al 10%. Tanto el procedimiento quirúrgico (invasivo) como el terapéutico (medicación) presentan la misma efectividad (98%). Luego de los tres meses, el aborto terapéutico decrece levemente en efectividad frente al quirúrgico (93% vs. 98%), pero en general, ambos métodos son seguros y efectivos. Incluso se ha registrado que la mayoría de las mujeres destaca la sensación de alivio luego de practicarse un aborto, aun cuando si considera un asunto controvertido respecto a la religión que profesa. Tampoco existe evidencia para suponer que el aborto en sí mismo, aumenta el riesgo de trastornos mentales.

Al parecer, la sensación de riesgo está motivada por los medios de comunicación. En los EE.UU. se ha estudiado y encontrado que la televisión exagera drásticamente el riesgo asociado con los procedimientos de aborto, presentando índices erróneos -intencionadamente o no- de complicaciones post aborto que se elevaban hasta 37,5% cuando que la tasa real era del 2,1%, lo mismo ocurría con la mortalidad asociada. Este patrón de tergiversación contribuye a alimentar creencias inexactas entre el público en general.

El debate hoy día se halla fuertemente polarizado entre los que están a favor y los que están en contra del aborto. Pero, teniendo tantos argumentos a favor, ¿por qué aún existe tanta oposición? Por ejemplo, uno podría suponer que la atribución de rasgos humanos al embrión o feto explicaría la oposición entre ambas posiciones. Sin embargo, según investigaciones, este hecho de por sí no sería suficiente para explicar tal posicionamiento. Lo que sí parece ser un diferenciador entre ambas visiones es el sexismo. Es decir, las actitudes, creencias y comportamientos de las personas que evalúan negativamente a las personas en función de su género, y que en general respaldan la desigualdad en el estatus de mujeres y hombres. Se ha encontrado que las ideologías justificadoras del sistema y los mitos legitimadores (sexismo) operan juntos de maneras que buscan controlar el destino de los grupos desfavorecidos (mujeres), independientemente del interés personal o grupal, y esto es normalmente asociado a la derecha política y socialmente conservadora. Pero, paradójicamente, aunque las personas tienden a estar en contra y desean que la ley se mantenga restrictiva, al mismo tiempo no desean que se castigue a las que mujeres que abortan, mucho menos cuando se trata de una persona conocida.

Finalmente, ante tanta evidencia a favor de la interrupción del embarazo, desde la perspectiva empírica parecería no haber suficientes motivos racionales para estar en contra. Que la ley no lo permita, es sólo una situación coyuntural. Las leyes son convenciones que reflejan la idiosincrasia de un pueblo en un momento determinado, y como tal mutan y se transforman con la afluencia de nuevos pensamientos, miradas y transformaciones en las relaciones y grupos sociales. El cambio es parte de la historia de la humanidad. El uso hace a la costumbre, la costumbre a la norma y la norma a la ley. El derecho no es un fin en sí mismo, sino un medio. El bienestar de la población es el fin, y donde hay una necesidad, hay un derecho, que -desde luego- requiere de una ley. Y se debe legislar para todos y todas.

 

El sistema clientelar paraguayo y su influencia en el Régimen de Inseguridad Social

* Por José Rojas

¿Qué tienen en común los Oviedo Matto, Zacarías Irún, Carlos Portillo y Víctor Bogado? Además de ser los blancos actuales de escraches públicos realizados por la comisión de escrache ciudadano, también han sido objeto de manifestaciones de apoyo por parte sus adherentes y clientes políticos. Este artículo tiene como fin analizar desde un punto de vista político-institucional cómo la clase política paraguaya (salvo honrosas excepciones) se beneficia e influye activamente para mantener el “régimen de inseguridad social” que vivimos en nuestro país, tal como como lo describen Gough y Wood en su libro Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America (2004).

Gough y Wood caracterizan al régimen de inseguridad social, a nivel burocrático, como un Estado ineficaz, derrochador e inútil para gran parte de la sociedad, incapaz de garantizar estándares mínimos de bienestar para su población. Esta situación, a su vez, permite y alienta a la clase política a fungir de intermediarios entre los ciudadanos y los bienes y servicios prestados por el Estado a los efectos de mantener una clientela cautiva que finalmente los perpetúe en el poder.

Los políticos clientelistas no son un fenómeno únicamente paraguayo, son típicos de sociedades muy desiguales como las latinoamericanas. El sistema clientelar se nutre de una fatídica combinación de factores propios de nuestro subdesarrollo: En primer lugar, la incapacidad estatal de articular políticas sociales que largo impacto que garanticen un estándar mínimo de seguridad y calidad de vida para la población. En segundo lugar, la preeminencia de mercados laborales imperfectos y excluyentes. En tercer lugar, una limitada capacidad de contención familiar debido a las carencias propias de la pobreza estructural de gran parte de la población. Ante esta situación, sectores de la población se ven obligados a encontrar un proveedor de bienestar por fuera del triángulo estado-mercado-sociedad, estudiado por el académico sueco Esping-Andersen en 1990. En este caso, Gough y Wood definen a este nuevo proveedor con el término “comunidad”.

Por “comunidad” los autores británicos entienden, para países del continente africano o el sudeste asiático se refieren a las relaciones tribales o étnicas las que moldean y configuran las reglas de acceso, distribución y permanencia de los individuos dentro del espectro de las políticas públicas. Para nuestra realidad latinoamericana (y por sobre todo paraguaya), la “comunidad” representa la afiliación política-partidaria (el correli) analizada de manera extensa por José Nicolás Morínigo en “La práctica del orekuete …” (2003).

Es decir, dentro del régimen de inseguridad social es la pertenencia o no a las “comunidades” lo que actúa como filtro para quiénes se benefician o no de las políticas públicas. Es por ello la abrumadora influencia de los partidos políticos, quienes desde el poder operan solamente a favor de sus afiliados.

Como contracara a esta lógica, están los regímenes básicos de bienestar social. Estos se caracterizan por proponer la cobertura universal de riesgos esenciales y el acceso universal a rentas, servicios y productos de calidad homogénea otorgados sobre la base de los principios de ciudadanía.

“El Gobierno de Mario Abdo Benítez está a tiempo de rectificar rumbos. Para ello debe llevar adelante las reformas necesarias para garantizar un incremento sostenido del gasto social (ya sea por una reforma tributaria, incursionar en APPs para la provisión de servicios públicos, mayor endeudamiento, entre otros) y re-organizar una institucionalidad a nivel central fuerte, que pueda actuar de manera integral e intersectorial bajo un mismo hilo conductor que permita llegar a toda la población vulnerable sin discriminación alguna”

Quisiera puntualizar dos factores político-institucionales que conspiran en contra el establecimiento de un régimen básico de bienestar social: Primero, los paupérrimos niveles de inversión social. El gráfico 1 nos demuestra claramente los míseros números correspondientes al gasto social per cápita del año 2016, según la CEPAL. La cifra en Paraguay es 453 us$ por habitante, solamente por encima de Bolivia (259 us$), y muy por debajo de la media (1.234 us$) y de nuestros vecinos del MERCOSUR.

 

GRAFICO 1

El segundo factor, es la problemática matriz institucional-burocrática encargada de planificar, coordinar y ejecutar los programas, planes y proyectos sociales tendientes a superar la pobreza. Desde el retorno a la democracia en 1989, el Estado inició un proceso de reforma estructural que no logró completarse exitosamente. Este proceso creó instituciones estatales con el fuerte incentivo de emplear a clientelas partidarias (de todos los colores) en vez de orientarse a convertirse en un Estado del Desarrollo, es decir, aquella entidad colectiva que garantice seguridad, representación y bienestar para sus habitantes.

Un resultado de este complicado proceso se puede ver en el último reporte del programa de lucha contra la pobreza “Sembrando Oportunidades 2013-2018”. En total, existen 53 programas impulsados por 24 instituciones públicas diferentes. Esta masiva fragmentación institucional trae como consecuencias más palpables: a) La superposición de programas, proyectos y beneficiarios.  b) El desequilibrio en las asignaciones de recursos a regiones y grupos vulnerables. c) La inadecuada cobertura territorial estatal. d) La excesiva concentración urbana de la provisión de bienes y servicios.

A modo de síntesis, si el Estado Paraguayo sigue su derrotero actual de niveles famélicos niveles de inversión social, más la fragmentación y descoordinación de los entes públicos,  corre el serio riesgo de no llegar a cumplir las metas de los objetivos 1 (Fin de la Pobreza) y 2 (Hambre cero) de los objetivos de desarrollo (ODS) para el 2030.

El Gobierno de Mario Abdo Benítez está a tiempo de rectificar rumbos. Para ello debe llevar adelante las reformas necesarias para garantizar un incremento sostenido del gasto social (ya sea por una reforma tributaria, incursionar en APPs para la provisión de servicios públicos, mayor endeudamiento, entre otros) y re-organizar una institucionalidad a nivel central fuerte, que pueda actuar de manera integral e intersectorial bajo un mismo hilo conductor que permita llegar a toda la población vulnerable sin discriminación alguna.

Con el establecimiento de un régimen básico de bienestar social, se podría mejorar la calidad política porque se socavarán las bases del clientelismo y menguaría el poder e influencia de los Portillo, Zacarías, Bogado y otros sobre el Estado y sus políticas públicas.

*José Rojas: Licenciado en Ciencias Políticas – UNA. Magíster en Estudios de Desarrollo – Erasmus University of Rotterdam. Ex Becario del Programa de Becas “Carlos Antonio López”

 

Fuente de la Imagen: https://www.hoy.com.py/nacionales/indignados-amenazan-con-bloquear-aeropuerto-antes-de-asuncion-de-marito

 

Paridad: sobre la necesidad de aprobar la ley

Por María del Pilar Abente*

El proyecto de ley de paridad, recientemente sancionado por la Cámara de Senadores, tuvo una interesante repercusión en sectores de la sociedad paraguaya. En muchos casos, incluso, se han adoptado posturas polarizadas en torno al tema. Sin embargo, el debate permanece abierto y existen interrogantes que no han sido debidamente abordadas.

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La caída de Ibáñez: De la sanción moral a la protesta en las calles

*Por Katia Gorostiaga Guggiari

Como decía Barret, en la política no hay más que cómplices. Y los últimos días, sin lugar a dudas, fueron una prueba palpable de que esto es cierto. El blindaje de José María Ibáñez, salvo excepciones, nos demostró que, de honorable, la Cámara de Diputados no tiene más que el nombre.

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Usar o no usar nuestra energía – esa es la cuestión

Por Cecilia Llamosas

Vender nuestra hidroelectricidad a terceros países conlleva beneficios. Implica incrementar los ingresos percibidos por el Estado. Sin embargo, esto no asegura que los beneficios sean distribuidos a todos los paraguayos de la mejor manera. ¿Existen otras opciones?

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Vida, vida humana y derechos (I)

*Por Rodrigo Ibarrola

Meses atrás en un artículo del medio español “El País” se señalaba al Paraguay como “el país más conservador de la zona, donde no solo no hay aborto sino que obligan a niñas de 10 años a dar a luz incluso aunque sean violadas”. La media sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo el pasado junio en Argentina tuvo –como era de esperarse–  rápida repercusión en nuestro país. Por ende, era lógico pensar que los opositores a la despenalización se pongan en guardia para que toda amenaza en contra de los valores tradicionales sea repelida. Entre los argumentos principales utilizados por los opositores, cabe destacar el que sostiene la interpretación literal de la constitución sobre el derecho a la vida “desde la concepción”, arguyendo que la vida humana inicia en ese momento. Una verdad a medias, tal como pretendo exponer en este artículo. Continue reading “Vida, vida humana y derechos (I)”

Asquerosamente

*Por Guillermo Cabral

Adolfo Grau, quien hizo la encuesta de las últimas elecciones para Última Hora, había expresado en esta nota: “Hay solo dos formas de hacer una buena encuesta. O actuás bien o te vendes asquerosamente”. Los datos del 22 de abril nos permiten decir que cuatro de las cinco encuestadoras no actuaron bien, produciendo la mayor diferencia entre encuestas y resultados de la última década. Si no actuaron bien, podríamos concluir (siguiendo la lógica de Grau) de que estas encuestadoras se vendieron asquerosamente. Continue reading “Asquerosamente”