Categoría: Invitados

Por Enrique Gomáriz Moraga.*

Nota: en esta segunda entrega, Enrique Gomáriz caracteriza al gobierno de Evo Morales y del MAS como populista, analizando las implicancias de dicho modelo para la democracia y propondrá un nuevo marco de análisis (entre populismo autoritario y consolidación de la democracia) para comprender mejor los desafíos del régimen político boliviano—así como de la región.

El proyecto de Morales y el MAS puede enmarcarse dentro del modelo populista. En lo que respecta al sistema político, se caracterizó por una ampliación considerable del sistema a los actores excluidos o semiexcluidos, que en el caso boliviano eran fundamentalmente la población indígena (mayoritaria) y algunos sectores campesinos. Eso no es algo novedoso, ya lo hicieron los regímenes populistas de la primera ola en el siglo XX, como Perón en Argentina, Vargas en Brasil y Cárdenas en México (recuerden los cabecitas negras, los descamisados, etc.). Estos nuevos entrantes se constituyen en la base de sustentación social de un régimen caudillista, que puede establecer un marco constitucional integrador. La Constitución del 2009 de Bolivia es al respecto paradigmática, porque hay una relación simbólica entre el caudillo y sus preceptos (por cierto, una relación no muy exacta, porque Evo es cholo y dirigente sindical campesino, y no dirigente indígena, como suele aparecer; algo que muchas organizaciones indígenas no se lo perdonan).

No obstante, el rasgo caudillista del gobierno de Morales conllevó un déficit de actitudes y comportamientos democráticos, donde se premió más la lealtad al caudillo que el respeto a los procedimientos democráticos, lo que guardó relación con una falta de sentido de lo público como un espacio imparcial no subordinado al partido propio. Pero el proyecto populista presentó pronto un rasgo letal: el rechazo de la alternancia política. Una vez en el poder, un proyecto populista no acepta dejarlo bajo ninguna circunstancia. Al mismo tiempo, el modelo económico de Morales fue principalmente rentista y la distribución de la riqueza tendió a ser clientelista. No hace falta continuar con un recuento pormenorizado de sus características para comprobar la naturaleza populista que tuvo el régimen de Morales.

Me interesa más reflexionar sobre las claves de la encrucijada estratégica de Bolivia (y de la región). Entre otras razones, porque me parece que hay una confusión sobre el espacio temático que está en juego. Por ejemplo, Fernando Molina, al concluir sobre lo sucedido en Bolivia, apunta dos cuestiones: saber si ha habido golpe militar y proponer una perspectiva estratégica (en el eje revolución-contrarrevolución) para analizar la situación en dicho país. 

Es de agradecer que a Molina le cueste hablar de golpe por respeto al buen sentido del léxico. Desde la sociología militar se describen varias modalidades de una intervención militar: golpe de Estado, pronunciamiento, rebelión militar, entre otras. No hace falta extenderse al respecto: por golpe militar se entiende una acción de toma del poder por medios armados que son utilizados directamente, mientras un pronunciamiento es una intervención que busca expresar públicamente el criterio político de los institutos militares en relación con el poder establecido. Todo indica que estamos ante un pronunciamiento y no ante un golpe. Pero ello no reduce el carácter impropio e inconstitucional de esa intervención. Desde luego, ante un pronunciamiento, el gobierno puede aceptar o no el criterio militar y, de hecho, muchos pronunciamientos no han sido aceptados y no han producido ningún cambio. No obstante, la salida democrática a la crisis debió orientarse hacia unas nuevas elecciones con veeduría internacional y no hacia un pronunciamiento militar. El argumento del candidato Carlos Mesa de que esa ruptura de las reglas del juego democrático había sido hecha antes por Morales no puede justificar otra ruptura de distinto tipo para compensar.

Pero lo que más me preocupa es la perspectiva que señala Molina sobre la situación en Bolivia. A su juicio, lo que determina esa perspectiva es “el péndulo revolución-contrarrevolución” que tiene antecedentes en la historia política de Bolivia. Pues bien, no creo que el núcleo estratégico se sitúe hoy en ese espacio, sino en la posibilidad de avanzar en el desarrollo humano del país. Y eso, en el siglo XXI, pasa por una clave distinta: conseguir consolidar la democracia. Sin consolidar un régimen democrático no será posible un desarrollo estable e integrador de Bolivia (y el resto de la región). Esa es actualmente la condición sine qua non.

En efecto, la región realizó la transición a la democracia en las últimas décadas del siglo XX y el gran reto ha consistido en cómo resolver los problemas sociales desde un sistema político democrático estable, lo que implica consolidar la democracia. Bolivia demuestra una vez más en la región que el populismo no es capaz de hacerlo. El espejismo inicial de su propuesta integradora pronto se manifiesta como un proyecto autoritario.

Por decirlo en otros términos, la tradición –arraigada en la izquierda latinoamericana– de rebajar la importancia de la democracia frente a los problemas sociales tiende a una lectura incorrecta de la encrucijada actual. En América Latina la democracia no solo tiene que apreciarse por su valor instrumental, sino por su valor sustantivo. No solo tiene que contribuir a resolver la pobreza y la desigualdad, sino que debe ser el sistema que propicie la toma democrática de decisiones colectivas. Si hay un déficit en cualquiera de los dos sentidos, la sociedad enfrentará un alto riesgo de precipitarse en una crisis. El conflicto chileno actual es un buen ejemplo de déficit de la capacidad instrumental de su régimen democrático. De igual forma, el proyecto populista (Venezuela, Bolivia) demuestra que el desprecio por las reglas del juego democrático conduce a la deslegitimación del proyecto y a la crisis. Así, la verdadera disyuntiva que enfrenta Bolivia hoy no es “revolución-contrarrevolución”, sino reconstrucción de la democracia en la perspectiva de su consolidación o retroceso hacia un régimen autoritario que puede orientarse en cualquier dirección. 

* Sociólogo español, ha sido investigador de FLACSO en varios países: Chile, Guatemala y Costa Rica, donde reside. Escribe sobre sociología política para revistas especializadas en Costa Rica y España.

** Fuente de la imagen: REUTERS.

Por Enrique Gomáriz Moraga.*

Nota: Enrique Gomáriz Moraga presenta dos entregas sobre la reciente crisis política en Bolivia. En esta primera entrega, el autor analiza las causas que derivaron en la reciente crisis política e institucional que terminó con la salida de Evo Morales de la presidencia. Muestra que la crisis tiene raíces más profundas que los hechos visibles en la superficie política, para adentrarse en sus raíces sociológicas más profundas. En la segunda entrega, Gomáriz presentará las características populistas del proyecto de Evo Morales y del MAS, analizará sus implicancias para la democracia, criticará la perspectiva de análisis que ubica a Bolivia en un conflicto tipo “revolución-contrarrevolución” y propondrá que el verdadero desafío está en colocar en el centro del análisis la tensión entre democracia y reversión autoritaria que vive hoy el país andino—así como otros países de América Latina. 

A mediados de 2016, me encontraba recorriendo Bolivia para preparar un informe sobre políticas sociales –principalmente orientadas a pueblos indígenas–. De regreso a La Paz me pareció preocupante el clima de crispación social, no solo por las divisiones sociopolíticas, sino por el grado de acritud con que se manifestaban, sobre todo organizaciones indígenas recientemente intervenidas por el Gobierno. Un peligroso conflicto parecía pronto a estallar. Cuando le expresé mi inquietud a un colega, el hombre sonrió y me indicó que el tremendismo era una seña de identidad de la historia política boliviana.

Recordé aquella conversación estas aciagas semanas. Algo de razón tenía mi interlocutor: faltaban tres años para que el tremendismo amenazante se convirtiera en un conflicto violento.

Varios observadores sitúan el origen de la crisis política boliviana en el 21 de febrero de 2016, cuando Morales perdió el plebiscito que había convocado para superar la restricción constitucional de postular al cargo de presidente por tercera vez. Pero, en realidad, aquella derrota fue la expresión abierta de una división sociopolítica más profunda. Reflejaba el agotamiento del Pacto de Unidad –la alianza entre el movimiento campesino, las organizaciones indígenas y sectores medios atraídos por la propuesta izquierdista del MAS–; el sustento del poder de Evo desde 2005.

De 2010 a 2016, el choque entre los sectores campesinos e indígenas, que mantienen una histórica discrepancia respecto al uso de la tierra, se agudizó, ya que el modelo económico rentista/extractivista amenazaba territorios indígenas. Quizás su expresión más clara fuera la marcha en 2011 por la preservación del parque protegido TIPNIS y el desarrollo de una oposición en el seno de organizaciones históricas (como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano –CIDOB– o el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu –CONAMAQ–). La reacción fue drástica: acusados de traidores, sus sedes principales fueron intervenidas por fuerzas de seguridad. 

Paralelamente, las clases medias urbanas empezaban a distanciarse del MAS: la pérdida en las elecciones locales de los principales núcleos urbanos, especialmente del simbólico núcleo de El Alto, incrementaron las reacciones violentas de los partidarios de Morales. Estaba desarrollándose la “nueva oposición”, que se sumaba a la “vieja oposición” de sectores políticamente diversos. Y aunque no fueran capaces de articularse como alternativa, mostraron su amplitud al derrotar a Morales en aquel plebiscito.

Llegó así la pérdida de legitimidad del régimen. Hasta entonces, Evo había contado con mayoría en las urnas, basada en una combinación de rigidez autoritaria y clientelismo, pero justificada mediante las victorias electorales. Por cierto, una de las principales conclusiones del informe fue que las acciones para reducir la pobreza, aunque efectivas, eran cada vez más discrecionales. Los beneficiarios consultados manifestaban frecuentemente que estas guardaban estrecha relación con la adhesión al Gobierno. Y entre los que no obtenían las ayudas, el resentimiento crecía.

Pero lo que dio vuelos a la oposición fue la decisión de desconocer los resultados del referendo, doblando la mano del Tribunal Constitucional para encontrar una vía jurídica que les permitiera postularse nuevamente. La táctica principal esos días consistió en provocar el temor al vacío de poder: ¿qué sería del país sin Evo? ¿Le seguiría un retroceso del modelo nacionalista? Argumento que cobraba peso ante una oposición heterogénea.

Para entonces, la coyuntura económica cambió. Ya era palpable que las bases del modelo económico se debilitaban con el agotamiento del boom de las materias primas en el mercado mundial. Hasta entonces el modelo funcionaba bien y, a diferencia de su colega ecuatoriano, el equipo económico de Morales se había cuidado de no romper los equilibrios macroeconómicos. Con la disminución de los ingresos nacionales, los presupuestos debieron sufrir recortes sensibles. Desde el 2017 afectó a los más pobres: la extrema pobreza empezó a crecer lenta pero sostenidamente.

Había que modificar las bases del modelo. Se decidió potenciar la demanda interna. Pero ineluctablemente comenzó a comprometerse el déficit público y a incrementarse la deuda. No obstante, había confianza en que se podría aguantar hasta tiempos mejores.

En el 2018 parecía darse la recuperación de los precios en el mercado mundial. La evolución económica ya no presentaba un horizonte tan oscuro. Aun así, las encuestas mostraban que Evo no ganaría fácilmente las siguientes elecciones. Enfrentaba una oposición heterogénea, pero con un claro objetivo compartido: sacar a Morales y al MAS del poder. Así conformaron la candidatura del expresidente Carlos Mesa, un centroizquierdista que había impulsado las leyes más avanzadas a favor de los pueblos indígenas durante su mandato –entre 2003 y 2005– y que, tras apartarse de la escena durante más de una década, regresó para liderar Comunidad Ciudadana, coalición de sectores de la vieja y la nueva oposición, incluyendo organizaciones indígenas.

La campaña electoral en esta ocasión fue particularmente violenta. Las fuerzas de choque del MAS se enfrentaban ahora a contingentes de mineros, indígenas y estudiantes. Pero además aparecía la expresión boliviana de un fenómeno que recorre América Latina: la irrupción en política de las iglesias evangélicas. Sus líderes, como Carlos Sánchez o Fernando Camacho, se vanaglorian de combinar la fe con la acción callejera (o, como describen sus críticos, avanzar con la biblia en una mano y una pistola en la otra).

La paralización del recuento de los sufragios el 20-O, cuando la oposición acariciaba la posibilidad de una segunda vuelta, constituyó la ocasión deseada para acusar a Morales de hacer trampa de nuevo. La presión nacional e internacional obligó a solicitar a la Misión de Observación Electoral de la OEA que revisara el resultado electoral. El informe de la Misión señaló notables irregularidades. Morales lo rechazó y eso provocó la inundación de las calles de antagonistas, incluyendo los sectores más violentos. Pero fue la rebelión de la policía lo que mostró el estado real de la correlación de fuerzas. A continuación, se precipitaron los acontecimientos: el informe recomendaba la repetición de los comicios –a lo que adhirió el Gobierno–, pero la oposición no quería negociar y pedía la salida de Evo. Se podía ir a nuevas elecciones; sin Morales. En ese escenario tenso, la cúpula militar apareció sugiriendo al mandatario su renuncia, a lo que Morales hizo caso. Ese gesto no detuvo a los sectores que buscaban un escarmiento ejemplar: su domicilio y el de la mayoría de sus ministros fueron asaltados. Para salvar su vida se buscó un país de asilo y México respondió.

La última jugada de Morales y García Linera fue pedir a los responsables institucionales del MAS que renunciaran a sus cargos o no ejercieran sus funciones, y así crear un vacío de poder de corte caótico. La respuesta de la oposición fue buscar una salida institucional, que encontró en el cargo más elevado que tenían en el Senado, Jeanine Áñez. Inopinadamente, el Tribunal Constitucional avaló la posición de Áñez, quien anunció que su interinazgo solo tendría un objetivo: convocar elecciones.

Hoy la división sociopolítica de la sociedad boliviana es todavía profunda. Los más pesimistas hablan de la posibilidad de una guerra civil. No parece muy probable que haya escisiones en las fuerzas de seguridad que faciliten esa tesis, pero los enfrentamientos civiles son todavía tan radicales que no debería excluirse.

Desde diversos ángulos se buscan conclusiones sobre el significado de la experiencia boliviana. En la siguiente entrega, quiero contribuir a esa reflexión tanto respecto a la caracterización del proyecto del Gobierno de Evo Morales como sobre las claves de la encrucijada que enfrenta el proceso.

* Sociólogo español, ha sido investigador de FLACSO en varios países: Chile, Guatemala y Costa Rica, donde reside. Escribe sobre sociología política para revistas especializadas en Costa Rica y España.

** Fuente de la imagen: AFP.