El sistema clientelar paraguayo y su influencia en el Régimen de Inseguridad Social

* Por José Rojas

¿Qué tienen en común los Oviedo Matto, Zacarías Irún, Carlos Portillo y Víctor Bogado? Además de ser los blancos actuales de escraches públicos realizados por la comisión de escrache ciudadano, también han sido objeto de manifestaciones de apoyo por parte sus adherentes y clientes políticos. Este artículo tiene como fin analizar desde un punto de vista político-institucional cómo la clase política paraguaya (salvo honrosas excepciones) se beneficia e influye activamente para mantener el “régimen de inseguridad social” que vivimos en nuestro país, tal como como lo describen Gough y Wood en su libro Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America (2004).

Gough y Wood caracterizan al régimen de inseguridad social, a nivel burocrático, como un Estado ineficaz, derrochador e inútil para gran parte de la sociedad, incapaz de garantizar estándares mínimos de bienestar para su población. Esta situación, a su vez, permite y alienta a la clase política a fungir de intermediarios entre los ciudadanos y los bienes y servicios prestados por el Estado a los efectos de mantener una clientela cautiva que finalmente los perpetúe en el poder.

Los políticos clientelistas no son un fenómeno únicamente paraguayo, son típicos de sociedades muy desiguales como las latinoamericanas. El sistema clientelar se nutre de una fatídica combinación de factores propios de nuestro subdesarrollo: En primer lugar, la incapacidad estatal de articular políticas sociales que largo impacto que garanticen un estándar mínimo de seguridad y calidad de vida para la población. En segundo lugar, la preeminencia de mercados laborales imperfectos y excluyentes. En tercer lugar, una limitada capacidad de contención familiar debido a las carencias propias de la pobreza estructural de gran parte de la población. Ante esta situación, sectores de la población se ven obligados a encontrar un proveedor de bienestar por fuera del triángulo estado-mercado-sociedad, estudiado por el académico sueco Esping-Andersen en 1990. En este caso, Gough y Wood definen a este nuevo proveedor con el término “comunidad”.

Por “comunidad” los autores británicos entienden, para países del continente africano o el sudeste asiático se refieren a las relaciones tribales o étnicas las que moldean y configuran las reglas de acceso, distribución y permanencia de los individuos dentro del espectro de las políticas públicas. Para nuestra realidad latinoamericana (y por sobre todo paraguaya), la “comunidad” representa la afiliación política-partidaria (el correli) analizada de manera extensa por José Nicolás Morínigo en “La práctica del orekuete …” (2003).

Es decir, dentro del régimen de inseguridad social es la pertenencia o no a las “comunidades” lo que actúa como filtro para quiénes se benefician o no de las políticas públicas. Es por ello la abrumadora influencia de los partidos políticos, quienes desde el poder operan solamente a favor de sus afiliados.

Como contracara a esta lógica, están los regímenes básicos de bienestar social. Estos se caracterizan por proponer la cobertura universal de riesgos esenciales y el acceso universal a rentas, servicios y productos de calidad homogénea otorgados sobre la base de los principios de ciudadanía.

“El Gobierno de Mario Abdo Benítez está a tiempo de rectificar rumbos. Para ello debe llevar adelante las reformas necesarias para garantizar un incremento sostenido del gasto social (ya sea por una reforma tributaria, incursionar en APPs para la provisión de servicios públicos, mayor endeudamiento, entre otros) y re-organizar una institucionalidad a nivel central fuerte, que pueda actuar de manera integral e intersectorial bajo un mismo hilo conductor que permita llegar a toda la población vulnerable sin discriminación alguna”

Quisiera puntualizar dos factores político-institucionales que conspiran en contra el establecimiento de un régimen básico de bienestar social: Primero, los paupérrimos niveles de inversión social. El gráfico 1 nos demuestra claramente los míseros números correspondientes al gasto social per cápita del año 2016, según la CEPAL. La cifra en Paraguay es 453 us$ por habitante, solamente por encima de Bolivia (259 us$), y muy por debajo de la media (1.234 us$) y de nuestros vecinos del MERCOSUR.

 

GRAFICO 1

El segundo factor, es la problemática matriz institucional-burocrática encargada de planificar, coordinar y ejecutar los programas, planes y proyectos sociales tendientes a superar la pobreza. Desde el retorno a la democracia en 1989, el Estado inició un proceso de reforma estructural que no logró completarse exitosamente. Este proceso creó instituciones estatales con el fuerte incentivo de emplear a clientelas partidarias (de todos los colores) en vez de orientarse a convertirse en un Estado del Desarrollo, es decir, aquella entidad colectiva que garantice seguridad, representación y bienestar para sus habitantes.

Un resultado de este complicado proceso se puede ver en el último reporte del programa de lucha contra la pobreza “Sembrando Oportunidades 2013-2018”. En total, existen 53 programas impulsados por 24 instituciones públicas diferentes. Esta masiva fragmentación institucional trae como consecuencias más palpables: a) La superposición de programas, proyectos y beneficiarios.  b) El desequilibrio en las asignaciones de recursos a regiones y grupos vulnerables. c) La inadecuada cobertura territorial estatal. d) La excesiva concentración urbana de la provisión de bienes y servicios.

A modo de síntesis, si el Estado Paraguayo sigue su derrotero actual de niveles famélicos niveles de inversión social, más la fragmentación y descoordinación de los entes públicos,  corre el serio riesgo de no llegar a cumplir las metas de los objetivos 1 (Fin de la Pobreza) y 2 (Hambre cero) de los objetivos de desarrollo (ODS) para el 2030.

El Gobierno de Mario Abdo Benítez está a tiempo de rectificar rumbos. Para ello debe llevar adelante las reformas necesarias para garantizar un incremento sostenido del gasto social (ya sea por una reforma tributaria, incursionar en APPs para la provisión de servicios públicos, mayor endeudamiento, entre otros) y re-organizar una institucionalidad a nivel central fuerte, que pueda actuar de manera integral e intersectorial bajo un mismo hilo conductor que permita llegar a toda la población vulnerable sin discriminación alguna.

Con el establecimiento de un régimen básico de bienestar social, se podría mejorar la calidad política porque se socavarán las bases del clientelismo y menguaría el poder e influencia de los Portillo, Zacarías, Bogado y otros sobre el Estado y sus políticas públicas.

*José Rojas: Licenciado en Ciencias Políticas – UNA. Magíster en Estudios de Desarrollo – Erasmus University of Rotterdam. Ex Becario del Programa de Becas “Carlos Antonio López”

 

Fuente de la Imagen: https://www.hoy.com.py/nacionales/indignados-amenazan-con-bloquear-aeropuerto-antes-de-asuncion-de-marito