Pandemia y anti-corrupción: el nudo del sistema político y algo sobre antagonismos problemáticos (Parte II)

Por Nelson Denis.

Por definición, un ciudadano es aquel que por el hecho de haber nacido en un determinado territorio es sujeto de derechos y obligaciones jurídicamente establecidos por una comunidad política. La idea de “Estado de derecho” nos remite, entre otras cosas, al principio de “igualdad ante la ley”, propio del liberalismo político. El Estado es visto así como el garante supremo de dicho orden jurídico, del cual los ciudadanos técnicamente gozan, a la vez que lo acatan. Sin embargo, si quienes administran dicho Estado no cumplen con su deber de garantizar los derechos ciudadanos, nace la percepción de que tal principio no se ajusta a la realidad en que se vive: la ley solo funciona para unos pocos. De esta manera, la “ciudadanía” busca su autofundamentación en la apelación al derecho, ahí donde la anomia de la corrupción carcome toda norma y posibilidad de desarrollo institucional.

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Pandemia y anti-corrupción: el nudo del sistema político y algo sobre antagonismos problemáticos (Parte I)

Por Nelson Denis.

Durante los últimos años la inestabilidad del sistema político paraguayo no hizo sino más que acrecentarse. Con momentos de fuerte turbulencia, como la vivida durante marzo de 2017 durante la quema del Congreso Nacional, o de perturbación relativa, como la experimentada tras las protestas a favor del juicio político por la firma secreta del acta bilateral con Brasil el año pasado, el sistema político parece adolecer de un mal que, aunque estuvo presente –de algún modo– desde el nacimiento de nuestra joven democracia, nunca antes se había manifestado con tal intensidad ni tampoco representado problema alguno para la clase política: la incapacidad de sus instituciones para absorber las demandas sociales.

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El debate sobre los funcionarios públicos es político, no económico

Por Nelson Denis.

Como es sabido, el año pasado Paraguay entró en recesión y, por supuesto, no faltaron las tensiones. Uno de los debates que más revuelo cobró, tanto en las redes como en la prensa, fue el del funcionariado público. El tema puntual, que hasta hoy día se discute, giró en torno a los recortes a ciertos beneficios extra salariales de algunos de los funcionarios, luego de la promulgación del decreto que reglamenta el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) para 2020. Las restricciones que se tocan son varias como para abordarlas una por una aquí, pero ello no nos inhibe de resaltar un dato en el que pocos han reparado: la proliferación exagerada de argumentos económicos, cuando el interrogante central es en realidad de naturaleza política (e incluso filosófica, podríamos agregar): ¿Constituyen derechos laborales estos beneficios o no? 

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Devorados por la (anti) corrupción

Por Nelson Denis*.

Desde hace algunos años, el debate público paraguayo viene sintetizándose en un relato político: el de la corrupción, o, mejor dicho, el de la anti corrupción; probablemente el tema más sensible en la opinión pública hoy día. El fenómeno de la corrupción no es nuevo en la política paraguaya, pero su carácter en la determinación de los conflictos políticos y de empoderamiento de amplios sectores de la sociedad como consigna de vanguardia, sí lo es. ¿Significa esta (nueva) lucha contra la corrupción un avance en términos democráticos? Desde luego que sí. Sin embargo, lo que aquí nos interesa debatir no es tanto la perversidad del fenómeno o los diferentes efectos que pueda producir en el régimen político. Aquí nos centraremos en discutir el tratamiento, frecuentemente erróneo, que se le da al problema de la corrupción como tema de la agenda pública, tanto a la hora de atacarla, como también de comprenderla. 

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El momento populista del Paraguay: algunos apuntes sobre el descontento social

Por Nelson Denis

Durante estos últimos años, Paraguay viene experimentado fenómenos sociales que han logrado conmover la estructura de nuestro sistema político e institucional. En el 2015 fuimos testigos de una primavera estudiantil que puso fin a la gestión del ex rector de la UNA Froilán Peralta, acusado de corrupción.  Luego vimos la masiva toma de colegios por parte de estudiantes secundarios en el 2016, que desembocó en la renuncia de la ex ministra de educación Marta Lafuente. Siguió la quema del Congreso Nacional durante 2017, en el marco de la fallida enmienda constitucional por la reelección presidencial. A estos eventos debe sumarse la seguidilla de senadores que perdieron su investidura producto de la reacción ciudadana ante escandalosos casos de corrupción. Estos hechos, que pueden parecer inconexos, dejaron al descubierto una acumulación de gran descontento social por parte de nuestra población.

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