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por José Duarte Penayo.

En una carrera presidencial sin grandes controversias, la propuesta del candidato colorado, Mario Abdo Benítez, de exigir la aplicación de la ley de Servicio Militar Obligatorio (vigente en la Constitución Nacional pero inobservada en la práctica), logró cierta atención y desencadenó algunas discusiones sobre su pertinencia. Como es habitual en períodos marcados por contextos electorales, las razones esgrimidas como justificación de la propuesta fueron múltiples y no necesariamente coherentes entre sí: desde la importancia de que todos presten un servicio a la comunidad, pasando por la necesidad de difundir el patriotismo, hasta la contención social que podría significar para muchas familias.

¿Es legítimo que, además de existir derechos, también existan obligaciones ineludibles respecto a la comunidad? ¿Puede la comunidad exigir a sus miembros el cumplimiento de un servicio o de una tarea que no haya sido fruto de una elección personal de cada miembro de la ciudadanía?

Básicamente, hubo dos maneras de responder a este planteo. La de la oposición, que consistió en no entrar en una discusión política sobre la cuestión, calificándola de manera escueta como una expresión de la cultura autoritaria stronista, es decir, algo anecdótico y típico de la incorregible “barbarie” colorada. Desde otro lugar, algunos consideraron oportuno confrontar argumentos y se buscó así desmitificar los supuestos aspectos positivos de la propuesta, o señalaron la existencia de necesidades más urgentes como, por ejemplo, la mejora y el fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles.

Considero que estas respuestas, sin emitir un juicio sobre de la validez que poseen en sus respectivos contextos, eluden la discusión sobre la legitimidad o no de la existencia de obligaciones puntuales, presentes en nuestra Constitución Nacional. Se omite, así, discutir las cuestiones de fondo, ligadas a los derechos y las obligaciones, así como al tipo de relación existente entre estas dos nociones. Por el contrario, si aceptamos discutir la idea de un servicio a la comunidad (militar o de otro tipo) a partir de lo que implica su obligatoriedad, deberíamos buscar responder ciertos interrogantes, por ejemplo: ¿es legítimo que, además de existir derechos, también existan obligaciones ineludibles respecto a la comunidad? ¿Puede la comunidad exigir a sus miembros el cumplimiento de un servicio o de una tarea que no haya sido fruto de una elección personal de cada miembro de la ciudadanía?

… me parece importante no perder de vista el hecho de que en el Estado paraguayo las obligaciones se reparten de una manera fuertemente desigual, en función de clase sociales. 

Desde una tradición de la filosofía política que podemos remontar a Aristóteles y Hegel, se ha reivindicado siempre la primacía de la existencia colectiva (es decir, de la sociedad) por sobre la supuesta autosuficiencia del individuo (que habita y se desarrolla en una sociedad). Tributarios de esta tradición, destacados pensadores como Michael Walzer o Charles Taylor, sostienen en la actualidad una perspectiva comunitaria. Estos, si bien reconocen el legado imposible de ignorar de la libertad individual propia de la modernidad, no dejan de señalar la preeminencia de un horizonte común, el de un “nosotros” imprescindible. En este sentido, utilizando los términos de Isaiah Berlin, podemos afirmar que la libertad negativa (libertad de no sufrir interferencias en nuestras decisiones, sean de otros individuos o de otros colectivos) dependería de la libertad positiva, ya que ésta supone la participación activa en un marco comunitario del que somos parte. Es decir, no podría haber ejercicio efectivo de la libertad sin un contexto social donde ésta pueda desarrollarse.

Antes de continuar con el tema central de este artículo, es decir la reflexión sobre la existencia de un servicio obligatorio a la comunidad, me parece importante no perder de vista el hecho de que en el Estado paraguayo las obligaciones se reparten de una manera fuertemente desigual, en función de clases sociales. Un ejemplo de esto es el régimen tributario vigente, altamente regresivo, donde imposiciones indirectas al consumo constituyen los mecanismos más importantes de recaudación, mientras sectores con inmensas ganancias gozan de una menor carga impositiva. No cabe duda que esta realidad afecta negativamente la predisposición a considerar como legítimas al conjunto de las obligaciones respecto al cuerpo social. Si bien el problema no es el punto sobre el que me centro aquí, es importante destacar su importancia en la reflexión sobre el significado de las obligaciones existentes.

…el gran desafío de un Servicio Nacional Obligatorio para un país como Paraguay, sin una historia en la que el Estado generó espacios públicos de relevancia que permitan la integración social, será asegurar la participación interclasista, exenta de cualquier tipo de privilegios.

Volviendo al punto antes mencionado, al reconocimiento de que ciertas obligaciones fundamentales son signo de la pertenencia a una sociedad de la que depende nuestra individualidad, me parece posible plantear la legitimidad de un nuevo Servicio Nacional Obligatorio. De este modo, prescindiendo del componente militar como elemento único, se ratifica su carácter obligatorio, prioritariamente cívico y social. En el marco de una Reforma Nacional Constituyente, esta propuesta podría conjugar en una sola figura constitucional el antiguo Servicio Militar Obligatorio con el derecho a la objeción de conciencia. De esta manera, se establecería la obligatoriedad de diferentes formas de servicio comunitario a la vez que el carácter meramente opcional del servicio militar, convirtiéndose éste en una posibilidad más entre otras.

Este nuevo Servicio Nacional Obligatorio, que debería regir tanto para hombres y mujeres,  sería una instancia en donde los individuos ratifiquen su compromiso con la comunidad (lo que reforzaría el lazo social), y además tendría como objetivo generar el encuentro de las diferentes clases sociales, algo de suma importancia en una país donde la desigualdad socioeconómica se traduce en segregación, intolerancia, violencia y prejuicios de clase. Como ha señalado recientemente el politólogo Jérôme Fourquet en un artículo publicado en el sitio web de la fundación Jean Jaurès, la desaparición de este tipo de institución en Francia en el año 1999 ha contribuido, junto con otras causas, a que se produzca una separación cada vez mayor entre las clases sociales, a falta de espacios comunes de encuentro. En este sentido, el gran desafío de un Servicio Nacional Obligatorio para un país como Paraguay, sin una historia en la que el Estado generó espacios públicos de relevancia que permitan la integración social, será asegurar la participación interclasista, exenta de cualquier tipo de privilegios.

Prestar un servicio a la comunidad, de manera obligatoria, sería beneficioso para la sociedad (ya que se exige el cumplimiento de un servicio) como para los individuos (a través del aprendizaje de oficios, capacitaciones y saberes, dependiendo del servicio que se preste). No obstante, y fundamentalmente, esta institución debe pensarse como orientada hacia objetivos generales, ya que sería una experiencia capaz de profundizar la conciencia cívica del conjunto de las ciudadanas y ciudadanos, posibilitando un encuentro entre sectores sociales que difícilmente se realizaría en otras circunstancias.

La construcción de un nosotros inclusivo, basado en el reconocimiento de la alteridad y el compromiso con la democracia, supone trascender los límites del individualismo y abandonar una concepción instrumental del cuerpo social. Esto es así porque la noción misma de “elección individual” presupone obligaciones fundamentales que actualicen la pertenencia a la comunidad, sin la cual no habría ni individuos ni posibilidad concreta de ejercer derechos.

 

Foto de portada: http://www.paraguay.com