por Fernando Martínez Escobar
Cuando Stroessner emprendió su vuelo a Brasilia en febrero de 1989, la estocada provino del Movimiento Tradicionalista Colorado en alianza con un sector de las Fuerzas Armadas. Tres años más tarde, al introducirse la prohibición de reelección a Andrés Rodríguez, la jugada fue definida por Luís María Argaña, a través del entonces Movimiento Tradicionalista Autónomo (luego Movimiento de Reconciliación Colorada, MRC). Este movimiento político, impulsó el artículo 14 de las disposiciones finales y transitorias de la Constitución Nacional de 1992, el cual dejó fuera de la competencia política a Rodríguez. El nuevo camino se forjó de manera tal que ningún movimiento interno colorado volvería a tener todo el poder.
Desde entonces, la fuerza de los movimientos políticos al interior de los partidos fue asegurada de dos maneras: una, a través del reparto proporcional del poder; y dos, por medio de la no reelección presidencial.
La lógica seguida fue asegurarse una parte del poder para luego negociar desde una posición de fuerza relativa. Ningún grupo arriesgaba su cuota, pero tampoco ninguno podría ya hacerse con todo el poder. Esto implicó una transformación del sistema de partidos a través de la rehabilitación del Partido Liberal, la creación de un tercer espacio y el alejamiento gradual de las Fuerzas Armadas de los primeros planos de la política. Los partidos políticos se hicieron necesariamente interdependientes, sus movimientos internos precisaron negociar por fuera para impactar dentro de sus propios partidos, el congreso ganó relevancia y ningún presidente volvió concentrar el poder.
En estos días asistimos a un intento más de reelección presidencial. Su factibilidad implica desmontar las reglas de juego que se fueron asentando durante estos años; es decir, se necesita el concurso de los movimientos internos de los partidos y en especial de los movimientos del Partido Colorado. Estos, en última instancia, tendrían que estar dispuestos a inclinar la balanza contra su propia cuota de poder.
La latencia de su candidatura permite aglutinar en su entorno a una serie de segundas figuras que buscan ser ungidas en el camino que conduce al Palacio de López.
En este sentido, la convención colorada se convirtió en el principal campo de batalla, optando por: buscar de la reelección presidencial de Horacio Cartes, amenazar de sancionar al movimiento disidente colorado y explorar la probabilidad de la “hipótesis Fariña” sobre la candidatura de Fernando Lugo. Esta hipótesis afirma que el artículo 229 de la Constitución Nacional es aplicable sólo al Presidente en ejercicio, por lo tanto todos los expresidentes estarían habilitados. Si la misma fuera factible, entonces Horacio Cartes renunciaría a su cargo de presidente de la República seis meses antes de las elecciones, para luego participar de las elecciones presidenciales nuevamente.
Mientra tanto, en los hechos, el mandato de la Convención Colorada actúa como un espaldarazo al sector oficialista para dotarlo de fuerza de negociación frente al sector disidente (El Movimiento Añetete). Este acto intenta evitar la dispersión del poder presidencial y el traspaso de facto de sus poderes al líder del Movimiento Añetete (Mario Abdo Benítez).
Si Horacio Cartes se hubiese quedado fuera de carrera, su movimiento político (Honor Colorado) hubiera sufrido una inmediata fuga, con lo cual perdería toda capacidad de generar opciones políticas de cara a las presidenciales de 2018. La latencia de su candidatura permite aglutinar en su entorno a una serie de segundas figuras que buscan ser ungidas en el camino que conduce al Palacio de López. Aunque, paradójicamente estas mismas figuras políticas que rodean a Cartes también necesitan de su fracaso como candidato a ser reelecto. Por lo tanto, necesitan de un Horacio Cartes fuerte, pero solo hasta el límite de su propio éxito.
Entonces, ¿qué busca Cartes? En el caso de no ser nuevamente candidato a la presidencia, buscaría un margen de negociación que le permita gobernabilidad hasta el final de su mandato, además de cierta continuidad a través de espacios en el congreso y un candidato a presidente cercano a su movimiento. Esto último no es un elemento menor, para un presidente que ha sido objeto de investigaciones por parte de la DEA y que, de acuerdo a los datos recientes, parece haber utilizado al Estado paraguayo para expandir sus negocios.