Firmas contra firmas: la legitimación del imperio del número

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por José Duarte Penayo

El 2017 comenzó con un panorama político marcado no solo por la incertidumbre, sino también por la conformación de dos bloques en el congreso: anti-enmienda y pro-enmienda para habilitar la reelección. La posibilidad de incluir la reelección se ha vuelto, desde entonces, el criterio de conformación de mayorías, desdibujando provisoriamente la pertenencia partidaria. De este modo, se ha instalado una dinámica que involucra tanto a los partidos tradicionales (ANR y PLRA), como también a la izquierda parlamentaria, la que también se divide hoy entre reeleccionistas y antirreelecionistas (Frente Guasu y Avanza País, respectivamente).

Si bien ambos bloques buscan legitimar sus posiciones apelando a principios o valores de orden general (reivindicación del primado de la soberanía popular de parte de los pro-enmienda vs. abnegada defensa del espíritu de la Constitución Nacional de parte de los anti-enmienda), resulta claro que estos modos de legitimación son la simple traducción de las aspiraciones políticas de los actores en cuestión.

Aunque se posicionen como diametralmente opuestos, ambos bloques coinciden en atar la suerte de sus respectivos proyectos políticos a la posibilidad o a la imposibilidad de que la figura de la reelección sea instaurada. Así, con la reelección se debilitan fuertemente determinados actores, mientras que sin ella, los mismos recobran sus fuerzas y son otros los que quedan relegados. Cada uno de estos escenarios modifica enteramente la correlación de fuerzas de las facciones en pugna, desplazando liderazgos y reconfigurando alianzas de manera distinta.

…desde el momento en que el bloque anti-enmienda acepta jugar el juego de la recolección de firmas, se produce el reconocimiento de un hecho fundamental: todo normativismo, todo celo por determinados principios supuestamente «innegociables» y «sagrados», resulta impotente cuando carece de un cierto grado de encarnación popular.

La nota característica de esta coyuntura se encuentra dada por una suerte de «empate catastrófico», en el que ninguno de los dos bloques parece imponerse con claridad en los números requeridos, ya sea para aprobar la modificación constitucional y convocar a un referéndum donde se decida incluir o no la figura reelección, o para rechazarla definitivamente. En el ínterin, mientras los números no terminan de definirse, tanto los que impulsan como los que se oponen a la enmienda han decido coincidir en otro juego político: la recolección de firmas.

A la previsible campaña del oficialismo colorado de usar el aparato estatal y partidario para juntar firmas pro enmienda (inspirada, por otra parte, en el antecedente luguista de 2011), responde el bloque anti-enmienda decidiendo también juntar firmas, aunque para pedir el juicio político del presidente Cartes. Si la medida de los primeros se encuentra contemplada en la Constitución como una manera de impulsar el tratamiento de la enmienda (Art. 290), la de los segundos tiene un valor meramente simbólico. Esto último lo reconoce el propio Efraín Alegre, uno de los mayores interesados en impedir la reelección vía enmienda, quién ha aclarado que la recolección de firmas para pedir el juicio político de Cartes carece de todo peso legal, puesto que el juicio político es una atribución exclusiva del Congreso. 

Siguiendo con las declaraciones de Efraín Alegre, publicadas en el diario ABC, el mismo manifiesta que «de todos modos insistirán en la recolección de firmas para demostrar que la mayoría de los paraguayos está en desacuerdo con la intención reeleccionista del presidente Cartes» (ABC, p.5). Esta sorprendente declaración sobre el objetivo de juntar firmas para exigir un juicio político al presidente, en tanto y en cuanto invoca la existencia de una mayoría que es necesaria visibilizar, ¿no constituye, en realidad, la mejor legitimación de la campaña cartista «Que la gente decida»? Si lo que esta recolección de firmas busca es poner de manifiesto que la mayoría se opone a la reelección, ¿por qué recurrir a esa suerte de plebiscito informal y no dirimirlo directamente en las urnas como pide el oficialismo? ¿No es acaso suficiente señalar el carácter «inconstitucional» y «golpista» del mecanismo de la enmienda?  ¿Necesitan, los sagrados principios constitucionales que se dicen defender, de un suplemento popular basado en una determinada cantidad de firmantes?

Más allá de que el bloque anti-enmienda considere sus firmas como provistas de una mayor «calificación ciudadana» (a diferencia de las firmas pro-enmienda, las firmas por el juicio político a Cartes serían «la manifestación más pura de la libre elección»), no por ello dejan de ingresar al terreno mismo del juego que pretenden impugnar. Por el contrario, desde el momento en que el bloque anti-enmienda acepta jugar el juego de la recolección de firmas, se produce el reconocimiento de un hecho fundamental: todo normativismo, todo celo por determinados principios supuestamente «innegociables» y «sagrados», resulta impotente cuando carece de un cierto grado de encarnación popular.

El bloque anti-enmienda reconoce así que no basta con la norma, es preciso que la misma viva en la identidad de nombres, apellidos, firmas y aclaración de las mismas. La campaña de recolección de firmas para pedir el juicio político de Cartes tiene como consecuencia no sólo la revelación del cinismo de quienes dicen defender las normas por las normas, además deja al descubierto la torpeza política de legitimar la lógica del bloque pro-enmienda, propiciando un escenario aún más favorable para la reelección. De ese modo, buscando contestar la hoja de ruta de quienes buscan instaurar la reelección, se termina aceptando el presupuesto de base del adversario ¿Cuál es ese presupuesto? El criterio último del número como legitimación de un hecho político. Firmas contra firmas, planillas contra planillas, la batalla política parece inclinarse en los términos de quienes vienen sosteniendo que el imperio de la cantidad es la fuente de toda legitimidad política.