por José Tomás Sánchez
“Con cuerno de chivo y bazuca en la nuca / Volando cabezas a quien se atraviesa / Somos sanguinarios, locos bien ondeados / Nos gusta matar”, abre la música “Sanguinarios del M1”, un popular “narcocorrido” o género musical de la cultura narco en México. El narcotráfico, en su proceso de “normalización”, avanza en la política, economía y cultura, dejando una estela de terror en el camino. Unos 200.000 mexicanos y mexicanas murieron en los últimos diez años a causa de la violencia narco, tres veces más que seis décadas de conflicto entre Israel y Palestina.
¿Y qué tiene que ver este tema con Paraguay?
Lamentablemente mucho, por lo que que debemos tomar con más seriedad el asunto del narcotráfico. Hay demasiadas condiciones que nos parecen llevar a un sendero similar al mexicano, como una frontera permeable, una potencia económica de un lado y un país no preparado para controlar el tráfico del otro. Y los indicios de la expansión narco ya son varios. Recientemente el Gobierno de los Estados Unidos publicó informes sobre el tráfico drogas, lavado de dinero y delitos financieros a nivel global. Paraguay aparece como uno de los mayores productores de químicos para el procesamiento de cocaína en la región, es territorio para el tránsito de cocaína al Brasil, y es el segundo mayor productor de marihuana del hemisferio occidental. Los informes también indican, aunque sin dar nombres específicos, que instituciones financieras y organismos del Estado participan en el lavado de dinero y la facilitación del negocio.
El negocio es inmenso, lo cual atrae a grupos transnacionales de tráfico y complica aún más las chances de controlarlo. Guillermo Garat calcula en unos 1.500 millones de dólares el monto que mueve el tráfico de cocaína y marihuana, lo cual se acerca al monto de exportaciones de soja por año. Eso explica que actúen grupos narcos de Brasil en territorio nacional, algo sobradamente conocido, pero sabemos menos de otros actores. En una muestra del lugar de Paraguay en la globalizada economía de la droga, el año pasado, se le apresó en Asunción a uno de los jefes del poderoso Cartel de Sinaloa (México), mientras supervisaba un nada despreciable envío de 300 kilos de cocaína colombiana a Holanda.
Así como estamos hoy, Paraguay sigue un camino peligroso a convertirse en Narcolandia con “narcocorridos” a ritmo de guarania. Hay que dar vuelta la situación.
Los efectos de la expansión narco son terribles. En términos territoriales, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná y Concepción tienen zonas tomadas por el narcotráfico, con una clase de ricos emergente, grupos armados multiplicándose, instituciones públicas controladas y una tendencia de arrojar los problemas sociales bajo una alfombra de silencio. ¿Cuándo fue la última vez que se supo de una marcha estudiantil, sindical o campesina en Amambay? ¿O es que allí ya resolvieron los problemas sociales? Obvio que no. En cuanto a la penetración del poder narco en la institucionalidad que debe combatirlo, en el 2015, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas había dicho que un 70% de sus agentes estaban vinculados con la corrupción. Además, cada vez hay más casos sabidos de políticos narcos, enfrentamientos entre sicarios con armamento de guerra, y hasta periodistas asesinados por este asunto, sin que el engranaje de fondo se conozca o se desmonte. El narcopoder tritura a la democracia a la vez que revienta la institucionalidad pública.
Considerando que Paraguay todavía no es un territorio completamente tomado por el narcotráfico, pero que el trabajo estatal ha sido inefectivo hasta el momento, hay que preguntarse qué sectores sociales tienen los incentivos para avanzar más decididamente contra el mismo. Por ejemplo, difícilmente se podría contar con el empresariado, pero no porque no existan empresarios honestos y dañados por esta realidad. Me decía un empresario distribuidor de productos en el interior del país, que hoy está imposible competir con narcoempresarios que, para lavar dinero, venden sus productos a precios por debajo del mercado, facturan “legalmente” a miles de consumidores fantasmas y quiebran a sus competencias. Como nadie te va proteger por denunciar esta situación, me dijo este empresario, queda mudarse de rubro o de lugar. Por otra parte, tampoco podemos pensar mucho en movimientos sociales. Cualquier acción que cuestione injusticias públicamente se ve amenazada en territorios narcos. Es más, en zonas de pobreza, es mucho más redituable ser cuidador de plantaciones de marihuana, “mula” de tráfico y “campana” en rutas narco, que agricultor típico u obrero, con lo cual las mismas bases sociales de los movimientos populares se ven debilitadas.
Propongo considerar a un sector que podría ayudar a dar vuelta esta situación, pero está sumamente estigmatizado: los partidos políticos. Una discusión seria sobre el potencial de los partidos para combatir al narcotráfico es necesaria y sugiero dos cuestiones fundamentales sobre las que se puede avanzar.
Primero, hay que ampliar el financiamiento público a los partidos y reducir sustantivamente el financiamiento privado de cualquier tipo. Hasta ahora ha costado avanzar en una institucionalidad que pueda controlar el financiamiento privado, lo cual se dificulta porque la política requiere financiamiento. Pues bien, aumentando el financiamiento público y reduciendo el privado, se compensa la necesidad de fondos a la vez que se aleja a los actores políticos de la necesidad de contar con dinero sucio. Además, está más que probado que es más fácil controlar transferencias de dinero público y ya existe una institucionalidad que lo hace, con lo cual no partiríamos de cero. El problema es el estigma negativo de los partidos que resta apoyo ciudadano a medidas así, pero con un control más extendido, multisectorial y abierto se podría contrarrestar esta situación.
Segundo, se deben cambiar reglas electorales que dificultan enormemente la renovación política y cementan la desigualdad entre diferentes sectores partidarios. Es demasiado caro hacer política en Paraguay. Para competir electoralmente un partido debe usar sus propios recursos para logística electoral. Por ejemplo, contar con un ejército de militantes en mesas de votación sobre la amenaza de que “voto no cuidado, voto perdido”, porque estos votos pueden ser robados por los partidos presentes. Esto es un absurdo antidemocrático conocido e increíblemente tolerado. Toda la región ya avanzó en hacer que las elecciones sean una carga pública y no privada, donde el Estado facilita la propaganda, transporte y el control del voto. Esto hace que no necesariamente se tenga que tener una millonada de plata o fama para hacer política, facilitando el acceso a posiciones de liderazgo de sectores más autónomos de poderes económicos, como del poder narco.
Así como estamos hoy, Paraguay sigue un camino peligroso a convertirse en Narcolandia con “narcocorridos” a ritmo de guarania. Hay que dar vuelta la situación. Existen muchas iniciativas que podrían llevarse a cabo, como facilitar recursos para separar a liderazgos partidarios del dinero narco y democratizar de verdad el acceso a la política, lo cual fortalecería el apoyo político en la lucha contra el narcotráfico y de paso mejoraría la calidad de la democracia.
Fuente de la imagen: Impulso EdoMex, 29 de marzo de 2017.
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