Mentime que me gusta: “el Cimefor es un campamento de verano”

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Por Jorge Rolón Luna.*

Cuentan que el finado y conocido polemista Chiquitín Maluff le advirtió al poeta Elvio Romero –acababa éste de retornar al país luego de su largo exilio–, que tenía que “saber cinco cosas” sobre ese Paraguay que lo volvía a acoger. “¿Cuáles son esas cinco cosas?”, dicen que preguntó ansioso y curioso don Elvio. “Y…, bola, bola, bola, bola y bola”, le respondió tan serio como un garrote el inefable Chiquitín, ante la mirada perpleja de nuestro vate. “Acá en Paraguay, todo es bola, del principio al fin”, completó éste, para aclarar cualquier duda. Previo a eso (1988), Helio Vera nos decía en su “Tratado de Paraguayología”: “La bien aprendida urbanidad nos impone atiborrar al género humano con inspectores, elecciones generales, urnas y cuartos oscuros, multas, adustos magistrados (…) constituciones, reglamentos (…) garantías legales (…) leyes, sentencias (…)  Only for tourists”.

Efectivamente, no es exagerado decir que en nuestro país, detrás de las fachadas imponentes, de los nombres pomposos, no hay nada, salvo utilería: Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia, Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, Fuerza de Tarea Conjunta, Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, Centro de Instrucción Militar de Estudiantes para la Formación de Oficiales de Reserva, Sistema de Justicia, Agencia Espacial del Paraguay. Estos nombres comparten algo, son todos bolas, tan “irreales como Disneylandia” (Helio dixit).

Sólo una negación dura de perforar podría llevarnos a discordar con Chiquitín y con Helio: en Paraguay todo es bola. Desde cuestiones muy importantes en la vida de un país como la ley, hasta lo inimaginable. Ahora este escenario de mitomanía nacional ha sido llevado a extremos paroxísticos: resulta que prestar servicio en el CIMEFOR no es hacer el servicio militar obligatorio (SMO). Generaciones de paraguayos varones (incluyendo a quien escribe) habían acudido al CIMEFOR creyendo ingenuamente que estaban cumpliendo con su “obligación militar” y “sirviendo a la patria”. Era todo bola.

Recordarán los amables lectores que nuestro presidente, Mario Abdo Benítez, dijo con mucha fanfarria en su famoso tweet del 20 de diciembre de 2018: “He firmado la autorización para que mi hijo (…) haga el servicio militar obligatorio. Me siento orgulloso que pueda servir a su país con patriotismo (sic)…”. Debido a este hecho, junto a la abogada Diana Vargas denunciamos la ilegal presencia de adolescentes en los cuarteles de nuestro país.

Nuestra denuncia fue rechazada. Parece que el Presidente nos mintió: sólo envió a su hijo a un campamento de verano (o colonia de vacaciones, o picnic, o quién sabe qué). En el CIMEFOR, resulta que, se aprende a bordar, a jugar fútbol, a coser, a hacer canastos de mimbre, nada que haga pensar que las FF.AA violan la ley admitiendo adolescentes a ese “Instituto de Instrucción Militar” (Ley 3.485/08 dixit). Al menos si les creemos a los voceros civiles y militares intentando suturar la herida narcisista de nuestro presidente: todo empezó con el ministro del interior, quien dijo que el CIMEFOR y el SMO “son cosas muy distintas” (sic). “El (aspirante del) Cimefor no está bajo bandera, no lleva armas, no realiza guardias ni está autorizado para abrir fuego” cerró Villamayor. La asesoría jurídica del Ejército va aún más lejos. En un memorando de fecha 5 de enero de 2019, dirigido al comandante del arma general Oscar González, aseguran que el CIMEFOR es un “instituto de educación superior”, que puede, nos enteramos, otorgar licenciaturas y maestrías.

Si bien a estas alturas uno está harto de explicar que el círculo no tiene ángulos y podría sencillamente remitirles a la página web de la Armada (“requisito para ingresar al CIMEFOR es “contar con 18 años”), nuestro afán didáctico resiste. Varias instancias institucionales coinciden con nuestra posición jurídica que está en la base de la denuncia presentada: primero, la ley del SMO, la ley del CIMEFOR, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Civil –y sus respectivas modificatorias–, la ley de armas (¡inclusive!) más el Protocolo Facultativo sobre los Derechos del Niño relativos a la Participación de los Niños en Conflictos Armados. En segundo lugar,  precedentes judiciales al respecto (S.D. N° 3 del 18 de enero de 2007 -juzgado de garantías a cargo del juez Rubén Riquelme). En tercer lugar, diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos “Vargas Areco” y “Víctor Hugo Maciel”, ambos contra Paraguay). En cuarto lugar, varias decisiones y órdenes previas de las FF.AA sobre la misma cuestión (Orden Especial N° 42/2007 y Orden Especial N° 13/2007). En quinto lugar, informes presentados ante organismos internacionales (Ginebra, 2013, ante el Comité de los Derechos del Niño).

Todas estas instancias institucionales y antecedentes jurídicos no dejan lugar a dudas de que los menores de 18 años no deben hacer el SMO. El CIMEFOR es una modalidad de prestación del SMO, nadie por debajo de la edad mencionada puede tener acceso a armas, no existe posibilidad de excepción alguna a esas prohibiciones. Las FF.AA tienen prohibido reclutar a menores de 18 años y sus responsables son pasibles de sanciones administrativas y penales. Crystal clear.

Ante la profusión de normativa, precedentes judiciales, sentencias del sistema internacional de DDHH y posiciones previas de las propias FF.AA al respecto, el increíble hecho de que la jueza de la niñez y la adolescencia, Rosa González Sarubbi (hija de un militar retirado), haya obviado dictar medidas cautelares y haya rechazado la denuncia, podría dejar perplejo a cualquiera que no conociere el Paraguay. Nada que no sepamos: un caso más de nuestra “justicia” prisionera y de magistrados oficialistas seriales –en este caso de la niñez y la adolescencia– mirando siempre hacia el palco para recibir los guiños del poder, carentes de vocación, de coraje y de una ética mínimas para cumplir sus delicadas funciones. Todo esto reflejado en un ululante caso de prevaricato no lavable en tintorería alguna –ni siquiera apelado–, sólo posible en un ambiente de impunidad estructural.

Por otro lado, la conducta del presidente y la actuación de las FF.AA en estas circunstancias –que habrá generado espanto en muchos miembros decentes de la corporación–  refuerzan la visión anómica y lúgubre de nuestra sociedad: la norma jurídica, llámese constitución, tratado internacional, sentencia internacional o nacional, ley, decreto, funciona apenas como un consejo, una recomendación, algo así como ir a misa, algo que se acata o hace si uno tiene ganas. Las reglas jurídicas carecen en el Paraguay de algo esencial a éstas que se llama imperatividad. Mucho menos para quienes tienen poder. En el Paraguay la norma jurídica sólo se obedece si uno teme que no saldrá impune; y, esto último – la impunidad – es algo que los poderosos casi siempre tienen asegurado en Bolaland, el país donde todo es mentira.

*Abogado, escritor, experto en DDHH y Seguridad Ciudadana. Se desempeñó como Juez Electoral, Comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Director General de Verdad, Justicia y Reparación, entre otros.

Imagen de portada: Diario Última Hora.