Por Nelson Denis.*
En la República Bolivariana de Venezuela existen hoy dos órganos institucionales paralelos en cada poder del Estado. En un principio, tras perder las elecciones legislativas de diciembre de 2015, que consagró a la oposición con una mayoría arrasadora de dos tercios en la Asamblea Nacional (AN), el gobierno de Nicolás Maduro decidió blindarse políticamente en el Poder Judicial a través de un intempestivo nombramiento de 13 nuevos magistrados. La seguidilla de acciones consiguientes tomadas desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ─hoy convertido en un apéndice chavista─ fueron arrojando cada vez más luz sobre la connivencia existente entre estos dos poderes del Estado (el Ejecutivo y el Judicial). Como ejemplos destacan particularmente la declaración en desacato de la AN y la aprobación para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que opera hoy como suprapoder de facto que absorbió las competencias legítimas de la AN electa en 2015.