Por Matías Insaurralde*.
En las últimas semanas, se concretó la designación de Eduardo Felippo, representante de la UIP (Unión Industrial del Paraguay) como titular del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Este hecho despertó un intenso debate sobre la validez de su designación. Incluso hubo movilizaciones, como la manifestación que se organizó el jueves 26 de diciembre frente al edificio de la institución. La acción incluyó a científicos y universitarios que reclamaron la necesidad de contar con un científico, y no con un empresario, como titular del CONACYT. Además, la crítica aumentó a partir de afirmaciones del mismo Felippo, como sus cuestionamientos al respecto de investigaciones del área social: “Se gastan G. 500 y G. 800 millones en proyectos que solamente consisten hablar con los indios y no sé qué cosas más. Hay proyectos de científicos que incluyen aparatos e instrumentos que después quedan para toda la vida, mientras que en los otros quedan solamente papeles, estadísticas, no queda nada tangible”. Su designación suscitó incluso más críticas tras afirmar que CONACYT debe administrarse como una empresa, obviando el carácter público y de alto nivel técnico de la institución.
Un detonante importante de la crisis actual de CONACYT fue el error administrativo que consistió en un pago indebido de Gs. 1.100 millones a varios investigadores que conformaban el programa de incentivo a la investigación, también conocido como PRONII. A partir de este hecho se lanzó una campaña muy fuerte en las redes sociales y en la prensa sobre diversos objetos de gasto de CONACYT. Una de las imágenes que más recorrió la red social Twitter fue la siguiente:
Fuente: no especificada, pero fue una imagen muy viralizada en las redes sociales desde el inicio de la crisis.
Muchos de los comentarios se centraron en el hecho de que el dinero de CONACYT es “despilfarrado” en investigaciones de ciencias sociales y ONGs. Se tildó a estos trabajos de “ideológicos” e incluso de innecesarios, especialmente a aquellos que abordan temas como el aborto o género. Es por esto que decidí recopilar datos para saber cuáles son las áreas e instituciones que reciben mayor cantidad de fondos, con la idea de aportar al debate con un vistazo de la situación actual.
Encontré que el destino de los fondos de CONACYT es el siguiente: en lo que respecta al programa de incentivos a la investigación, los investigadores del área de ciencias sociales y humanidades son minoría, según se detalla en el informe de evaluación del PRONII (ver aquí). Puede verse que la mayor parte de los investigadores se encuentra en las áreas de ciencias de la salud y ciencias agrarias:
Fuente: Evaluación de corto plazo del PRONII
También indagué sobre la relación entre los fondos recibidos por las organizaciones que promovieron investigaciones en ciencias sociales, de acuerdo a un mapa más amplio de instituciones. En el portal de datos abiertos de CONACYT, que incluye proyectos en ejecución, finalizados, cancelados y posgrados, entre otros, puede verse un total de 658 proyectos desde el 2015 hasta la actualidad. Los fondos pertenecientes a las instituciones que fueron criticadas y que aparecen en la lista señalada más arriba representan una asignación total de Gs 24.783.296.189, es decir, solo el 10% de todos los proyectos que aparecen en el portal. La vasta mayoría de los fondos, o el 90% restante, fue a las principales universidades nacionales, lo que equivale a un monto de Gs 237.915.261.309. Los proyectos de estas instituciones no fueron criticados ni observados con cautela por aquellos que dicen estar interesados en velar por el correcto uso de los fondos de CONACYT.
Fuente: elaboración propia con base en el portal de datos abiertos de CONACYT.
Para ampliar la perspectiva sobre la ejecución del presupuesto de CONACYT y la importancia del programa PROCIENCIA (que financia la investigación) elaboré el gráfico que sigue, con datos desglosados por programa y por año, con base en información proveída por la institución a través del Portal de Acceso a la Información Pública (ver el gráfico interactivo aquí). Uno de los puntos resaltantes es la gran envergadura de PROCIENCIA como programa, desde que surgió, lo cual debe invitarnos a todos los sectores a velar por su correcta implementación. Por otro lado, puede verse cómo las crisis institucionales, como la que se está dando actualmente en CONACYT, afectan negativamente al desempeño de una institución, sobre todo cuando a los problemas administrativos se les suman intereses partidarios, sectarios y otros no académicos. La ejecución presupuestaria cayó enormemente desde el 2017, especialmente durante el primer semestre del 2019 (último dato disponible).
Fuente: elaboración propia en base al pedido de información pública #23825.
Quiero ir cerrando este artículo con algunas ideas para aportar al debate actual sobre CONACYT y el financiamiento de las ciencias en Paraguay. Primero, me parece importante basarnos en datos para mantener un debate sano. Segundo, no es correcto generalizar críticas sobre algunas áreas de la ciencia y organizaciones, considerando que el país necesita líneas de investigación amplias, equipos de investigación multidisciplinarios, etcétera. Tercero, los fondos de CONACYT relacionados a apoyar la innovación de procesos y productos en las empresas deben considerarse dentro del análisis. Especialmente, porque hay informes como el del programa DETIEC (ver aquí), que mencionan que las empresas que percibieron fondos no colaboraron satisfactoriamente con las evaluaciones. Es decir, no se está usando la misma vara para juzgar a los diferentes sectores y actores que recibieron los fondos de CONACYT.
Mientras gran parte de la discusión actual se basa en qué debemos financiar o qué tipo de instituciones deben percibir fondos, existen temas claves que no están siendo considerados. Un tema poco tratado es que la Universidad Nacional de Asunción (y muy probablemente el resto de las universidades públicas) no impulsa suficiente financiación propia para la investigación. Esto es algo que incluso los informes de acreditación mencionan como un riesgo. Con la llegada de los programas de CONACYT, parece ser que las facultades como las de la UNA dejaron de invertir en ciencia, lo cual es grave. Recordemos que en el caso particular de CONACYT contamos con un presupuesto limitado y muy inferior a los de los países vecinos, además de una escasa participación del sector privado en investigación. Por este motivo debemos elevar la calidad del debate al respecto de nuestras políticas de ciencia y tecnología, enfatizar la importancia de sumar a actores multidisciplinarios en estos procesos y velar por una mayor coordinación y complementariedad de las instituciones y organizaciones vinculados a estos; como aspectos claves para garantizar un buen retorno de inversión de estos recursos públicos.
*Desarrollador de software y estudioso de temas de ciencia y tecnología.
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