Por Montserrat Fois*.
Las condiciones de riesgo en las que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en Paraguay son alarmantes, por lo que las medidas para contrarrestarlas deben ser inmediatas. Como veremos en este artículo, los números oficiales de violencias y abusos señalan una realidad aterradora. De ahí que urge proponer salidas desde varios ángulos, poniendo al ámbito educativo en una posición central. En particular, a la educación integral de la sexualidad, que, aunque asunto polémico en Paraguay, ha evidenciado resultados favorables en otros países y por tanto debe ser reconsiderada en un debate serio para su implementación en el país.
Un informe reciente presentado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) reveló que entre los meses de enero y abril del 2020 recibieron 4.754 denuncias que afectan a niñas, niños y adolescentes, de las cuales 1.438 corresponden a maltratos y 327 a abuso sexual. A estos números se suman 106 denuncias de abandono y 55 de explotación sexual. Solamente en el periodo de aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19, de marzo a abril de 2020, se registró un total de 1000 llamadas de denuncias de maltrato a la línea 147 del MINNA. Por si esto no fuera suficiente para tomar dimensión de la gravedad del problema, sumemos los 282 partos de niñas de 10 a 14 años registrados en lo que va del año. Esto coloca a Paraguay en el primer puesto entre los países del Cono Sur en embarazo de niñas y adolescentes.
La situación de las niñas es estremecedora. El Observatorio de Violencia de Género del Centro de Documentación y Estudios ha registrado hasta la fecha seis casos de niñas entre 2 y 12 años, cuyas muertes se deben a la violencia machista. Cuatro de ellas fueron abusadas sexualmente, una fue asesinada a modo de “venganza” por la pareja de su tía y la otra fue hallada colgada. Este registro se refiere a los casos que trascendieron a los medios. Cabe imaginarse que mucho más sucede a lo largo y ancho del país fuera de las pantallas.
Al revisar las cifras de años anteriores constatamos una realidad que se repite y agrava todos los días. En el año 2019 fueron 4.439 los casos vinculados con hechos punibles en contra de la autonomía sexual en menores de edad. Hasta el mes de diciembre del 2018, la Fiscalía computó 2.550 casos por abuso sexual. Mientras que en el año 2017 fueron confirmados 2.461 casos que, además, produjeron 614 nacimientos como resultado de esos abusos.
Los datos son contundentes y expresan la urgencia con la que deberían construirse políticas públicas sostenidas en una lectura mucho más sincera y seria de esta problemática, cuyas víctimas diariamente son cientos de niños y niñas. Para su abordaje, en principio, es importante comprender que estamos frente a un problema de orden sociocultural, razón por la cual las respuestas del Estado deben dirigirse a atender la complejidad que eso representa.
Partiendo de esa premisa, es insoslayable la potencialidad del ámbito educativo como espacio y herramienta fundamental para acercar información veraz y confiable a las familias, los niños, niñas y adolescentes. La implementación de programas de Educación Integral de la Sexualidad en diferentes países del mundo, respaldan esta afirmación al presentar resultados significativos en el abordaje de la violencia de género y la salud sexual y reproductiva. Ahora la pregunta es cómo su aplicación, además de dar cumplimiento a un derecho humano, contribuiría a prevenir y erradicar formas de abuso y promover vínculos basados en el afecto y el cuidado. Revisemos algunas experiencias.
Para empezar, la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) desplaza al enfoque biologicista que reduce la sexualidad a sus aspectos anatómicos y fisiológicos, poniendo en el centro una propuesta que contempla las dimensiones ética, psicológica, afectiva, política, cultural y de derechos de la sexualidad. Siguiendo los lineamientos de UNESCO, el propósito de la educación integral de la sexualidad es garantizar que las personas tempranamente adquieran “conocimientos y habilidades para tomar decisiones respetuosas, sanas e intencionadas respecto de su sexualidad y sus relaciones”. Al poner el foco en cómo se construyen los vínculos interpersonales, la aplicación de la EIS permite revisar los modelos de relación abusiva que viven los niños y niñas en sus hogares como en otros espacios en los que deban desarrollarse. Esto no solo se limita al abuso sexual, sino también a otras formas de maltrato.
¿Qué evidenciaron las experiencias de implementación de la educación integral de la sexualidad en otros países? El caso más próximo es el argentino. En el año 2006 se creó la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral y en 2009 se redactaron los “Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral”, dirigidos a docentes. Por otra parte, un estudio del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires (2020) mostró que alrededor del 80% de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que denunciaron abuso comprendieron que fueron abusados tras recibir formación en educación sexual integral, y lo pudieron contar acompañados por el espacio de confianza y seguridad que generaron las escuelas.
En lo que refiere a otros efectos favorables de la educación integral de la sexualidad, una revisión global liderada por UNFPA en el 2015 expuso pruebas fehacientes de que la EIS ejerce también un efecto positivo en la salud sexual y reproductiva. Analizando la situación en 48 países observaron una disminución en casos de infección de transmisión sexual (ITS), de VIH y de embarazos precoces no planificados.
El mismo estudio señala que la EIS retrasa el inicio de la actividad sexual y, en la mayoría de los países de Europa Occidental, redujo la tasa de embarazos adolescentes no planificados. Sorpendió especialmente el caso de Reino Unido, que presentaba la tasa más elevada de embarazos adolescentes, lo cual condujo al gobierno a tomar la decisión de prestar atención a esta problemática:
“Entre 1998 y 2003, en Inglaterra y Gales, hubo una reducción del 56 por ciento en la tasa de nacimientos entre adolescentes menores de 18 años. El éxito de la medida se atribuye a la estrategia de prevención del embarazo adolescente que se aplicó en el país (Estrategia Nacional de Embarazo Adolescente), la cual tenía el objetivo de promover un uso más generalizado de los métodos anticonceptivos mediante la entrega de educación sexual de buena calidad, la facilitación del acceso a los servicios y la impartición de una mejor capacitación a los prestadores de servicios sanitarios, con el fin de responder a las necesidades de los jóvenes”.
Otros estudios apuntan en la misma dirección. Un informe de ONUSIDA y la Unión Africana en 2015 sobre mujeres jóvenes y adolescentes frente a la epidemia del SIDA indica que la educación integral de la sexualidad influyó tanto en el aumento del uso del preservativo y las pruebas voluntarias del VIH como en la disminución del embarazo adolescente.
Estudios que evaluaron los programas de educación integral de la sexualidad en diversas etapas de desarrollo en contextos muy dispares exponen otros datos interesantes. Por ejemplo, un informe de UNFPA mostró cómo en Bangladesh las adolescentes que estaban casadas y no asistían a la escuela manifestaron menos conciencia de sus derechos de género, incluidos el derecho a la autonomía y el derecho a no sufrir violencia. Esto debería encender todas las alarmas, considerando que una de cada tres mujeres y niñas en el mundo informa haber sobrevivido a algún tipo de maltrato físico y/o abuso sexual, en la mayoría de los casos, de parte de su pareja o personas del núcleo familiar más íntimo.
Los datos presentados dan cuenta de la urgencia de que el Estado garantice el derecho universal a la educación pública de calidad a todas las personas. A la vez que, de manera irrefutable, nos señalan las enormes ventajas de impartir educación integral de la sexualidad en las escuelas de manera obligatoria y extendida, contribuyendo al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes como establece en su artículo 14 el Código de la Niñez y la Adolescencia.
La situación de las niñas es estremecedora. El Observatorio de Violencia de Género del Centro de Documentación y Estudios ha registrado hasta la fecha seis casos de niñas entre 2 y 12 años cuyas muertes se deben a la violencia machista. Cuatro de ellas fueron abusadas sexualmente, una fue asesinada a modo de “venganza” por la pareja de su tía y la otra fue hallada colgada. Este registro se refiere a los casos que trascendieron a los medios. Cabe imaginarse que mucho más sucede a lo largo y ancho del país fuera de las pantallas.
La Educación Integral de la Sexualidad posibilita que niños, niñas y adolescentes tengan todas las herramientas necesarias para identificar las situaciones de abuso y violencia de las cuales son víctimas, comunicar y denunciar, así como también para construir relaciones sanas, responsables y sin violencia con sus propios cuerpos y con otras personas a lo largo de toda la vida.
*Candidata a Doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Sus intereses de investigación se centran en el Estado y las políticas públicas desde un enfoque socio-antropológico y de género.
Este artículo es producto de la alianza entre Terere Cómplice y el Observatorio Educativo Ciudadano con el propósito de ampliar las reflexiones sobre problemáticas vinculadas al ámbito educativo.
El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva de su autor/a, en ningún caso debe considerarse que refleja el punto de vista institucional del Observatorio Educativo Ciudadano o de las organizaciones que lo integran y apoyan.
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