Pandemia y anti-corrupción: el nudo del sistema político y algo sobre antagonismos problemáticos (Parte II)

Por Nelson Denis.

Por definición, un ciudadano es aquel que por el hecho de haber nacido en un determinado territorio es sujeto de derechos y obligaciones jurídicamente establecidos por una comunidad política. La idea de “Estado de derecho” nos remite, entre otras cosas, al principio de “igualdad ante la ley”, propio del liberalismo político. El Estado es visto así como el garante supremo de dicho orden jurídico, del cual los ciudadanos técnicamente gozan, a la vez que lo acatan. Sin embargo, si quienes administran dicho Estado no cumplen con su deber de garantizar los derechos ciudadanos, nace la percepción de que tal principio no se ajusta a la realidad en que se vive: la ley solo funciona para unos pocos. De esta manera, la “ciudadanía” busca su autofundamentación en la apelación al derecho, ahí donde la anomia de la corrupción carcome toda norma y posibilidad de desarrollo institucional.

Pero el problema del concepto no se encuentra ahí, sino más bien en aquello que intenta nombrar y aquello a lo que busca oponerse. Existe una contradicción enorme en la idea de “ciudadanía” como identidad política contrapuesta a una “clase política” como un todo indistinto y coherentemente articulado. Por ejemplo, en una entrevista de hace algunos meses atrás, la diputada Kattya González expresó –en referencia al manejo de la pandemia por parte del gobierno– que el presidente (Mario Abdo) “eligió el bando en el que iba a jugar; él no eligió a la ciudadanía, él eligió a sus correligionarios”. Si pensamos en la definición que dimos de ciudadanía, ¿existe alguna razón para creer que las personas afiliadas a la Asociación Nacional Republicana (incluido el propio presidente) no son ciudadanos ni ciudadanas? ¿Qué habrá pensado la diputada cuando hizo tal distinción? Lo mismo aplica para otros partidos que estén ocupando cargos en algún poder del Estado.

No menos controversial es la identidad de “clase política”. Originalmente pensado hace más de un siglo por el jurista y politólogo italiano Gaetano Mosca como un intento de refutación teórica al materialismo dialéctico marxista, el concepto hace referencia a una minoría organizada que detenta el poder y que se encuentra presente en todas las formas de gobierno, sin importar el momento histórico de su constitución y el tipo de organización institucional que encarna. De esta manera, Mosca divide a la sociedad entre aquellos que gobiernan, y por lo tanto detentan el poder, y quienes son gobernados, haciendo de su teoría una supuesta “ley histórica”.

Desde cierta izquierda el concepto es profundamente repudiado. Se imaginará el lector por qué: en un marco conceptual marxista, el antagonismo por antonomasia dentro de una sociedad y economía capitalistas refiere, dicho rápidamente, al del proletariado contra la burguesía, inserto en las relaciones sociales de producción y no en un tipo de gobierno u organización institucional. En otras palabras, el sentido de explotación que justifica tal antagonismo se encuentra en el mercado y no en el Estado. Pero en un país de ausencia relativa de lucha de clases como Paraguay, la incorporación de un campesinado combativo como expresión de la misma no hará menos problemático el clivaje que aquí nos trae a discusión, ni hará que desaparezca del imaginario social.

Fuente: Eduardo Jiménez. ABC Cardinal

Más allá de la cuestión teórica, el concepto es de uso esparcido en la lengua coloquial y parece referir a la simple denominación de un grupo social específico, lisa y llanamente “los/as políticos/as”. He aquí lo intrincado del asunto, no si su categorización es académicamente válida o si conceptos como “élite” permiten captar mejor la realidad. No es un problema de significantes, sino de significados. El propio Antonio Gramsci utilizaba el concepto en su clásica obra Cuadernos de la cárcel, no sin antes proferir fuertes críticas a la teorización hecha por Mosca, acusando a su noción de clase política de “ondulante y elástica”. Esto último del pensador sardo es lo que interesa realmente. Lo cierto es que en Paraguay no queda claro del todo qué se entiende por “clase política”. ¿Son los funcionarios públicos parte de ella? ¿Los jueces de la “injusticia” que perpetúan la impunidad? ¿Era un político o un ciudadano Paraguayo Cubas cuando ejercía funciones en el parlamento? ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de las identidades políticas? ¿Por qué, en última instancia, la sociedad paraguaya identifica su explotación en su relación con el Estado y no en las relaciones socioeconómicas mismas en las que se ve inmersa cotidianamente?

Una sociedad agredida que exclama hoy desde fotos de perfiles en telefonitos inteligentes #CheKuerai, la consigna que parió esta pandemia. Su traducción verdadera: nos roban hasta en la crisis más grande del capitalismo mundial de los últimos 50 años. En el fondo parece una suerte de emulación triste y soporífera del hashtag chileno #NoSon30PesosSon30Años. En el país vecino, aquel aumento del precio del boleto del subte y su efecto desencadenante de la protesta social fueron las piezas que pusieron en jaque al sistema político en su totalidad. Aunque la corrupción estuvo siempre presente como elemento discursivo, la explosión chilena fue más una contestación a un orden social y político establecido en el seno de una democracia excluyente que un vago pedido de probidad en el ejercicio del poder político.

Existe una contradicción enorme en la idea de “ciudadanía” como identidad política contrapuesta a una “clase política” como un todo indistinto y coherentemente articulado.

Hay, sin embargo, algo que no logra reflejar la narrativa anticorrupción en nuestro país: precisamente, la idea de que el descontento social se reduce a eso. Aunque estamos lejos de ser Chile, la histórica desigualdad paraguaya, entendida esta en un amplio sentido –no solo en términos de ingresos–, estuvo presente también durante la pandemia. Quizás por esta razón demandas como la cualificación del sistema de salud y el acceso a la educación superior tuvieron una resonancia inusitada. La corrupción importa, sí, pero lo que esconde detrás explica también su propia relevancia. No nos volvimos más republicanos de un día para otro, pero sí más irreverentes. El desafío está en cómo politizar dicha desigualdad sin caer en cruzadas antipolíticas sin retorno. Ello permitiría una mayor absorción institucional de las demandas sociales. La superación de la corrupción como problemática aislada y reducida a la ineficiencia burocrática del Estado no desatará por sí sola el nudo en el que nos encontramos. Parte del futuro del sistema político depende de este dilema. 

Imagen de portada: Impacto Noticioso

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