Una mirada TRANSversal sobre el Estado y la pandemia

Por Yren Rotela* y Montserrat Fois.

Los efectos generados por la pandemia del Covid-19 han evidenciado el panorama de desigualdades extremas presentes en nuestra sociedad, agudizando el deterioro de las condiciones de vida de vastos sectores de la población mundial. Para contener los estragos ocasionados por la expansión del virus los gobiernos implementaron diversas medidas sanitarias, económicas y sociales.

En el caso de Paraguay, la ejecución de programas sin una perspectiva de género y de derechos terminó reforzando las desigualdades ya prevalentes. Las medidas paliativas del gobierno, además de ser insuficientes frente al débil sistema de protección social que caracteriza al país, excluyen a muchos sectores, como es el caso de las personas trans y travestis.

Así como en muchos otros países de América Latina, en el nuestro autoidentificarse como persona trans o travesti tiene múltiples repercusiones que la pandemia profundizó ante la falta de condiciones socioeconómicas mínimas para una supervivencia digna. Arrojando luz sobre este tipo de situaciones, la filósofa Nancy Fraser problematiza la cuestión del reconocimiento de las diversidades sexuales en relación con las políticas de redistribución de las riquezas y describe cómo la injusticia cultural y la económica están realmente imbricadas. Nos interesa remarcar aquí los efectos que producen la invisibilidad y la vulneración sistemática de derechos humanos por parte del Estado a través de sus prácticas rutinarias hacia las diversidades sexuales.

En su poder de ordenar la realidad, el Estado también opera a través de categorías con las cuales clasifica y nombra (o no) a los sujetos sociales. Estas categorías no son aleatorias: son el resultado de una acumulación histórica de sentidos hegemónicos que se reproducen en una sociedad determinada. Es por eso que traemos a colación el tema del reconocimiento, puesto que el hecho de no constituir una categoría válida para el Estado puede traducirse, por ejemplo, en la imposibilidad de ser destinatarias de programas sociales.

La población trans de Paraguay vive una violencia estructural que se relaciona con la falta de acceso a derechos económicos y sociales, así como al empleo, todo lo cual empeora su situación en la pandemia. En lo relativo a lo laboral, menos del 2% de esta población accede a una remuneración que no provenga del trabajo sexual. En los casos en que este no constituye una elección personal, generalmente se vincula con la baja escolarización y profesionalización que, a su vez, se explica por la permanente exclusión que se extiende a lo largo de la vida. Incluso, quienes logran culminar sus estudios secundarios o iniciar carreras terciarias evitan, en muchas ocasiones, incursionar en otros rubros por temor al rechazo y a la discriminación. Pese a que el trabajo sexual no está prohibido, la ausencia de marcos normativos con carácter de ley general y de pautas claras sobre las condiciones laborales, así como la estigmatización social que pesa sobre esta actividad, terminan relegando a la población trans a la informalidad y a situaciones de abuso constante. 

Esto empeoró con la llegada del Covid-19. Los testimonios registrados destacan que la emergencia llevó a un decrecimiento en la demanda de servicios sexuales debido al aislamiento preventivo general decretado por razones sanitarias. Sin embargo, y a pesar del riesgo de contagio que corren en el ejercicio de su actividad, las trabajadoras sexuales trans remarcan que el hecho de no salir a las calles las perjudica especialmente.

En materia de vivienda, la situación también es acuciante. Al abandono de sus familias y la expulsión de sus hogares por prejuicios contra su identidad de género, se adicionan otros problemas, como las garantías de alquiler imposibles de cumplir y el rechazo de los dueños e inmobiliarias. Esto empuja a las personas trans a vivir en pésimas condiciones de alojamiento. Durante la pandemia, muchas han recurrido a refugios, como Casa Diversa, donde el problema de vivienda y alimentación se afronta de forma colectiva, creando redes de sostenimiento y de contención emocional. 

A propósito de estas últimas redes, las activistas trans señalan las dificultades que atraviesan en este proceso:

“Lo que me angustia es cómo contener a la persona afectada; entramos todas en pánico. Y, por supuesto que la persona afectada está acá, no tiene a dónde ir y nosotras tenemos la obligación de contener y resguardar. Es tan estresante, porque no sabés si ya tenés o no, cómo te va a dar, si vas a amanecer, si vas a convulsionar o no vas a convulsionar. Y lidiar otra vez con los vecinos, con las personas que son ignorantes. Que es cierto, es una enfermedad muy contagiosa, pero tenemos miedo de que la gente nos estigmatice, nos escrache” (Activista trans).

La labor y el apoyo de las oenegés y de organizaciones sociales como Panambi, Casa Diversa y Escalando han sido muy importantes. Un relevamiento realizado en el mes de mayo de 2020 indicó que 40.950 personas que residen en las periferias, en comunidades indígenas, asentamientos campesinos, y otros, pudieron comer mediante la gestión comunitaria de las ollas populares. Sin embargo, la invisibilización estadística de la población trans en Paraguay impide conocer cuántas personas trans y travestis realmente pudieron alimentarse gracias a estas iniciativas. Lo cierto es que ellas también se sumaron a esta red que sirvió para paliar el hambre de quienes quedaron sin trabajo, vieron disminuidos sus ingresos y no recibieron los beneficios de los programas implementados por el Estado, como Ñangareko y Pytyvõ.

El primero de ellos, Ñangareko, consiste en una asistencia alimentaria que se otorga una sola vez. Está dirigido a trabajadores no registrados, sin RUC ni seguro social. El segundo, Pytyvõ, es un subsidio que tiene por destinatarias a personas que trabajan por cuenta propia y que no reciben cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS), ni aportan a alguna caja de jubilación pública o privada. El problema con la población trans y travesti es que, aún respondiendo en términos formales a los perfiles de ambos programas, en la práctica estas personas quedan excluidas debido a que, en su mayoría, se dedican al trabajo sexual y esta es una actividad sumergida en el estigma social. Así, son empujadas a los márgenes donde la clandestinidad es la regla, sumada a la violencia institucional y policial a la que son expuestas. Sin embargo, cuando llegan a ajustarse al perfil de los programas por dedicarse a actividades socialmente aceptadas como la peluquería, por ejemplo, no siempre logran constituirse en beneficiarias por otros motivos, asociados con el analfabetismo, así como con la brecha digital y tecnológica (alfabetización digital, conectividad y acceso a tecnología). Por supuesto, a estas limitaciones se suma la discriminación por razón de identidad de género.

El mismo Pytyvõ 2.0 sigue dejando al margen a las personas trans porque está dirigido a quienes residen en ciudades fronterizas y se dedican al comercio, sectores hoteleros y gastronómicos, todos rubros en los que ellas no llegan a desempeñarse. El gobierno fue implementando programas sectoriales, pero al no contar con otros que garanticen su inclusión en estos y otros rubros, no son alcanzadas por las ayudas sociales.

La inexistencia de políticas públicas inclusivas e integrales las obliga a recurrir a la solidaridad de otras personas y a diseñar posibles salidas a la crisis:

“Tenemos que reformular cómo vamos a volver; cuesta mucho porque no estamos alcanzando para el alquiler, la luz, el agua, la alimentación. Está muy difícil la situación económica, y entendemos que esto nos afecta a todos. Nos faltan productos de limpieza, alcohol, tapabocas, todo. Por eso estamos pidiendo cualquier ayuda a la gente para sostener nuestro espacio” (Activista trans).

La invisibilización de las personas trans es problemática puesto que, en países como Paraguay, con altos niveles de pobreza (23%), es imposible para cualquiera sostener las medidas de aislamiento sin una contrapartida estatal. Esto es aún peor para las personas transgénero. Las mismas parten de la dificultad para acceder a una identificación formal según la identidad autopercibida, que en muchas ocasiones obstruye la obtención regular de los subsidios del gobierno.

En el caso de Paraguay, la ejecución de programas sin una perspectiva de género y de derechos terminó reforzando las desigualdades ya prevalentes. Las medidas paliativas del gobierno, además de ser insuficientes frente al débil sistema de protección social que caracteriza al país, excluyen a muchos sectores, como es el caso de las personas trans y travestis.

Al final de cuentas, la realidad nos muestra que la pandemia ha venido operando como un recordatorio constante de las barreras históricas que impiden a la población trans alcanzar una vida digna. Las políticas públicas diseñadas en torno al Covid-19 exhiben, una vez más, la desigualdad que representa la ausencia de políticas de identidad de género y la necesidad de contar con ellas como punto de partida para el reconocimiento efectivo de derechos fundamentales para la población trans y travesti.  

Situaciones como estas nos obligan a pensar más allá de las contingencias y las soluciones cortoplacistas, puesto que la exacerbación de las necesidades y las urgencias deja en evidencia las extremas desigualdades persistentes en nuestra sociedad, como dijimos al principio. Por tanto, pensar la pandemia no implica solo “gestionarla”, sino considerar la multidimensionalidad de sus efectos en relación con las desigualdades estructurales y de género que ponen en riesgo la vida de las personas más vulnerables. En este sentido, el Estado paraguayo no puede continuar ignorando a la comunidad trans.

*Activista, defensora de derechos humanos. Directora del centro comunitario para la diversidad sexual Casa Diversa. Contacto: yrenrotela@gmail.com

Imagen de portada: Milena Coral

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