Por Asunción Jara Collante*.
En los últimos meses vivenciamos intensos episodios de incendios forestales. Si bien el humo producido se ha disipado, podrían existir perjuicios duraderos, ya que, según el Ministerio de Salud, los gases contaminantes provocaron graves problemas respiratorios a la población.
Sobre las causas de estos incendios, el Capitán Christian Vázquez, encargado de Relaciones Públicas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), manifestó que fueron en un 90% provocados intencionalmente para lucrar. Es decir, las causas tienen una motivación comercial, mientras las autoridades, como el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) encabezado por Ariel Oviedo, hacen caso omiso a la situación.
En ese sentido, tras la avalancha de quejas y denuncias por mala gestión durante los incendios, desde el MADES tuvieron que movilizarse y trabajar a empujones de manera de disipar la indignación. En los primeros días del mes de octubre realizaron importantes intervenciones a establecimientos privados, en los cuales comprobaron dos hechos sumamente alarmantes: que las quemas eran para realizar desmontes y que no contaban con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o autorización para esos trabajos.
La DIA permite estimar los impactos ambientales de una actividad, así como la compensación o mitigación de los efectos negativos. Los establecimientos no tenían estos estudios. Operaban sin control por parte de la autoridad competente, incumpliendo todas las leyes de protección ambiental. Esta práctica ya se había mostrado bastante extendida. El año pasado, el Instituto Forestal Nacional (INFONA) abrió una investigación a quince propietarios de estancias por sospechas de haber causado incendios intencionalmente.
La situación de incendios intencionados se repite cada año y sus consecuencias afectan principalmente a las áreas protegidas. Tal es el caso del Parque Ybycuí, donde incendios provocados devoraron 700 hectáreas en el 2007, 2 hectáreas en el 2017 y alrededor de 600 hectáreas en el 2020. El Monitoreo Global de Bosques de la NASA también detectó la reducción de hectáreas boscosas en el parque. Todo esto genera, a su vez, un círculo vicioso, ya que, a medida que los bosques se reducen, disminuyen las lluvias; lo que provoca más sequía y acelera la pérdida de biodiversidad.
Sumado al fuego, los parques nacionales también sufren el problema de la ocupación irregular de sus tierras. Según el Plan de Manejo del Parque Nacional Ybycuí del 2015, desde hace años existe una pugna por ese territorio con propietarios privados que, además, se dedican a la ganadería dentro de este. Una auditoría del MADES indicó que centenas de hectáreas que deberían ser áreas protegidas son ocupadas por 18 propietarios, entre ellos el senador y empresario ganadero Fidel Zavala, quien ocuparía 115 hectáreas de la reserva. Esto refuerza lo ya reportado por el informe sobre tierras malhabidas de la Comisión de Verdad y Justicia, que expuso a Zavala como beneficiario irregular de varias propiedades.
Este tipo de situaciones expone la vulnerabilidad de nuestros sistemas de protección del medio ambiente, las excusas del MADES y la genuflexa actitud del Poder Judicial para con los grandes terratenientes. Todo esto llevará a que los ciclos de incendios intencionados de los montes continúen indefinidamente, a pesar de que parte de la ciudadanía se muestra harta de los incendios y manifiesta tolerancia cero a todo tipo de quemas, como registró un sondeo sobre percepción de incendios forestales.
En los primeros días del mes de octubre realizaron importantes intervenciones a establecimientos privados, en los cuales comprobaron dos hechos sumamente alarmantes: que las quemas eran para realizar desmontes y que no contaban con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o autorización para esos trabajos.
¿Se podría dar que, desde el Estado y a través del MADES, se impulse una solución sostenible para cesar las quemas y restaurar las zonas afectadas? Imaginemos, por ejemplo, una iniciativa de ley que prohíba el cambio del uso de las áreas naturales incendiadas por un periodo prolongado de tiempo. Además, que la ley imponga prácticas sostenibles en las zonas agrícolas para asegurar la conservación de la diversidad biológica. Esta ley podría desincentivar las quemas porque, como muestran los resultados a la vista de todos, estas no pueden ser “controladas” ni lo serán nunca, debido a las condiciones climáticas adversas que se agudizan cada vez más a causa del cambio climático.
*Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción. Es comunicadora freelance, docente en instituciones públicas y privadas. Traductora bilingüe (castellano/guaraní). Especialista en recolección de datos para trabajos de consultoría. Realiza Análisis Crítico del Discurso (ACD) con enfoque en comunicación política y de desigualdad de género.
Imagen de portada: Diario HOY