Estado, sindicalismo del sector público e intercambio político

Charles Quevedo*.

Los sindicatos del sector público se encuentran entre los actores colectivos más organizados en Paraguay. Tienen además mucha influencia en el desarrollo de algunas políticas públicas. Sin embargo, han sido escasamente estudiados. En este artículo buscamos contribuir a paliar esta situación, indagando sobre la relación entre el sindicalismo del sector público y el Estado en las últimas décadas, en la línea de un trabajo más amplio que recientemente publicamos al respecto.

El fin del régimen autoritario, en 1989, permitió un cierto grado de revitalización del movimiento sindical. El régimen de Stroessner se había caracterizado por un fuerte control sobre las organizaciones del mundo del trabajo. En el sector privado, a través de la represión y estructuras corporativas, y, en el sector público, mediante la prohibición de la sindicalización y las huelgas. El Estatuto del Funcionario Público permitía solamente asociaciones con funciones asistenciales, pero no de tipo reivindicativo. Después de la caída de Stroessner y con el auge del proceso de sindicalización en el sector privado, emergieron algunas organizaciones sindicales en el sector público, como en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en la Industria Nacional del Cemento (INC) y en la Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL). La vigencia de una nueva Constitución Nacional, a partir 1992, abrió un período de expansión del sindicalismo del sector público.

Los sindicatos del sector público, aglutinados en el Frente Sindical de Funcionarios Públicos y el Frente de Unidad Sindical, desarrollaron varias movilizaciones masivas de protesta. Las organizaciones demandaban postergar el tratamiento del proyecto de ley hasta el año próximo y tener una participación efectiva en la elaboración de la normativa.

La transición a la democracia fue también el inicio de un proceso de reformas que se enmarcaban dentro del Consenso de Washington. En el paquete de reformas neoliberales recomendadas por el Banco Mundial, la reducción del personal público y la privatización de empresas del Estado pasaron a ser prioridades. En consecuencia, el sindicalismo del sector público vendría a sumarse con una demanda fundamental: la defensa del empleo público y, por tanto, la oposición frontal a la privatización de las empresas estatales.

El sindicalismo del sector público logró fortalecerse, en parte, gracias a su habilidad para movilizar el apoyo de otros sectores ―movimientos sociales, partidos progresistas y fracciones del Partido Colorado― y forzar intercambios políticos con los sucesivos gobiernos. El concepto de “intercambio político” introducido por el sociólogo Alessandro Pizzorno, se refiere a un tipo de relación entre las organizaciones sindicales y el Estado, en la que éste último está dispuesto a intercambiar determinados bienes por consenso social con otro actor que pueda amenazar con destruir ese consenso (o poner el orden en peligro) a menos que reciba los bienes que demanda. Así, por ejemplo, la promulgación de la Ley 1615 de Privatizaciones de Empresas Públicas, en el año 2000, dio lugar a un ciclo de movilizaciones encabezadas por el Frente de Defensa de los Bienes Públicos que congregó al sindicalismo del sector público y las principales centrales sindicales: la CUT y la CNT, así como a organizaciones campesinas como la Federación Nacional Campesina (FNC). Finalmente, el Parlamento, tras una serie de huelgas, paros y cortes de ruta ―y con el asentimiento de sectores del Partido Colorado― terminó suspendiendo la aplicación de la ley de privatizaciones.

A principios de marzo del presente año se confirmó el primer caso de enfermedad por el covid-19, y, con ello, la pandemia se había instalado oficialmente en Paraguay. La ausencia de un fondo de contingencia y los exiguos recursos fiscales disponibles para mitigar el impacto de la pandemia, obligaron al gobierno a recurrir al endeudamiento externo por unos 1.600 millones de dólares (Ley de Emergencia Económica). Sin ese préstamo no tendría condiciones de hacer frente a la difícil situación socioeconómica derivada de la crisis sanitaria. Para las élites económicas, la crisis debería ser tomada como una oportunidad para reformar el Estado paraguayo ―“que gasta más del 70% de sus ingresos en salarios”, según repiten sus voceros―, “achicar el Estado”, y pasar de un modelo de “Estado empleador” a otro “regulador y garante” a través de una reforma del Estado. Por su parte, para las  organizaciones populares y partidos progresistas, la crisis vino a demostrar la necesidad de tener un “Estado con mayor presencia y enfoque social”.  Y, para ello, sería indispensable promover una reforma tributaria y aumentar la presión fiscal ―que como se sabe, es la más baja de la región― incrementando el impuesto al tabaco, las bebidas azucaradas y alcohólicas, y la exportación de soja.

A fines de marzo, el Ejecutivo anunció una “Reforma estructural del Estado” con la intención, según el vicepresidente Hugo Velázquez, de achicar el aparato estatal, optimizar la inversión pública, eliminar gastos superfluos y nivelar los salarios del sector público a la realidad. Del conjunto de medidas anunciado, el anteproyecto de Ley de la Función Pública, es el que ha generado mayor malestar y desconfianza en las organizaciones sindicales.

Los sindicatos del sector público, aglutinados en el Frente Sindical de Funcionarios Públicos y el Frente de Unidad Sindical, desarrollaron varias movilizaciones masivas de protesta. Las organizaciones demandaban postergar el tratamiento del proyecto de ley hasta el año próximo y tener una participación efectiva en la elaboración de la normativa. Una de las movilizaciones con mayor convocatoria fue la que se llevó cabo el 21 de junio en la Costanera y el microcentro de Asunción. En esa oportunidad se sumaron otras consignas: el rechazo de la utilización de los fondos jubilatorios del IPS y de la privatización de la ANDE, entre otras. Como consecuencia de las protestas y las negociaciones informales desarrolladas por la dirigencia sindical con representantes parlamentarios, se realizaron dos Audiencias Públicas Virtuales. Luego de la segunda, la Cámara de Senadores aprobó una declaración que insta al Poder Ejecutivo a retirar y postergar el tratamiento del proyecto de ley hasta después de la emergencia sanitaria. De esta manera, las organizaciones sindicales del sector público lograron encauzar el conflicto según la lógica del intercambio político, ámbito en el cual lograron construir su fortaleza y llegaron a constituirse en el principal interlocutor sindical del Estado.


* Es Magister en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

** Ilustración de portada: https://www.launion.com.py

*** Este articulo forma parte del proyecto “Sindicalismo en debate en Paraguay” implementado por el Centro Interdisciplinario de Investigación Social (CIIS) con el apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Las opiniones expresadas en este articulo no representan, necesariamente, los puntos de vista del CIIS o de la FES.

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