¿Juicio político o moción de censura? En Paraguay solo interesan los votos

Por Fernando Martínez Escobar.

En estos días de manifestaciones en las calles hay una vez más un proceso de juicio político desarrollándose. Los libelos acusatorios parecen estar listos y ya hay discusiones sobre lo que contienen y si esto son razonables o no. Sin embargo, cuando se trata de un juicio político en el Paraguay, no importa el contenido de los hechos, ni de las acusaciones, ni de las pruebas como elemento para determinar la destitución o no del presidente. Lo que interesa es la cantidad de votos en el Congreso y que formalmente exista alguna o, mejor dicho, cualquier acusación. El proceso formal es solo para justificar el despliegue de la regla informal de la moción de censura para destituir, en este caso, al jefe de estado.

No hay legislador que desconozca estas dos reglas; la formal del juicio político de los sistemas presidenciales y la informal del voto de censura, similar al de los sistemas parlamentarios. De hecho, así funcionó con Fernando Lugo, con Luís Ángel González Macchi (dos veces) y con Raúl Cubas Grau.

El enjuiciado podrá ser culpable o inocente. Podrán generarse todo tipo de argumentaciones jurídicas y los abogados presentarán innumerables pruebas, acusaciones y defensas. Pero, todo esto no afecta a la absolución o a la condena del acusado. Lo que realmente cuenta son los votos en el Congreso. El resto es una puesta en escena formal absolutamente necesaria para que funcione la regla informal.

Entonces, en un sistema presidencial el hecho por cual se acusa al Poder Ejecutivo debe necesariamente existir para que proceda el juicio político. Sin embargo, no es lo que sucede en Paraguay.

Ahora bien, esto no quiere decir que en el Paraguay el sistema de gobierno sea parlamentario. Para esto se requieren varias cosas, entre ellas, que haya un Jefe de Estado y un Jefe de Gobierno en distintas cabezas.

Pero además se necesita que la designación del Jefe Gobierno sea realizada por el Congreso. Esto último es lo que le suele otorgar estabilidad a los sistemas parlamentarios, pues el Jefe de Gobierno no es sino aquel que tiene mayor apoyo parlamentario.

Es por esto que, en un sistema parlamentario, el Congreso puede cambiar al Jefe de Gobierno si este pierde el apoyo de los legisladores, ya que el Jefe de Gobierno también es un parlamentario y su poder deviene directamente del Congreso.

He aquí otra diferencia con el sistema presidencial. Se supone que en los presidencialismos los hechos de los que se acusa al Presidente deben existir y las destituciones no pueden realizarse por simple moción de censura, ya que tanto los miembros del parlamento como el Poder Ejecutivo tienen legitimidad de origen directa en el voto popular. Por lo cual, a priori, ni el presidente puede remover al Congreso, ni viceversa. Excepto a través de un juicio político, en el que debe regir el debido proceso para juzgar los hechos de los que se acusa al Presidente.

Foto: Santiago Ros

De ahí la necesidad de la puesta en escena de los libelos acusatorios, ya que toda remoción del Jefe del Poder Ejecutivo en un sistema presidencial implica la ruptura del vínculo original y directo entre el pueblo y su representante. Por lo que este quiebre debe estar justificado para demostrar su legitimidad. Entonces, en un sistema presidencial el hecho por cual se acusa al Poder Ejecutivo debe necesariamente existir para que proceda el juicio político. Sin embargo, no es lo que sucede en Paraguay.

Como dijimos, en nuestro país, cuando se habla de juicio político, no se trata de probar ningún hecho. El sistema funciona como un híbrido sobre la regla formal del juicio político y la regla informal del voto de censura.

Entonces, si bien es cierto que los hechos fueron denunciados por la gente en las calles y a su vez plasmados formalmente en dos libelos acusatorios (uno que acusa solo al Presidente y otro que incluye al Vicepresidente), la llave principal al mismo la tendrá el movimiento Honor Colorado de Horacio Cartes y, por supuesto, la dirección de sus votos no estará fundada en el libelo acusatorio, sino en la estrategia política de su movimiento de cara al control partidario, a las elecciones del 2023, así como a las negociaciones con el PLRA y el resto de los partidos parlamentarios.

Imagen de portada: Megacadena.com.py

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