Ataques a la sede del PLRA y ANR. Cuando la respuesta depende del agredido y no del agresor

Por Marcos Pérez Talia.

Los dos principales partidos políticos de Paraguay, en el marco de crisis políticas importantes, han sido víctimas de sendas agresiones aunque de distinta intensidad y con consecuencias muy disímiles entre sí. El PLRA en 2017 y la ANR en 2021. Y si bien dichas agresiones fueron realizadas por actores distintos, uno podría esperar que las investigaciones judiciales busquen a los culpables con el mismo rigor. Sin embargo, la realidad fue bastante diferente a lo esperado. 

La agresión que sufrió el PLRA fue el 31 de marzo de 2017, en el marco del intento de reforma constitucional (vía enmienda, violando el Art. 290 de la Constitución) para aprobar la reelección de Horacio Cartes. Eso generó una reacción ciudadana inmediata que se fue desbordando. El Congreso fue incendiado por una turba y la policía reprimió fuertemente dejando un tendal de heridos a su paso, incluido el diputado Edgar Acosta (cuya salud quedó muy deteriorada) y el presidente liberal Efraín Alegre. Lo más nefasto, sin embargo, ocurrió en horas de la madrugada. Un grupo de policías ingresó sin orden judicial al PLRA y disparó a quemarropa. El saldo fue el asesinato de un dirigente juvenil liberal, Rodrigo Quintana, y más de doscientos detenidos de forma arbitraria.

Desde el gobierno se apuraron en ensayar algunas hipótesis tan grotescas como inverosímiles. Primero sugirieron que dentro del PLRA hubo una pelea entre los jóvenes con derivación fatal. La segunda fue que Rodrigo Quintana murió afuera, en el marco de refriegas poco claras mientras huían, y los liberales depositaron su cadáver en la sede partidaria para obtener rédito político. La tercera fue que los jóvenes, de forma vandálica, se resistieron a la autoridad y hubo fuertes forcejeos con la policía, para lo cual se tuvo que apelar a los disparos para calmar la situación, ocasionando la muerte de Rodrigo Quintana. 

El asesinato por parte del Estado a un joven militante y el atropello en democracia a un partido político no merecieron tanta importancia. Y es lo que cabrá esperar cuando el atropellado sea un partido opositor. 

Hasta ese momento, ni el gobierno ni la policía estaban al tanto de la grabación del circuito cerrado. Es más, la Fiscalía insistía afanosamente en llevar, no solo las cámaras, sino todo el circuito completo. El diputado Nito Bogado Tatter y otros jóvenes se opusieron hasta tanto pudieran resguardarse con una copia. Sin esta acción, casi una epifanía, la historia oficial hubiese sido otra.

Para fortuna de las víctimas de aquel suceso, la sede partidaria tenía en perfecto funcionamiento su circuito de cámaras de seguridad. Con ello, muy pronto quedó en evidencia la falsedad de las primeras hipótesis oficialistas. A Rodrigo no lo mataron afuera sus correligionarios, ni tampoco forcejeó con la policía. Lo mató la misma policía, por la espalda, mientras intentaba resguardarse de quienes, en realidad, tenían el deber constitucional de protegerlo. Posteriormente el Viceministro Ariel Martínez planteó un nuevo escenario, el del “lobo solitario”: el suboficial Gustavo Florentín actuó solo, no formó parte de ningún pelotón y de ningún protocolo policial. Para desgracia oficialista, la mentira volvía a durar poco. Las cámaras de ABC TV mostraban que Florentín ya fue asignado en la cobertura policial alrededor del Congreso, cuando se iniciaban las protestas. 

Cuatro años después, casualmente en marzo y también en el marco de protestas ciudadanas, la sede contigua a la ANR (Colorado Róga) fue quemada. El hecho provino de manifestantes indignados que protestaban contra la corrupción y desidia del gobierno en la lucha contra la pandemia del covid-19. Y allí aparece una diferencia sustantiva con el PLRA. Los que ocasionaron el incendio no fueron actores estatales sino manifestantes en el contexto de protestas heterogéneas donde una de las vertientes de esas protestas tomó la forma sintetizada en el hashtag #ANRNuncaMás. Que en parte, fue una reacción ciudadana frente al cartismo quienes al comienzo también se mostraban como sujetos de protestas frente al gobierno de Mario Abdo, su rival en la interna colorada. Como nota de color, mientras los manifestantes protestaban frente a la sede colorada, apareció una persona vestida de civil (aunque personal policial) que disparó con arma de fuego hacia los manifestantes. 

La reacción de la justicia paraguaya fue implacable contra los manifestantes del 2021. Fueron hasta la fecha imputados varios jóvenes, tres de ellos ya se encuentran con prisión preventiva y dos con orden de captura. Paradójicamente el policía que disparaba frente a la ANR contra los manifestantes, apodado “el escopetero”, ya está identificado aunque sigue libre y sin ninguna imputación que lo perturbe en su tranquilidad. Pareciera que la diosa Fortuna estuvo del lado de la ANR ya que la jueza Hilda Benítez está afiliada a la ANR desde 1996. Dirán los críticos que moralmente no le corresponde juzgar lo ocurrido dentro del partido del cual simpatiza, aunque para la institucionalidad judicial seguro será apenas una sonsera sin trascendencia. 

En cambio, la reacción contra los ataques al PLRA en 2017 tuvo un cariz mucho más amable hacia los potenciales agresores. A cuatro años del asesinato de Rodrigo Quintana, no existen condenados y el único acusado es el suboficial Gustavo Florentín. Tampoco se animaron a investigar quién dio la orden de entrar al PLRA aun cuando se aportaron los cruces de llamadas de aquella noche trágica. La muralla infranqueable para que esa prueba sea declarada fútil reside en que allí figuraban altos mandos políticos (colorados y liberales) que -para la siempre dócil justicia paraguaya- no merecían ser expuestos ni incomodados. Prefirieron descargar la espada de la justicia contra el “lobo solitario” ya que allí no corrían riesgos innecesarios.

La quema del Congreso y el destrozo de las patrulleras sí merecieron la inflexibilidad de la Fiscalía, tal como se observa en el gráfico siguiente elaborado por Ultima Hora:

Más del 90% de los investigados e imputados obedecieron a cuestiones ajenas a la muerte de Rodrigo Quintana. Esa fotografía muestra que se puso el acento, los recursos y las ganas en obtener una justicia reparadora por delitos como perturbación de la paz pública o destrucción de edificios. El asesinato por parte del Estado a un joven militante y el atropello en democracia a un partido político no merecieron tanta importancia. Y es lo que cabrá esperar cuando el atropellado sea un partido opositor. 

Si una de las históricas batallas del liberalismo era la de “Iglesia y Estado, asuntos separados”, hoy día la batalla debería pasar a ser “ANR y Justicia, asuntos separados”. Si queremos seguir ampliando y consolidando nuestra joven democracia, esa es una batalla crucial. 

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