Las fronteras calientes y la mancha de petróleo (II)

Por Jorge Rolón Luna**

El homicidio es la peor y más extrema forma de censura. A su vez, cuando cegar una vida es tan fácil como tener el dinero para mandar hacerlo –porque la mano de obra está disponible—, las consecuencias sociales pueden ser catastróficas. Por ello, la expansión del sicariato es algo que debe ser analizado con atención y abordado con premura y energía. Algo que probablemente hace tiempo debió de hacerse. 

En el artículo anterior sobre geolocalización analicé los datos de homicidios por encargo de los 4 primeros meses del año, tomando en consideración los casos por departamento. En dicho artículo mostré hallazgos que podrían considerarse bastante sorprendentes, tales como que en 2021 y 2022, el departamento de Amambay, habitualmente considerado el territorio privilegiado en la violencia del narco, representa hoy menos de la mitad de los casos de sicariato (39%), con otros 9 departamentos repartiéndose el resto, entre los que juegan un papel importante Concepción, Central, Canindeyú y la capital del país. Confirmé entonces la validez del sentido común sobre el sicariato, con ideas como que “el sicariato se expande” y que “Amambay es un punto caliente” (aunque cada vez menos importante, porcentualmente hablando).

Utilicé una analogía que considero útil para comprender lo que ocurre en nuestro país con los homicidios por encargo: el fenómeno de la mancha de petróleo. Esta analogía tiene dos sentidos. Por una parte incluye la idea de la expansión espacial que caracteriza al derrame de los líquidos, como el petróleo en el mar y, por otra parte, incorpora la noción de que esta expansión se hace mientras a su paso mata fauna, flora y otros organismos vivos. El sicariato es algo idéntico. Tiene efectos deletéreos y destructores en múltiples dimensiones, pues ciega vidas singulares pero además aplasta la vida social, política y, finalmente, el Estado de Derecho. 

En esta ocasión, y ya sobre la base de los hallazgos previos, voy a cuantificar e individualizar esta expansión territorial del sicariato, pero desde la perspectiva de las ciudades, localidades y puntos geográficos en los que se han dado en los primeros 4 meses de este año, comparándolos con los primeros 4 meses del año 2021.

Ya en marcha el proceso electoral con vistas a las próximas elecciones nacionales y departamentales, el silencio de los candidatos a diferentes cargos y especialmente de quienes se postulan a la presidencia (con la excepción de uno de ellos), es llamativo y desesperanzador a la vez. La experiencia local e internacional en este asunto está ligada directamente al enfoque que un Estado tenga con respecto al consumo de sustancias que producen efectos en el sistema nervioso central.

En la siguiente gráfica observamos la comparación entre los dos años, por localidades y sus respectivas variaciones. Una conclusión preliminar es que, en general, a la par de que aumentan los casos en el país, aumenta el número de ciudades y localidades en donde ocurren estos hechos. Dicho aumento es en términos absolutos y relativos, salvo excepciones puntuales (Capitán Bado, por ejemplo). Otra cuestión que descuella además es que Asunción ya no es un lugar donde se mata por encargo de casualidad. Algo está ocurriendo en la capital del país, ya que se repiten números y porcentajes. Después volveremos con el análisis singular y detallado de estos dos periodos considerados. 

Ahora, veamos las estadísticas solo de enero a abril del presente año 2022. Encabeza la ciudad de Pedro Juan Caballero con 19 casos y, de forma no tan sorpresiva, en segundo lugar aparece Yby Yau con 7 casos, seguido de Capitán Bado con 6 y, en cuarto lugar, Asunción con 3 casos. 

De una lectura mínima de estos números resalta la preeminencia de ciudades de Amambay como Pedro Juan Caballero y Capitán Bado, que ocuparon el año pasado el primer y segundo lugar, ahora ocupan el primero y el tercero, respectivamente. Luego se destaca el crecimiento de casos en Yby Yau, una localidad que se puede considerar de un buen tiempo a esta parte un “territorio narco”, que pasó del cuarto lugar en 2021 al segundo lugar en 2022. 

¿Qué nos dicen los porcentajes? En primer lugar, un aumento nada despreciable de los casos en Pedro Juan Caballero (17% a 26%), otro aumento destacable de los casos en Yby Yau (4% al 9%), mientras que un punto habitualmente caliente como Capitán Bado pasó del primer lugar al tercero (17% al 8%). 

En lo que hace a Yby Yau, su aumento puede tener que ver con la alta actividad de cultivo y tráfico de marihuana en el departamento de Concepción, a lo que hay que agregar su proximidad al Chaco paraguayo, territorio de pistas clandestinas donde aterrizan aviones con cargas de cocaína provenientes de países productores (Colombia, Perú, Bolivia). Además, Concepción es lugar de entrada de esa cocaína hacia el Brasil, con quien hace frontera, lo que permite presumir disputas entre grupos narcotraficantes en esa zona del país. 

El lugar nada insignificante de Asunción en cuanto a casos tampoco puede pasar desapercibido. Además se repite el mismo número de casos de 2021, por lo que se puede decir que la actividad de sicarios en la capital ya no es casualidad, representando el 4% del total en lo que va del presente año. A modo de brindar información adicional, se añaden abajo los datos desagregados de casos del primer cuatrimestre de 2021.

La comparación por cantidad de localidades muestra que en el periodo considerado en 2021 hubo asesinatos por encargo en 26 puntos geográficos diferentes, en 2022 los hubo en 36, un aumento del 38% de la diversificación geográfica del sicariato.

De estos 36 sitios impactados por los ataques de sicarios en 2022, se repiten las siguientes localidades de 2021: P. J. Caballero, Yby Yau, Capitán Bado, Asunción, Ciudad del Este, Hugua Ñandu, Parque Cerro Corá, Guarambare, Itakyry, Karapã‘i, Mariano Roque Alonso, Sargento José Félix López (Ex Puentesinho), Santani y Ytanarã. Se puede considerar, en principio, que la repetición nos presenta alguna evidencia de actividad de grupos narcotraficantes, dado la dificultad de que este hecho sea fortuito, tomando en consideración las características del sicariato en Paraguay, muy ligada al mundo del tráfico de drogas.

Para finalizar, es categórico que, de un tiempo a esta parte, la mancha de petróleo no hace más que extenderse y cegar vidas humanas sin que el Estado ni la sociedad estén reaccionando para frenar, al menos, su expansión incontrolada. Ya en marcha el proceso electoral con vistas a las próximas elecciones nacionales y departamentales, el silencio de los candidatos a diferentes cargos y especialmente de quienes se postulan a la presidencia (con la excepción de uno de ellos), es llamativo y desesperanzador a la vez. La experiencia local e internacional en este asunto está ligada directamente al enfoque que un Estado tenga con respecto al consumo de sustancias que producen efectos en el sistema nervioso central. La “guerra contra las drogas”, no sólo ha sido un fracaso absoluto en lo que hace a evitar la disponibilidad de sustancias prohibidas, sino que ha traído consigo la violencia del narcotráfico, dado el connubio entre actores políticos importantes y grupos de narcotraficantes, con especial énfasis en zonas de frontera o de producción y tráfico de drogas. Nunca hubo tanta droga en cantidad y variedad en las calles, en otras palabras. La evidencia de que es urgente un nuevo enfoque, que ponga por delante la legalización y la despenalización de todo lo atinente a las drogas hoy prohibidas es improrrogable. Será imprescindible la depuración de la política y de nuestras fuerzas de seguridad, cooptadas o asociadas al narco, al igual que vastos sectores de nuestro sistema de justicia, que requieren un saneamiento profundo. Hacer lo mismo de siempre solo empeorará la violencia y las muertes, como lo prueban la historia reciente y actual.

Imagen de portada: Colprensa

*Este artículo fue escrito antes del atentado que le costara la vida en Colombia al fiscal antidrogas Marcelo Pecci y antes del atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero José C. Acevedo.

** Abogado, docente, investigador independiente, experto en Derechos Humanos. Ex director del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. 

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