Por Marcos Pérez Talia
En una reciente entrega, recuperamos el argumento de Pierre Rosanvallon que examinó los principios de legitimidad de los gobiernos democráticos. A criterio del sociólogo francés, a lo largo del siglo XX quedó constituido un sistema democrático de doble legitimidad, una de entrada (la electoral) y otra de resultados (la administración pública). En dicho artículo, luego de un sucinto debate teórico, exploramos la legitimidad electoral de Paraguay y mostramos datos que sugieren que, al menos desde 2018, hay una erosión en la confianza hacia la democracia electoral. En el presente artículo vamos a indagar la segunda legitimidad, la de resultados.
El principal argumento teórico de Rosanvallon es que, a fines del siglo XIX, la elección popular se constituyó en la única vía de acceso a cargos representativos y, en cierta medida, en la expresión natural de la soberanía popular. Posteriormente, frente a la crisis de representación de inicios del siglo XX, producto del distanciamiento entre los representantes y el pueblo, se consolidó la administración pública. El Estado tuvo que transformarse de un mero guardián de libertades y propiedades, a uno que ofrezca servicios públicos básicos como salud, educación, vivienda y mayores niveles de infraestructura.
Focalizándonos en el caso paraguayo, lo más destacable de su sistema democrático fue la dimensión electoral, que desde las municipales de 1996 se ajustó plenamente a los postulados de democracia procedimental (o poliárquica) de Robert Dahl. Desafortunadamente, emergió un deterioro de la legitimidad electoral luego del mal manejo de las elecciones generales de 2018. A su vez, la legitimidad de resultados nunca logró alcanzar niveles deseables en la democracia paraguaya, cuyas deficiencias datan de mucho tiempo atrás, como veremos a continuación.
Varios trabajos académicos ya han estudiado previamente la capacidad de respuesta estatal de Paraguay. Mikel Barreda y Marc Bou publicaron un artículo académico que midió la calidad de la democracia paraguaya. Una de sus dimensiones analíticas fue el responsiveness, es decir, la capacidad del gobierno para responder a las preferencias de sus ciudadanos, cuyo resultado fue percibido como muy débil, con puntuaciones que colocan al país en las últimas posiciones de América Latina. En otro texto académico, Diego Abente Brun también analizó la calidad de la democracia paraguaya, aunque en línea con la (baja) estatalidad. Sus hallazgos relevaron la persistencia de un Estado débil no sólo como aparato sino también como Estado-para-la-nación. Por un lado, observó un crecimiento constante del tamaño del Estado (también en recaudación y gasto) pero, por otro, sigue teniendo un componente patrimonialista (en los términos de Max Weber), regenteado por empresarios y políticos que colonizan al Estado. Todo ello, en última instancia, ocasiona la mala performance del sistema.
La capacidad de respuesta, o responsiveness, es una característica fundamental de toda democracia. El proceso es un tanto complejo ya que, de manera ideal, sugiere un camino de tres pasos en donde los ciudadanos estructuran y ordenan sus preferencias; luego son agregadas institucionalmente por los partidos al sistema político para, finalmente, convertirse en políticas públicas. La complejidad se agudiza aún más a la hora de evaluar el rendimiento del responsiveness, ya que no existen indicadores claros y precisos, ni tampoco consenso en el mundo académico. Para medir el caso paraguayo, vamos a optar por tres indicadores tradicionales cuyos datos estadísticos obran en las bases de datos de LAPOP y Latinobarómetro.
El primer indicador clásico es el nivel de «satisfacción con la democracia». Si bien puede presentar limitaciones ya que la opinión allí vertida podría estar asociada, antes que con la democracia, con el funcionamiento de algunas instituciones, o incluso con la aprobación (o rechazo) de la gestión del gobierno. A pesar de esos riesgos, el indicador «satisfacción con la democracia» es capaz de manifestarnos un primer panorama respecto al funcionamiento del sistema político.
Gráfico I. Satisfacción con la democracia
Fuente: Bases de datos de LAPOP
Los datos muestran un preocupante resultado de insatisfacción con la democracia, salvo en el año 2010 cuando gobernaba la Alianza Patriótica para el Cambio, con Fernando Lugo en la presidencia. La última medición del 2021, que dio apenas un 30% de satisfacción, es bastante inferior a la media de América Latina de ese año, que se situó en 43%.
La segunda variable que puede arrojar luz es si «los derechos básicos están protegidos», cuyas respuestas van del 1 al 7, donde 1 significa menor protección y 7 mayor protección. En el siguiente gráfico II se muestra la media de respuestas de cada periodo presidencial.
Gráfico II. ¿Los derechos básicos están protegidos?
Fuente: Bases de datos de LAPOP
Nuevamente los resultados muestran una tendencia a la baja. Siendo 7 la respuesta más alta, la media de cada gobierno se encuentra en menos de la mitad de la respuesta más elevada. Salvo, una vez más, durante el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio (2008-13), donde el resultado fue ligeramente superior a la mitad (3.55%).
Finalmente, el gráfico III exhibe las respuestas sobre la percepción con «el funcionamiento de la economía» durante los últimos cinco gobiernos presidenciales.
Gráfico III. Satisfacción con el funcionamiento de la economía
Fuente: Bases de datos de Latinobarómetro
La insatisfacción es muy elevada y sostenida en el tiempo, mientras que la satisfacción es muy baja. Durante los gobiernos de Luis González Machi (1999-2003), Nicanor Duarte Frutos (2003-08) y Mario Abdo Benítez (2018-23) la satisfacción no superó siquiera el 10%. Los mejores resultados se obtuvieron en el gobierno de Fernando Lugo, con el 28%, y el de Horacio Cartes, con el 16%.
La capacidad de respuesta, o responsiveness, es una característica fundamental de toda democracia. El proceso es un tanto complejo ya que, de manera ideal, sugiere un camino de tres pasos en donde los ciudadanos estructuran y ordenan sus preferencias; luego son agregadas institucionalmente por los partidos al sistema político para, finalmente, convertirse en políticas públicas.
Las dos fuentes de legitimidad democrática en Paraguay están bajo tela de juicio. Pero ya no se trata de una mera situación transitoria que pueda superarse mediante alguna sencilla cirugía institucional. Se requiere, además, una profunda innovación estructural del sistema político.
Es urgente recuperar la confianza en la democracia electoral, pero mucho más aún es fortalecer la democracia de resultados. Desde hace mucho tiempo, todas las mediciones de cultura política (tanto LAPOP como Latinobarómetro) vienen llamando la atención sobre la insatisfacción de la ciudadanía paraguaya respecto a la democracia y el rendimiento de sus instituciones.
Las elecciones generales del 2023 podrían ser un lugar común para iniciar, de una vez por todas, los cambios impostergables.
Imagen de portada: Marce.af / www.revistaciendiascinep.com