Por Juan A. Martens Molas *
El sicariato es la materialización de la justicia del crimen organizado. Es un mecanismo ágil de resolución de los conflictos que se originan en el mercado criminal. De allí, para entender las implicancias de un caso debemos ampliar nuestra mirada al contexto, los actores en disputa, las responsabilidades de los organismos de seguridad y justicia e, incluso, a las reacciones que se generan en la prensa y la sociedad.
El sábado 25 de febrero de 2023, dos encapuchados persiguieron y dispararon 34 proyectiles a Ederson Salinas Benítez en el estacionamiento de un supermercado, matándolo en el acto. Casi todas las balas fueron al rostro y cabeza de la víctima. El hecho quedó grabado en cámaras de video vigilancia. Ederson tenía 33 años y desde hace más de 15 años, como muchos jóvenes de su ciudad, estaba al servicio de empresarios de frontera, de esos cuyas actividades se mueven entre lo legal e ilegal, sin que despierte interés institucional alguno.
Lo mataron en Asunción, donde vino a refugiarse. En marzo de 2022, unas 15 personas con pistolas y fusiles AK-47 atacaron su casa búnker que habitaba en el centro de Pedro Juan Caballero (PJC). Dejaron más de 200 vainillas percutidas. La magnitud del ataque hizo que las fuerzas de seguridad se hicieran presentes (entre estos, uno de sus protectores) impidiendo que los agresores concreten su objetivo. Como lo encontraron con un arma sin documento, lo detuvieron. Desalojaron de su oficina al entonces subjefe de Investigaciones para prepararle una celda, ya que él no podía estar en un calabozo. Pronto quedó sobreseído, sin cargo alguno. Se movía en una camioneta blindada, sin chapa. Circuló más de 500 kilómetros entre Pedro Juan y Asunción sin que nadie lo molestara.
En su ficha policial consta que no tiene antecedentes ni procesos penales abiertos; sin embargo, tras su muerte, un alto jefe policial declaró que lo tenían en la mira por sus vínculos con el narcotráfico e incluso con el asesinato de Leo Veras, comunicador de PJC, ocurrido en febrero de 2020. Se dijo, también, que formaba parte del Primer Comando Capital (PCC), la mayor empresa criminal de la región, con presencia y negocios en Paraguay desde hace al menos 15 años.
Entonces, ¿cómo se movía tan tranquilamente por Asunción, al punto de ir con su novia a una peluquería? El marco explicativo elaborado por el profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Michel Mise, puede ayudar a la comprensión. Mise sostiene que una parte del éxito de las organizaciones criminales puede atribuirse a la compraventa de mercancías políticas, es decir, información privilegiada que recogen miembros de los organismos de seguridad en cumplimiento de sus funciones y que ponen al servicio de bandas criminales, ya sea a cambio de dinero, o para poner determinado precio a su silencio y/o inacción.
En el caso que nos ocupa, la Policía tiene un profundo conocimiento de los actores y sus dinámicas delictivas en cada rincón del territorio nacional. Recogen diariamente gran volumen de información que les permitiría predecir e interceptar actividades ilegales. Sin embargo, estos conocimientos son usados mayoritariamente para beneficio personal, concretamente, para recaudar dinero y enriquecerse. Una parte de lo recogido (de los narcos, contrabandistas y otros delincuentes) se hace llegar al jefe más próximo y otro tanto, se envía a la Capital. Es un esquema que funciona perfectamente desde hace mucho tiempo y cualquier intento de no amoldarse implica el inmediato traslado, según me explicó un oficial meses atrás.
Este marco conceptual puede arrojar luz sobre por qué Ederson Salinas no tenía ni siquiera orden de captura, a pesar de aparecer en escuchas del Operativo North, ya en 2019, aquel donde apresaron a unos 20 uniformados, por cooperar con el entonces jefe del PCC en Pedro Juan, Levi Adriani Fabricio. Probablemente, allí también operó su estrecho vínculo y protección por parte de altos jefes policiales.
Esta venta de mercancías políticas no es privativa de la Policía Nacional, sino que representa una práctica común de agentes de la SENAD y del Ministerio Público, según cuentan algunos miembros de bandas criminales, quienes ya prevén un presupuesto para las compras respectivas, a fin de evitar riesgos, como la pérdida por incautación o una intervención inesperada.
El asesinato de Ederson y otros hechos vinculados al narcotráfico (por ejemplo, los asesinatos de M. Schwartzman y Willian Giménez o la detención de Eduardo Aparecido de Almeida o Pisca) en Asunción develan la funcionalidad de la Capital como refugio y centro de operaciones de actores del mercado criminal, al mismo tiempo que muestra la capacidad logística que tienen estos grupos criminales para realizar atentados en espacios más controlados y urbanos.
En este punto, no hay que olvidarse de que las mega cargas de cocaína incautadas en Europa, en 2021, se embarcaron en Asunción y alrededores. Claramente, estos hechos ponen de manifiesto la expansión del crimen y el hecho de que dejó de ser un problema local de zonas de frontera.
Por otra parte, Ederson se codeó con la más alta autoridad del PCC a nivel local, desde Levi a Minotauro, hasta obtener confianza y, así, escalar en la estructura. Sin embargo, a medida que adquiría poder, incumplía algunas reglas básicas de la organización, que, por sobre todo, busca hacer negocios y ser justos en el mundo del crimen. En ese mundo, todo está reglado y algunos desvíos se castigan con la muerte.
Ederson tomó decisiones sobre la vida de algunas personas, sin consenso ni autorización, lo que atrajo presencia institucional. Se convirtió en un problema del que había que deshacerse, ya que rompió el statu quo que permite la buena marcha de los negocios de frontera. Esta hipótesis se confirmaría con los disparos que destruyeron su cabeza.
¿cómo se movía tan tranquilamente por Asunción, al punto de ir con su novia a una peluquería? El marco explicativo elaborado por el profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Michel Mise, puede ayudar a la comprensión. Mise sostiene que una parte del éxito de las organizaciones criminales puede atribuirse a la compraventa de mercancías políticas, es decir, información privilegiada que recogen miembros de los organismos de seguridad en cumplimiento de sus funciones y que ponen al servicio de bandas criminales, ya sea a cambio de dinero, o para poner determinado precio a su silencio y/o inacción.
La carrera criminal y el asesinato de Ederson Salinas nos enfrentan con instituciones de seguridad y justicia, que son funcionales y al servicio del crimen organizado y no al Estado de Derecho. Asimismo, dan cuenta de una sociedad que, por miedo o conveniencia, tolera la situación y sigue entregando a sus jóvenes como mano de obra descartable. En este sentido, es llamativo que apenas un sector de la prensa se apartó de una lectura descriptiva de los hechos e hizo preguntas incómodas para poder entender el contexto institucional y las condiciones que posibilitaron la expansión del crimen organizado.
Luego de este hecho, me queda claro que para enfrentar al crimen organizado no bastarán los buenos discursos, ni medidas tibias. Implicará una revolución interinstitucional, llevada adelante por líderes con coraje y valentía para soportar presiones y hasta atentados, ya que afectarán el negocio de muchas personas con armas y poder, acostumbradas a matar gente para resolver sus problemas.
Imagen de portada: Levi Adriani Fabricio y Ederson Salinas conversando a finales de 2018 en Pedro Juan Caballero, Paraguay. Imagen de archivo del autor.
* Director Ejecutivo de INECIP-Paraguay. Doctor por la Universidad de Barcelona-España (UB). Máster en Criminología, Política Criminal y Seguridad (UB) y Garantismo Penal y Derecho Procesal, Universidad Nacional de Pilar (UNP-INECIP). Abogado-UNA. Profesor investigador de la UNP e INECIP-Paraguay. Profesor de Criminología-Facultad de Derecho UNP y UNICAN. Investigador categorizado Nivel II PRONII-CONACYT.