Acribillamientos y operativos cosméticos de la Policía: Reacción criminal e institucional tras el asesinato de Ryguasu
Por Juan A. Martens Molas*
El asesinato de Ederson Salinas, alias Ryguasu, en el estacionamiento de un supermercado de Asunción, el sábado 25 de febrero de 2023, conmocionó a la sociedad, a la Policía Nacional y está generando reacción de actores del mercado criminal. Puso contra la pared a la cúpula policial ya que dejó al descubierto la estrecha vinculación de un sector de los uniformados con el crimen organizado, ya sea por la venta de información privilegiada o por la inacción con el fin de que los delincuentes actúen con tranquilidad.
La presión mediática e institucional fue constante durante los días que siguieron al asesinato. Sin embargo, ya pasaron más de 10 días del hecho y no se presentaron noticias sobre los sicarios o su ruta. Ni siquiera se localizó el automóvil utilizado para la fuga.
Es sorprendente que no haya más información, teniendo en cuenta que la ejecución se realizó en un barrio de clase media, donde hay cientos de cámaras de videovigilancia. La fiscal interviniente, Patricia Sánchez, afirmó que estaba oficiando para recoger las imágenes de los alrededores desde la madrugada del asesinato, pero hasta el momento no comunicó novedades al respecto.
Por eso, para descomprimir la presión, la policía recurrió a una vieja estrategia: desviar la atención pública con exitosos operativos, donde en realidad son detenidos los últimos eslabones de una estructura criminal, de modo que no se afecte el negocio y todo siga igual.
Las reacciones cosméticas de la Policía Nacional, como sucedió en Capitán Bado y San Lorenzo, (con la clara intención de desactivar la presión ciudadana), como las ejecuciones realizadas en Pedro Juan Caballero este domingo 5 de marzo son expresiones de la gobernanza criminal y del continuo flujo de dinero proveniente del narcotráfico hacia las arcas de algunos funcionarios.
Es así como, en la madrugada del jueves 2 de marzo, el Departamento Antisecuestros de la Policía entregó a los medios de comunicación un video en el que se observa la detención de un brasileño que operaba en Capitán Bado. Fue presentado como uno de los mayores proveedores de drogas y armas del Comando Vermelho, la mayor organización de narcotraficantes del Brasil. En las imágenes, se puede ver a Araújo de Abreu junto a otras 10 personas mientras eran detenidas. También filtraron imágenes de municiones y algunas armas. Lo cierto es que sólo de Abreu fue expulsado, los demás quedaron libres pues no habían cometido ningún delito.
En realidad, Andrés’i (como era conocido de Abreu entre los policías de Bado) era apenas un pira’i mensualero, es decir, un delincuente de poca monta que pagaba mensualmente cerca de 500 mil guaraníes a la Policía local para moverse y realizar sus actividades, sin que nadie le moleste. Estaba muy lejos de ser patrón de una estructura narco. Precisamente por eso era el candidato perfecto para convertirse en el chivo expiatorio de situaciones donde la Policía tiene apremio por conseguir resultados.
En Capitán Bado operan dos grandes estructuras criminales con la aquiescencia institucional. La primera está vinculada a Felipe Barón Escurra y la otra, a Danilo Giménez, compadre y cuñado de Ederson Salinas. En enero de este año, fue detenido René Ramírez, suboficial destinado a la principal Comisaría de la ciudad, acusado de proveer datos y armas a Escurra. La jueza Rosarito Montanía, Especializada contra el Crimen Organizado, decretó su prisión preventiva. La detención de Ramírez además de confirmar la infiltración institucional es una muestra de que la intervención alcanza a los eslabones más bajos de la estructura y sólo excepcionalmente, a los líderes.
En el imaginario policial local estos patrones son los intocables porque negocian “arriba”, en la cúpula policial. Cuando en las barreras policiales son detenidos sus secretarios, basta que informen de esta situación para que no sean molestados, sin importar que transporten armas o drogas. Nande pu’aka moãi hesekuera (no vas a poder contra ellos) y es mejor evitar problemas, me explicó un policial local cuando le pregunté por qué actuaban de esta manera.
Al día siguiente del operativo de Capitán Bado, detuvieron en San Lorenzo a tres personas vinculadas a un esquema de extorsión a comerciantes por la venta de mercaderías de contrabando; entre ellos, al subcomisario Rodolfo Martínez Molinas, jefe de Inteligencia de Delitos Económicos y Financieros de la Policía. El hecho no llamaría la atención y hasta podría entenderse como parte de un esquema de lucha contra la corrupción institucional, si no fuera porque la causa en la que se dieron las detenciones es de septiembre de 2022, o sea, seis meses atrás.
En un hecho con escasos precedentes en Pedro Juan Caballero, este domingo 5 de marzo de 2023 ocurrieron dos acribillamientos, ambos en la vivienda de cada víctima. En el primer caso, seis hombres armados con fusiles ingresaron a la casa y habitación donde dormía Alberto Medina (34 años), con su mujer e hijo, en el barrio Jardín Aurora. Lo esposaron, torturaron y luego mataron con disparos de fusil, así como había pasado con Carlos Rubén Sánchez, Chicharõ, en agosto de 2021. Unas horas más tarde, cerca de las 11 h, esta vez en el Barrio Obrero, acribillaron a Diego Antonio del Valle (26 años) en su patio, donde estaba compartiendo la mañana del domingo con su familia.
Según la esposa de Sánchez, los atacantes buscaban algo. Dijo que revolvieron toda la casa y preguntaban insistentemente “¿dónde está? ¿dónde está?”. Estas dos ejecuciones estarían vinculadas al maletín que se retiró del departamento de Ryguasu en Asunción, tras su asesinato. “Están detrás del maletín”, afirmó un policía de inteligencia. Es que fácilmente en esas bolsas entran hasta 5 millones de dólares, agregó.
Las reacciones cosméticas de la Policía Nacional, como sucedió en Capitán Bado y San Lorenzo, (con la clara intención de desactivar la presión ciudadana), como las ejecuciones realizadas en Pedro Juan Caballero este domingo 5 de marzo son expresiones de la gobernanza criminal y del continuo flujo de dinero proveniente del narcotráfico hacia las arcas de algunos funcionarios. El objetivo, tal como lo describí en un artículo anterior, es comerciar mercancías políticas que aseguren impunidad al comprador y enriquecimiento personal a los operadores, todo en detrimento del cumplimiento de la ley.
* Director Ejecutivo de INECIP-Paraguay. Doctor por la Universidad de Barcelona-España (UB). Máster en Criminología, Política Criminal y Seguridad (UB) y Garantismo Penal y Derecho Procesal, Universidad Nacional de Pilar (UNP-INECIP). Abogado-UNA. Profesor investigador de la UNP e INECIP-Paraguay. Profesor de Criminología-Facultad de Derecho UNP y UNICAN. Investigador categorizado Nivel II PRONII-CONACYT. Director Ejecutivo-INECIP-Paraguay.
Fuente de la imagen: Archivo del autor. Se trata de personas detenidas y algunas de las evidencias presentadas tras el allanamiento en Capitán Bado, donde también detuvieron a de Araújo. Al final, las demás personas detenidas fueron liberadas