Revisión de 5 (cinco) causas emblemáticas de corrupción del Observatorio del Poder Judicial
Por Alejandra Del Puerto *
En una primera edición, analizamos la plataforma del Observatorio de Causas de Corrupción del Poder Judicial, su nacimiento y el formato de su contenido. Advertimos que posee registro de más de 120 causas emblemáticas vinculadas a hechos de corrupción cometidas por funcionarios públicos o figuras vinculadas a grupos de poder, cuyas etapas procesales se van actualizando quincenalmente (en la mayoría de los casos, gracias el monitoreo que ejerce la Coordinadora de Abogados del Paraguay – COAPY en adelante).
El presente artículo, pretende ahondar en la información proporcionada por el Observatorio, a partir de una breve revisión de 5 (cinco) causas emblemáticas de corrupción escogidas al azar y sus estados. De este modo, buscamos evaluar si podemos comprender lo que está sucediendo en estos expedientes judiciales, revisándolos en la plataforma para, de este modo, testear su utilidad. También analizamos notas periodísticas, a fin de complementar la información de las causas. Elaboramos una tabla (ver aquí) considerando las etapas del proceso penal, para relevar la información de cada causa e indicar en qué estadio procesal se encuentran, mostrar la duración del proceso desde el primer acto del procedimiento y plasmar las resultas de las sentencias, si las hubiere.
Los casos revisados fueron los siguientes: (1) “Justo Pastor Cárdenas Núnez y otros sobre enriquecimiento ilícito y otro”, (2) “Froilán Enrique Peralta Torres y otros s/ cobro indebido de honorarios y otros”, (3) “Raúl Antonio Fernández Lippmann s/ enriquecimiento ilícito Ley 2523/2004”, (4) “Sindulfo Blanco y Victor Núñez sobre prevaricato y otros” y (5) “Oscar Rubén Velázquez Gadea y otros sobre estafa y otros”.
es fundamental monitorear y analizar que sucede con las causas penales vinculadas a casos de corrupción y, por sobre todo, que los responsables reciban las condenas que correspondan por el perjuicio que ocasionaron
El caso de Justo Pastor Cárdenas Núnez. El ex titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y sus hijos fueron acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por el monto de Gs. 4.113.282.870. En este caso, los jueces concluyeron que no se pudo atribuir a los hijos los hechos punibles mencionados, pero si para Justo Cárdenas. Según la información encontrada en el Observatorio, podemos visualizar que el proceso inició con el acta de imputación el 23 de noviembre de 2018. El 24 de febrero de 2021, el Tribunal de Sentencia Nº 5, emite la Sentencia Definitiva Nº 126 declarando culpable por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y condenando a 4 (cuatro) años de cárcel a Justo Cárdenas, absolviendo a sus hijos y ordenando el comiso especial de varios de sus bienes. En este caso se observa que la Agente Fiscal Natalia Fuster interpone un recurso de apelación contra la Sentencia Definitiva Nº 126, el 29 de abril de 2021. Aquí resulta importante mencionar que en el Observatorio no se plasma la descripción de los hechos, ya sean los que motivaron el inicio del proceso penal o en este caso, los que llevaron a la Agente Fiscal a plantear la apelación de la Sentencia Definitiva. Sólo observando notas periodísticas podemos conocer los hechos atribuidos a los acusados o la intención de la Agente Fiscal de buscar aumentar la pena de Justo Cárdenas, salvo que claro, tengamos el expediente en las manos. Es así, que el 30 de julio de 2021 el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, admite el recurso de apelación de la fiscalía, anulan parcialmente la Sentencia Definitiva Nº 126, y ordenan un nuevo juicio oral y público al solo efecto de individualizar la pena. Según datos del Observatorio, luego de 2 (dos) años, y varios recursos de posposición por parte de la defensa de Justo Cárdenas, finalmente es fijado el Juicio Oral y Público para el 22 de setiembre de 2023. Como la última actualización del Observatorio es de fecha 15 de setiembre de 2023, nos enteramos por la prensa que finalmente el Tribunal de Sentencia aumentó a 7 años la condena para Justo Cárdenas, ante el pedido de la fiscalía de 11 años de prisión para el ex titular del INDERT. Hasta aquí, contabilizamos que el proceso lleva 4 (cuatro) años y 10 (diez) meses en curso, entendiendo que lo más probable es que la defensa del acusado presente una apelación a la última sentencia, entre otros recursos y el proceso se extienda mucho más. Sobre este caso, podemos decir que si bien el proceso ya cuenta con una Sentencia Definitiva que confirmó la comisión de los hechos punibles y otra, que aumentó la pena, aún pasará un tiempo hasta conocer los resultados definitivos del proceso.
El caso de Froilán Enrique Peralta Torres, que motivó las protestas #UNANoTeCalles. El ex rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), fue acusado de ocasionar un perjuicio patrimonial de Gs. 1.154.401.744 contra la Universidad, por cobro indebido de honorarios. En este mismo caso, otra involucrada fue María del Carmen Martínez conocida como la “come papeles”, acusada por estafa al quedarse con parte de salarios de dos funcionarios de la Universidad. Este caso fue tan emblemático que, cientos de jóvenes protestaron por más de tres días en la casa de estudios a nivel país. Conforme a la información que pudimos encontrar en el Observatorio, los acusados fueron imputados el 17 de diciembre de 2015. El 08 de agosto de 2022, el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Central, 6 (seis) años y 8 (ocho) meses después de iniciado el proceso, emiten la Sentencia Definitiva Nº 562 declarando culpables a Froilán Peralta por lesión de confianza y a María del Carmen Martínez por estafa, condenando a ambos con la pena privativa de libertad de 3 (tres) años. Ambos acusados apelaron dicha sentencia, y por Acuerdo y Sentencia Nº 70, el 1 de marzo de 2023, el Tribunal de Apelación en lo Penal, confirma la sentencia definitiva. El caso incluso llega a tercera instancia, donde la Corte Suprema de Justicia rechaza los recursos de casación planteados por los acusados contra el Acuerdo y Sentencia Nº 70, en junio de 2023. De este modo, luego de 7 (siete) años y 6 (seis) meses los involucrados en este caso de corrupción, cuentan con condena firme. Según notas periodísticas (fuente: Ultima Hora del 18 de setiembre de 2023) ya han ordenado la detención de los acusados para que cumplan su condena en Tacumbú y el Buen Pastor, respectivamente.
El caso de Raúl Antonio Fernández Lippman. El ex secretario general del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) –en la época en que el JEM era presidido por el fallecido exsenador colorado Óscar González Daher– es acusado de no poder justificar sus ingresos de más de Gs. 1.300.000.000, entre los años 2007 y 2017. Aquí cabe mencionar que Raúl Fernández Lippmann fue condenado en un anterior juicio por tráfico de influencias a tan sólo 2 años de pena privativa de libertad, en el caso conocido como audios filtrados del JEM. No obstante, no fue a prisión ya que los jueces le beneficiaron con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena (fuente: Ultima Hora del 24 de abril de 2023). En el caso registrado en el Observatorio, el proceso inicia el 28 de diciembre de 2017 con el acta de imputación por los hechos de enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero. Luego de varios recursos planteados en el expediente, el 24 de abril de 2023 el Tribunal emite la Sentencia Definitiva Nº 135, condenando a Fernández Lippman a 7 (siete) años de cárcel. El último registro en el Observatorio es el planteamiento del recurso de apelación por parte de la defensa del acusado, llevando el caso a la segunda instancia. Con esto, el proceso aún seguirá su curso hasta que podamos ver un resultado definitivo, teniendo hasta la fecha una duración de 5 (cinco) años, 4 (cuatro) meses.
El caso de Sindulfo Blanco y Víctor Núñez. Ambos exministros de la Corte Suprema de Justicia, fueron acusados como coautores de prevaricato, hecho punible que se configura cuando un juez o funcionario, teniendo a su cargo la decisión de un asunto jurídico, resuelve violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes. Según los fundamentos de la fiscalía, ambos exministros se apartaron de la norma al admitir un recurso de casación planteado en la causa “Peter David Kennedy s/ apropiación y otros”, condenándolo de forma directa a una pena de 2 (dos) años y 6 (seis) meses de cárcel. Como no retornaron la causa a un nuevo juicio oral y público, arrogándose facultades de un Tribunal de Sentencia, se perjudicó al procesado que incluso cumplió 14 meses en un centro penitenciario. Conforme a los datos del Observatorio, se visualizó que el Ministerio Público presentó la solicitud de inicio de la causa el 26 de abril de 2016 y el Juzgado Penal de Garantías Nº 11 dio por recibido el pedido el 22 de noviembre de 2018, dos años y medio después sólo para iniciar la causa. El 24 de mayo de 2022, conforme a la Sentencia Definitiva Nº 185, ambos procesados fueron absueltos. Por Acuerdo y Sentencia Nº 49, en tan sólo 2 (dos) meses y unos días, el 09 de agosto de 2022, el Tribunal de Apelación en lo Penal confirma la sentencia definitiva, sin advertir la presentación de otros recursos posteriores. De esta forma, de los cinco casos revisados se trata de la causa con menor duración, con tan sólo 3 (tres) años y 6 (seis) meses de tiempo.
Finalmente, el caso de Oscar Rubén Velázquez Gadea, más conocido como el caso de la “secretaria VIP”. Ex contralor de la Contraloría General de la República, acusado por los hechos punibles de lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, al permitir que la exfuncionaria Liz Paola Duarte cobre horas extraordinarias sin cumplirlas. Se evidenció que en un sólo mes marcó 229 horas extras, cobrando Gs. 37.000.000, monto mayor al salario del propio ex contralor. Uno de los hechos más notorios del caso se constató cuando la señora Liz Paola Duarte llegaba un sábado a altas horas de la noche, con su mascota, para registrar su horario de salida de la Institución. El daño patrimonial fue de Gs. 1.121.319.953. En este caso, fueron procesados el ex Contralor, Liz Paola Duarte y los funcionarios involucrados en el proceso administrativo. La causa penal inició el 20 de junio de 2015. El 10 de mayo de 2019 fue dictada la Sentencia Definitiva Nº 142 declarando culpable a Oscar Velázquez y a ciertos exfuncionarios por lesión de confianza y a Liz Paola Duarte y demás exfuncionarios, por el hecho punible de cobro indebido de honorarios. Oscar Velázquez fue condenado a 4 (cuatro) años de pena privativa de libertad, y Liz Paola Duarte a 1 (un) año y 9 (nueve) meses de pena privativa de libertad y a devolver la suma percibida en concepto de horas adicionales equivalente a la suma de Gs. 160.083.711. A pesar de la presentación de los recursos de apelaciones correspondientes y recursos de casación planteados por las defensas de los acusados, el Tribunal de Apelaciones dictó la Sentencia Definitiva Nº 97 el 23 de diciembre de 2019, confirmando la sentencia definitiva inicial, y la CSJ, el Acuerdo y Sentencia Nº 479, rechazando los recursos de casación. De este modo, las condenas quedaron firmes. Según las últimas actuaciones registradas en el Observatorio, la sentencia de Oscar Velázquez de 4 (cuatro) años debía cumplirse en mayo de 2023, pero ya el 14 de octubre de 2022 se le otorgó libertad condicional, 7 (siete) meses antes de la fecha prevista. En este sentido, esta causa penal tuvo una duración de 5 (cinco) años, 11 (once) meses.
Luego de la revisión de esta pequeña muestra de casos, podemos sacar algunas conclusiones. La primera es que la información alojada en el Observatorio no es suficiente para comprender los casos. Sin la información complementaria de ciertas notas periodísticas no hubiese sido posible conocer los antecedentes de las causas o las motivaciones de los recursos planteados por las partes. Segundo, aquellas causas que pasaron por todas las instancias llevaron casi 6 (seis) o más de 7 (siete) años, para llegar a una condena firme. Aquí sería interesante estudiar el resto de los casos registrados en el Observatorio, para determinar el promedio de tiempo que lleva llegar hasta un resultado definitivo y cuántos funcionarios hallados culpables de hechos de corrupción realmente van a la cárcel. Por último, resulta llamativo el caso de los exministros de la CSJ, donde se pudo advertir el tiempo de dos años y medio que demoró el Juzgado en tan sólo aceptar el inicio del proceso. No obstante, no fueron plasmados los motivos de dicha demora. En este caso, podría evaluarse con que garantías cuentan los Juzgados y Tribunales intervinientes cuando deben dar inicio y estudiar causas que involucran a ex autoridades de mayor jerarquía del mismo Poder, como en este caso, a ex ministros de la CSJ.
Para finalizar, con esta metodología, en el futuro, si aplicásemos a todas las causas registradas en el Observatorio podríamos realizar un análisis comparativo del porcentaje de avance de cada proceso; evaluar cuántos procesados son condenados efectivamente, cuántos son absueltos o cuántas causas fenecen por el transcurso del tiempo. También podríamos examinar la cantidad de recursos que plantean las defensas de los procesados para evitar llegar a un Juicio Oral y Público o tan sólo presentarse a las audiencias. Por último, podríamos evaluar la duración total de los procesos, las dilaciones, así como los resultados de las sentencias, identificando a los jueces y tribunales responsables.
En definitiva, es fundamental monitorear y analizar que sucede con las causas penales vinculadas a casos de corrupción y, por sobre todo, que los responsables reciban las condenas que correspondan por el perjuicio que ocasionaron. Por esto, el Observatorio debe continuar ofreciendo esta información e incluso ser potenciado, para brindar a la ciudadanía el reporte del avance y los resultados de estos casos, ya que, sin la vigilancia de la sociedad civil, los medios y la ciudadanía en general, de seguro, estos procesos no avanzarían como lo hacen cuando se encuentran bajo escrutinio público.
* Alejandra Del Puerto es Máster en Gestión Pública Avanzada por la Universidad de Barcelona.
Imagen de portada: La Estrella de Panamá
Este artículo se publica en el marco de la iniciativa “Control joven para una mejor gestión pública”, impulsada por el Centro Interdisciplinario de Investigación Social (CIIS) con apoyo del CIRD, en el marco del proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción.