La educación superior nunca fue una prioridad en Paraguay

Por Shirley Gómez Valdez.

Según la constitución nacional del país “la finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores es la formación profesional superior, la investigación científica y tecnológica, así como la extensión universitaria”.  Sin embargo, la finalidad práctica de muchas de estas instituciones terciarias está siendo muy discutida en los últimos días por las dudas que existen en torno al título de abogado del Senador Hernán Rivas, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, situación que no es nueva por lo que es relevante entender el contexto del sector.

La educación universitaria en Paraguay pasó por tres etapas principales que son importantes comprender. La primera (1889-1960) se caracteriza por la presencia única de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) la segunda etapa (1960-1989) se identifica con la aparición de la Universidad Católica de Asunción (UCA), de carácter privado; y, la tercera etapa (1989, fin de la dictadura en adelante), se asocia al rápido crecimiento de la oferta universitaria. Actualmente existen 57 universidades, de las cuales 10 son públicas y 47 son privadas, en un país en donde la población es de 6.109.644 habitantes.

A la par, la expansión de la matrícula fue una característica del sector durante la década de los 90. Esta expansión de la matrícula no fue exclusiva de Paraguay, fue una característica de la región. A nivel latinoamericano la tasa bruta de la matrícula creció del 17% en 1991 al 40% en 2010 , y se crearon 2300 nuevas instituciones de educación superior entre 2010 y 2015. Sin embargo, a pesar de la expansión de la matriculación, Paraguay presentó dificultades vinculadas principalmente a la calidad de las instituciones que se crearon. Muchos actores vieron la necesidad de los jóvenes de acceder a la educación superior, como una oportunidad para hacer negocios.

Entre 1993 y 2005 las universidades fueron creadas por ley del Congreso Nacional previo dictamen con carácter vinculante del Consejo de Universidades (un órgano previo al CONES, Consejo Nacional de Educación Superior). En el año 2006 esto cambió con una nueva legislación conocida como “Ley Marcos” (Por el Senador Juan Manuel Marcos, PLRA), que estableció que el dictamen previo del Consejo de Universidades ya no sería vinculante y además no se solicitaba un proyecto educativo como requisito esencial para su aprobación. Esta situación generó la proliferación de instituciones que no cuentan con respaldo de informes técnicos que avalen el cumplimiento de requisitos educativos mínimos, dejando la creación de universidades al arbitrio de los legisladores.

Figura N.º 1: Creación de universidades privadas y públicas en Paraguay por año.

Fuente: Elaboración propia en base a leyes de creación de universidades. Nota: El 43,8% de las universidades paraguayas que operan actualmente fueron creadas entre 2006 y 2009 bajo el amparo de la Ley Marcos.

En el año 2010, ante las denuncias de irregularidades ocurridas en las instituciones universitarias, luego de esta expansión, se aprobó una nueva legislación que restituyó el carácter vinculante del dictamen del Consejo de Universidades para la creación de universidades. En el mismo año, se aprobó otra legislación que suspendió la creación de universidades e institutos superiores hasta tanto sea promulgada la ley de educación superior que no fue aprobada hasta el año 2013.

Si bien a nivel institucional y formal hemos avanzado en los últimos años, un cambio de paradigma para la educación superior nunca fue una prioridad para ningún gobierno durante el periodo democrático. Prueba de ello es que en ninguna de las reformas educativas planteadas por distintos gobiernos se incluyó a la educación superior como parte del sistema a ser reformado. Generalmente esta situación es atribuida a que la educación superior es una especie de caja de pandora que es mejor no abrirla por el costo político que conlleva.

En este sentido, debo mencionar que hubo intenciones de parte de algunos actores políticos de impulsar algunos cambios. Por ejemplo, la actual Senadora Blanca Ovelar (ANR) durante su época en el Ministerio de Educación, junto con un equipo técnico del MEC, algunos actores universitarios, así como asociaciones profesionales con apoyo del MERCOSUR, impulsaron la creación de un organismo responsable de evaluar y acreditar la calidad de las instituciones terciarias (la ANEAES). La creación de esta institución al menos ayudó a que se instale el debate sobre la importancia de evaluar la calidad de las instituciones de educación superior, aunque la efectividad de estos mecanismos aún sea débil.

Por otra parte, se encuentra el CONES, que está conformado principalmente por actores que están vinculados de forma directa o indirecta a las mismas instituciones terciarias y que además no cuenta con presupuesto suficiente. Esta institución es la responsable de la habilitación de las universidades y de solicitar el cierre, según sea el caso. La creación  de esta institución se basa principalmente en ser la responsable de proponer y coordinar las políticas de educación superior, pero en la práctica es un espacio en donde algunos Rectores disputan el poder en el sector. En este contexto, el Ministerio de Educación perdió totalmente el protagonismo como ente rector de la educación superior en el país, con un Viceministerio de Educación Superior que sólo sirve de nexo entre instituciones.

Además de esta cuestión institucional es importante señalar que el país no cuenta con registros estandarizados de estudiantes matriculados en universidades, desagregados por instituciones, años y carreras.  Los datos disponibles son los de la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Católica, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Si uno necesita conocer el estado de las carreras universitarias en el país, la información disponible es sobre habilitación o acreditación de carreras y, de forma complementaria, el registro de títulos.

Lo que sucede con este registro de títulos es que se realiza en el MEC, institución que no tiene los datos estandarizados proveídos por la universidad ni tiene como comprobar la veracidad de esa información. Es decir, el MEC recibe documentos para registrar títulos, pero debe confiar en la información que provee la universidad. Si el legislador en cuestión registró su título en el MEC, el Ministerio no tiene forma de comprobar que el Senador realmente cursó ese grado académico, su única forma de verificar es confiando en las documentaciones que esa misma universidad le proveyó. La falta de esta trazabilidad no sólo afecta a la credibilidad de los títulos de educación superior, sino que puede dar lugar a que algunas instituciones que operan en el sector de educación superior sirvan como herramientas para justificar dinero proveniente de negocios vinculados al crimen organizado.

Sumado a esto, es importante comprender que la cuestión en educación superior no es sólo un problema institucional, también es cultural. Existen personas que aceptan recibir un título de maestría y doctorado luego de haber cursado uno o dos años, con escasa intensidad de estudios y producción científica, o aquellas que obtuvieron su título de Abogado o Médico asistiendo a clases sólo algunos días por semana.

En un sistema de educación superior de modelo napoleónico en el que, en general, no se complementa el acceso al ejercicio profesional con exámenes de colegios profesionales, seguimos otorgando licencias que pueden, literalmente, llevar a la muerte a muchas personas. ¿Y si el título del legislador Rivas fuese el de Médico y no Abogado? ¿comprenderíamos mejor el impacto de no supervisar con mayor efectividad la educación superior paraguaya?.

Imagen de portada: Imagen original de Terere Cómplice diseñada con IA