Por Juan Francisco Camino*.
Ecuador está atravesando la peor crisis de seguridad de su historia. Desde el año 2019, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha ido creciendo a un ritmo inusual, de 7,84 a 45 en este lapso de tiempo. Esto lo convierte en el país más violento de América Latina, superando a México o Colombia. Hasta hace 8 años, Ecuador era uno de los países más seguros de la región. Existen diferentes lecturas respecto a qué sucedió en este tiempo para desatar esta ola de terror y muerte.
Como sabemos, todo fenómeno social es multicausal, es decir, existen varias causas que lo producen, siendo fundamental determinar cuál de ellas tiene mayor potencia explicativa, o al menos, mayor correlación. Este artículo no pretende, en absoluto, determinar estas causas, solo mencionar algunas ideas respecto a ello, así como plantear algunas reflexiones sobre las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano para combatir la crisis actual.
Por un lado, podemos mencionar que la pobreza e inequidad es una de las variables que influyen sobre este problema, debido a que la falta de ingresos es un incentivo para que el crimen organizado, en cualquiera de sus formas o actividades, penetre en los sectores más pobres como empleador o proveedor de servicios. En Ecuador, el crimen organizado generaría ingresos a cerca de 50.000 personas, un indicador gravísimo, ya que la empresa más grande del país emplea a 15.000 personas.
Esto, nos permitiría entender en parte por qué en provincias con altos niveles de pobreza como Esmeraldas o Los Ríos, las organizaciones de delincuencia organizada han extendido sus tentáculos y controlan gran parte del territorio. Sin embargo, no sería la variable más potente, ya que otras provincias con altos índices de pobreza, como Pastaza, Chimborazo y Bolívar, no evidencian las mismas tasas de criminalidad.
Por otro lado, podemos identificar a la pandemia como un desencadenante de este problema. Algunos de los problemas sociales se exacerbaron con la crisis sanitaria, entre ellos el hambre o la falta de acceso a la educación, lo que motivó a muchas personas que perdieron su fuente de ingresos a involucrarse en las organizaciones del crimen organizado para participar en la cadena de distribución de drogas en el país, misma que incluye al microtráfico de estupefacientes.
Ecuador está atravesando la peor crisis de seguridad de su historia. Desde el año 2019, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha ido creciendo a un ritmo inusual, de 7,84 a 45 en este lapso de tiempo. Esto lo convierte en el país más violento de América Latina, superando a México o Colombia. Hasta hace 8 años, Ecuador era uno de los países más seguros de la región.
Además, la falta de presencia del Estado ha generado una sensación de abandono en la ciudadanía, no solo a nivel de la participación de las fuerzas de seguridad en ciertas provincias, sino en la provisión de servicios elementales para la población. Es decir, en la dotación no solo de lo básico para garantizar condiciones dignas de vida (como agua potable, saneamiento, energía eléctrica y hoy por hoy internet), sino también para legitimar al Estado frente a las organizaciones criminales.
No podemos dejar de lado tampoco al principal cáncer de nuestra América Latina: la corrupción. En 2021, el embajador de los Estados Unidos denunció la existencia de narcogenerales en la Policía Nacional, específicamente cuatro de ellos que están al servicio del narcotráfico. El 14 de diciembre, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, inició la instrucción fiscal por el caso denominado “metástasis” en el cual se denuncia la infiltración del narcotráfico tanto en el Estado, medios de comunicación y equipos de fútbol. En este caso, están involucrados el ex Director de Cárceles del Ecuador, jueces de la Corte Nacional de Justicia (la corte de mayor rango del país), oficiales y personal de tropa de la policía, el expresidente del Consejo de la Judicatura (órgano encargado de la administración y control de jueces y fiscales), un exalcalde asesinado en 2022, jueces, fiscales, policías y hasta abogados.
La penetración del crimen organizado es tal, que llama la atención la existencia de manifestaciones culturales que hacen apología al narcotráfico; me refiero específicamente a las llamadas “narconovelas”. Estas producciones muestran la trayectoria de vida de los narcotraficantes, desde sus vidas en barrios pobres, abandonados por el Estado, hasta su ascenso a lo más alto de las estructuras criminales, en historias llenas de violencia, crimen y dolor. Conforme lo establece el portal Gumelab, la audiencia ve estas historias “desde la perspectiva de los narcotraficantes, y puede identificarse con ellos y también sentir simpatía”. Si a esto le sumamos lo señalado en los párrafos anteriores, tenemos un cóctel explosivo, que me atrevería a decir que ha permitido la legitimación del crimen organizado como movilizador social y sustituto del Estado.
Y por último, y no menos importante, está el tejido social, desaparecido en la mayor parte del Ecuador. La ausencia de redes de solidaridad y confianza en el territorio es un caldo de cultivo para que las actividades ilegales se tomen plazas, parques con juegos infantiles y las calles para reclutar, voluntariamente o por la fuerza, a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para ser parte de las estructuras criminales, instaurando escuelas de sicarios en los barrios más abandonados del país. Ante la falta de un tejido social que promueva actividades deportivas, culturales, o motive la ocupación del espacio público para beneficio de sus ciudadanos, se pierde completamente el sentido de comunidad, y los criminales, de manera rampante, hacen uso de su capacidad económica y militar para imponer su ley, para materializar aquella frase propia de un estado de naturaleza: “el hombre es el lobo del hombre”.
El presidente Daniel Noboa ha reconocido la existencia de un conflicto armado interno y ha decretado el estado de excepción, que ha permitido la movilización de las fuerzas armadas para controlar las cárceles e identificar a las bandas delincuenciales como objetivos terroristas, dotándolos de legitimidad y legalidad al accionar militar sobre estas organizaciones. Pero no se puede negar que las raíces del problema son más profundas, y que conforme el control del monopolio legítimo de la violencia vuelva por completo a las manos del Estado, se debe apuntar también hacia las raíces históricas de esta problemática.
Si bien la movilización de efectivos militares ha generado aceptación mayoritaria en la ciudadanía, habrá que esperar la inevitable respuesta de estos grupos que disponen de armas, estructuras de mando y muchos jóvenes cooptados, quienes, a cambio de dinero, y hasta por lealtad a estas organizaciones, seguramente atacarán a miembros de la policía y fuerzas armadas. Si los ataques no son repelidos por las fuerzas de seguridad, y peor aún, algunos de sus miembros corrompidos llegan a boicotear las acciones del Estado para controlar el problema, tendremos una reducción del apoyo al gobierno, lo cual podría dificultar su actuar en el conflicto interno.
Sin duda, la espada de Damocles está sobre Ecuador. Las acciones militares en contra de la delincuencia organizada son importantes para que el Estado recupere su función primigenia: la seguridad. Pero es vital atender las otras razones del problema, no solo las esgrimidas en este texto, sino también otras que expertos en la materia están advirtiendo a la opinión pública.
El gobierno de Daniel Noboa tiene el desafío de seguridad más importante de la historia republicana de Ecuador. La atención integral al problema lo catapultará no solo a la siguiente elección, sino también, a las principales páginas de los libros de historia del país.
* Profesor Universitario (Quito). Estudiante de doctorado en la Universidad de Salamanca (España). Máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador) y en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca.
Imagen de portada: Generada por IA por el equipo de MediaLab LATAM.