Jorge Rolón Luna*
El Crimen Organizado (CO) es un desafío muy serio en el Paraguay y viene impactando innegablemente en la democracia, la gobernabilidad, los niveles de violencia y los derechos humanos. Demasiado serio como para que el presidente de la república viva en un estado de negación que compromete más aún la suerte del país vis a vis este fenómeno. Pero no se puede siquiera analizar este año de gestión sin mencionar una negación que le explotó a Santiago Peña en la misma cara mientras estaba fuera del país.
Estando el jefe del ejecutivo una vez más en el extranjero vendiendo las bondades de un país con grado de inversión (pero con grupos criminales incrustados en el mismo corazón del Estado) , un diputado oficialista y aliado político cercano era muerto en un episodio confuso, dudoso, sórdido, con tintes de terrorismo de Estado. Eulalio “Lalo” Gómez fue baleado por la policía en su propio domicilio, en un allanamiento pésimamente mandado, innecesariamente aparatoso, torpemente llevado adelante y ejecutado con sospechosa fuerza letal. Para mayor singularidad del hecho, el fallecido era amigo personal del ex presidente Horacio Cartes, el poder real en el Paraguay. Sin embargo, lo que más interesan aquí son dos cuestiones: primero, que el fallecido era señalado desde hace un buen tiempo por fuerzas de seguridad y medios de comunicación brasileños por sus relaciones con grupos mafiosos de ese país, además de sus fuertes y nefastas influencias sobre las fuerzas de seguridad paraguayas. Segundo, que el presidente nunca hizo nada al respecto, como si le estuviera prohibido, a pesar de las abrumadoras evidencias.
El caso “Lalo” tuvo ya su cuota de escándalo en el caso de la fuga de un narcotraficante brasileño en diciembre de 2023, donde Lalo habría tenido participación, además de haber involucrado, a la vez, a cercanos suyos ubicados en los más altos niveles de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). La reacción del presidente ante estas graves revelaciones fue, como siempre, negación, desentendimiento y ninguna medida correctiva. Lo peor, cuando a su ministro Antidrogas le preguntaron sobre el caso, el mismo señaló que no había ninguna investigación sobre la persona del oscuro diputado en el Paraguay, a pesar de que la Policía Federal brasileña lo tenía en su radar desde el 2017, e incluso informó de sus negocios con narcotraficantes ya en ese año al Ministerio Público paraguayo.
El escándalo reciente es una muestra de que el CO es un fenómeno global, complejo, dinámico, que desafía a los estados más poderosos. Por ende, no se puede responsabilizar a un gobierno recién llegado por un problema enquistado que funciona en redes globales nunca derrotadas. Por ello, los esfuerzos de carácter local siempre tendrán efectos limitados, toda vez que existieren. La pregunta que nos hacemos, en consecuencia, es: ¿existen dichos esfuerzos hoy en Paraguay?
Siendo que el CO es un desafío sistémico y global, el problema requiere acciones en diferentes campos y algunas sobresalen por las características propias del fenómeno, como el aggiornamento normativo conforme a estándares internacionales, el mejoramiento de las capacidades estatales de investigación y persecución de redes criminales, y una alta eficacia en las investigaciones de casos concretos. A estos parámetros propios de la lucha contra el CO, habrá que sumar otros, como la capacidad e independencia de los sistemas de justicia, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de cuerpos policiales. Algunas de estas herramientas son imposibles de desarrollar en un año de gobierno, o no son total responsabilidad del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, los gobiernos están obligados a actuar, por lo que se hace necesario señalar que este gobierno no ha mostrado ni grandes planes, ni alguna movida estratégica o puntual en materia de lucha contra el CO. Al no poder juzgar una estrategia inexistente, lo que cabe es concentrarse en la famosa “voluntad política”; en este caso para quebrar bastiones de complicidad estatal con los grupos criminales.
El presidente Peña no ha estado a la altura del desafío que le plantea la contaminación criminal de altas esferas del Estado con el CO y no ha sabido -ni siquiera intentado- sacudirse de esos molestos socios, por razones que alguna vez deberán explicarse suficientemente.
Esto es algo que salta a la vista en Paraguay, donde funcionarios de todos los niveles y jerarquías, con notoria y abrumadora preeminencia del partido de gobierno, poseen probados vínculos con negocios ilícitos como el tráfico de drogas, el contrabando de cigarrillos y el lavado de activos. Pero la actitud del presidente Peña ante hechos que develan este contagio criminal de la política ha sido siempre negación, minimización y el recurso a argumentos como la “presunción de inocencia”, evitando responder con firmeza ante estas situaciones.
La realidad demuestra que estas acciones no condicen con la información disponible sobre la relación entre crimen organizado, funcionarios y clase política. En días recientes esto se hizo otra vez patente cuando el gobierno de EE.UU informó de nuevas sanciones contra la polémica empresa tabacalera del ex presidente Cartes. Socios políticos de éste corrieron presurosos a la residencia presidencial paralela a expresar su apoyo al afectado, y las imágenes de los legisladores como de los gobernadores en el evento solidario, mostraban figuras de pésimos antecedentes como el senador Erico Galeano, a punto de enfrentar juicio oral y público, y el hoy finado Eulalio Gómez.
Vayamos a un caso concreto de ese empotramiento como lo fue el levantamiento desde Interpol/Paraguay de las alertas rojas que existían contra la esposa de un conocido narcotraficante uruguayo cuya base de operaciones era nuestro país. Las investigaciones y la purga policial a consecuencia de este caso solo apuntaron a los niveles bajos de Interpol, tal vez porque el hermano del entonces jefe de esa oficina policial era nada menos que viceministro de seguridad del gobierno. Es más, recién diez días después del escándalo -incluso internacional- y como consecuencia de la presión mediática, se separó de su cargo al comisario Juan Pereira y hasta ahora no se ha tenido conocimientos de los resultados de ninguna investigación interna policial para deslindar las responsabilidades en este caso de complicidad de alto nivel con el CO.
Esta patente autolimitación presidencial para actuar contra el CO tiene además como consecuencia la irrelevancia de la agencia encargada de la lucha contra el lavado de activos en el Paraguay. A Peña le han impuesto en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) a personas que tienen como todo mérito acallar y cajonear denuncias y reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos que comprometen a su jefe político. Así, por cuenta de actores extraños al juego democrático y a la lógica de funcionamiento republicano, el Paraguay bajo Peña ha renunciado a luchar contra el lavado de activos, la columna vertebral de los negocios ilícitos en cualquier lugar del mundo. SEPRELAD se encuentra más cerca de servir sólo como arma arrojadiza contra los enemigos políticos del poder real.
El presidente Peña no ha estado a la altura del desafío que le plantea la contaminación criminal de altas esferas del Estado con el CO y no ha sabido -ni siquiera intentado- sacudirse de esos molestos socios, por razones que alguna vez deberán explicarse suficientemente. Desde su campaña electoral negó sistemáticamente esta realidad de manera reiterada defendiendo una y otra vez compañeros de ruta política con alto perfil criminal y muy cercanas a la figura del líder de su movimiento. En ningún momento ha marcado distancias con estos elementos del CO, ni que sepamos ha ordenado a las fuerzas de seguridad o solicitado al Ministerio Público, que se investiguen a fondo estos vínculos, “caiga quien caiga”. Al contrario, ha jugado al fútbol con alguno de ellos en la mismísima residencia presidencial.
A manera de cierre nos preguntamos, ¿qué lo mantiene prisionero al presidente? Las especulaciones a este respecto son innumerables y las respuestas obvias no satisfacen, dada la importancia de este asunto para la vigencia del Estado de Derecho en el Paraguay. Sin dudas, una de las mayores deudas del mandatario a la fecha.
* Abogado, investigador independiente, ex director del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.