PorJazmín Sánchez Casaccia*
El 15 de noviembre del 2024, el presidente Santiago Peña promulgó la ley de transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) también conocida como “ley garrote”. La sanción de la misma se dio en un contexto de hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil, argumentando sus propulsores la defensa de la soberanía nacional, como uno de los principales fundamentos. Muchos compararon la ley con otras de estilo similar promulgadas en países como Venezuela, Nicaragua, Hungría y Rusia, entre otros. Este cerramiento del espacio de acción de la sociedad civil viene replicándose alrededor del mundo, lo cual es preocupante debido a la posibilidad de peligros en el retroceso de libertades civiles y derechos humanos.