Por Jorge Rolón Luna
El 6 de junio del 2024, diez días después de haber sido imputado por torturas, el presidente Peña nombró como comandante de la Infantería de Marina al contralmirante Walter Fernando Díaz. A este hecho, de por sí llamativo, siguió la ausencia total de reacción desde los medios de comunicación, desde la política e incluso desde la comunidad de derechos humanos del país. Sin dudas que ese nombramiento retrotrae por sus similitudes a tiempos de la dictadura, cuando Stroessner promovía a lo más alto a quienes reprimían a la disidencia política y social. Pero, en realidad, tiene connotaciones aún más inquietantes. ¿Estamos ante el síntoma de un retroceso democrático observable en otros sucesos? Piénsese, por ejemplo, en la “ley garrote” contra las ONG’s o en la inmediata modificación de la ley de conflicto de intereses, desguazada menos de un año después de su promulgación.