Por Sebastián Bruno*
Días antes de la elección para legisladores de Buenos Aires en Argentina, que tuvo lugar el 18 de mayo de 2025, el gobierno de Javier Milei anunciaba una serie de reformas a la normativa migratoria. Después de unos días de incertidumbre, el 28 de mayo se publicó el Decreto 366/2025, el cual, por su carácter “de necesidad y urgencia”, tiene la potestad de modificar la Ley migratoria vigente. En su fundamentación y alcance, el Decreto da cuenta sobre la magnitud y el carácter “irregular” de las migraciones, así como da a entender que la población migrante ejerce un uso “abusivo” de algunos servicios sociales públicos como el de salud y educación. Revisemos algunos puntos y pensemos en las implicancias desde la relación entre Paraguay y Argentina.
¿De cuántos migrantes estamos hablando? El Decreto refiere a la existencia de 1,6 millones de migrantes en situación irregular en Argentina, cifra a la que se llega sin mayores precisiones. No obstante, la propia oficina de estadística del vecino país explica que la población total de origen extranjero alcanza 1,9 millones de personas, que representan el 4,2% de la población total de unas 45 millones de personas. Junto con lo observado en 1991, el porcentaje de migrantes representa el mínimo histórico desde que empezó la serie censal (1869). Sin el aporte que significó la diáspora venezolana (que ahora es la tercera nacionalidad migrante en Argentina), en 2022 hubiéramos observado el registro más bajo de la historia.
¿Cuántas personas migrantes de Paraguay viven en Argentina? Son 522 mil (o 575 mil si aplicamos algunos ajustes a los parámetros del censo 2022) personas nacidas en Paraguay residentes en Argentina. La cifra ajustada equivale al 9,4% de la población de Paraguay y, en términos absolutos, es casi como juntar a la población de Itapúa y Caazapá. Como recomendación a quienes toman decisiones en Paraguay, deberían basarse en información fidedigna y no repetir cifras imaginarias, como los mentados 900 mil, 1 millón y hasta los supuestos 3 millones de paraguayas/os residiendo en Argentina.
¿Se arancela la educación? El Decreto mantiene la gratuidad del acceso a la educación de nivel básica y media, pero habilita a las universidades nacionales el cobro de un arancel a personas extranjeras que no tengan la residencia permanente. Al respecto, caben destacar dos elementos clave. Por un lado, las universidades -en el marco de su autonomía- son las que decidirán la aplicación o no de un arancel, algo improbable dada la tradición de gratuidad en el nivel de grado. Por otro, las universidades públicas tienen ingreso irrestricto, es decir, las personas extranjeras no “le sacan el lugar” a nadie, ya que no existen cupos de matriculados por carrera.
¿Y la salud? Con la renovada argumentación de la existencia de “tours sanitarios” -inventados en la década de 1990 y que nadie pudo dar cuenta-, el Decreto limita la atención gratuita de salud a extranjeros que no tengan la residencia permanente, con excepción de las situaciones de emergencia. En este ámbito es donde se esperan (una vez reglamentado el Decreto) los mayores cambios. Migrantes paraguayas/os sin admisión permanente deberán estar cubiertos por un seguro de salud o abonar de forma particular por la atención en establecimientos de salud pública nacional. Cabe destacar también que, con la descentralización de los servicios de salud, varias provincias argentinas opten por no cobrar estas atenciones.
Sobre las potenciales consecuencias, podemos dividirlas en varias escalas. Para las personas migrantes paraguayas en Argentina, la problemática está acotada al 56% que depende de la salud pública (procesamiento ad-hoc del Censo 2022 argentino, el resto tiene otro tipo de cobertura) y, dentro de ese segmento, a quienes no tengan aún su residencia permanente. Para las personas de Paraguay que acuden a Argentina a fin de encontrar respuestas sanitarias que el sistema paraguayo no brinda, el panorama es más sombrío, ya que incluso la toma de un seguro de salud no contempla la atención de enfermedades prexistentes.
A escala política-estatal, la aplicación del requisito de tenencia de un seguro de salud para el ingreso al país significa el incumplimiento de Argentina a los acuerdos asumidos en el MERCOSUR sobre la circulación de personas entre los estados parte. A propósito, se suma a otro humilde aporte a la detonación de los consensos internacionales, como el que tuvo el año pasado al ser el único país en votar en contra la eliminación de las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
A escala macroeconómica, la barrera que implica la solicitud de un seguro de salud para quienes ingresan como turistas agravará aún más la pérdida de divisas por el fuerte déficit de Argentina en su cuenta turismo. En el primer trimestre de 2025 salieron del país más de 5 millones de turistas (79,6% más que en T1 2024) y entraron al país 634 mil turistas (17,2% menos que en 2024).
El gobierno de Milei, autoidentificado como libertario, introduce regulaciones (vaya paradoja) migratorias como reflejo conductista de la admirada administración estadounidense de Donald Trump, sin atender su demografía. La población inmigrante -donde la proveniente de Paraguay es protagonista, con el 27% sobre el total- ayudó durante décadas a mitigar el envejecimiento poblacional, especialmente en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires.
Pero ya no es así. Durante los últimos 15 años Argentina dejó de ser un destino atractivo -hecho que se expresa en el estancamiento de su stock de inmigrantes- y experimenta una emigración que sigue creciendo sin que la política pública se haga cargo.
Por cierto, la inmigración argentina en Paraguay creció consistentemente entre 2002 y 2022. Según la reciente publicación censal del INE sobre migraciones, la población nacida en Argentina es la principal colectividad, con más del 40% sobre la población extranjera total.
*Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Investigador CONACYT Paraguay y Consultor independiente.