José Duarte Penayo
En el siglo XIX, tras el derrumbe del Antiguo Régimen y la sacudida de la Revolución Francesa, Auguste Comte, Saint-Simon y Émile Durkheim afrontaron una pregunta fundacional: ¿cómo sostener la cohesión social en un mundo que ya no podía descansar sobre jerarquías heredadas? Tal como desarrolla Robert Nisbet en La formación del pensamiento sociológico, sus respuestas no fueron una añoranza reaccionaria ni un grito contra el progreso, sino la formulación de un orden moderno —complejo, adaptativo— capaz de integrar la disrupción sin caer en el caos. Y, como muestra Nisbet, lo hicieron también reivindicando ciertos elementos del Antiguo Régimen que consideraban valiosos para la estabilidad social, como la organización corporativa y gremial, la fuerza de las comunidades locales y la preservación de tradiciones que daban sentido de pertenencia.
Comte pidió unir orden y progreso: un progreso que, aunque disruptivo, estuviera ordenado por instituciones sólidas y consensos básicos. Saint-Simon vislumbró la necesidad de reorganizar la sociedad sobre nuevas bases productivas y cooperativas. Durkheim, por su parte, estudió las nuevas formas de solidaridad que podían mantener unida a una sociedad en transición: una solidaridad orgánica que surge de la interdependencia en un mundo diferenciado. No buscaban rigidez, sino integración social, adaptativa y estable a la vez, y, sobre todo, poner fin al aquelarre revolucionario que, tras la Revolución Francesa, había dejado guillotinas, violencia política y delirios de refundaciones totales que amenazaban con destruir toda continuidad histórica y social.
La lección es clara: el orden, lejos de ser la antítesis del cambio, es su condición de posibilidad. Y esta noción, que la sociología clásica entendió como su razón de ser, parece haberse perdido en una parte del discurso académico contemporáneo, especialmente en sectores de las ciencias sociales que, parapetados en debates bizantinos, han convertido la crítica en un fin en sí mismo. Bruno Latour fue implacable en su diagnóstico: la crítica ha devenido estéril, incapaz de generar nuevos consensos o instituciones que nos reúnan como comunidad. En lugar de propiciar ensamblajes que fortalezcan el lazo social, prolifera un “mal infinito” de deconstrucciones que, al fragmentarse sin fin, impiden cualquier rearticulación colectiva.
Estas ideas cobran relevancia a la hora de analizar las políticas públicas de investigación y desarrollo del conocimiento en un determinado país, terreno en el cual los recursos son limitados y la responsabilidad política debe entrar en escena. El criterio es claro: el dinero de los contribuyentes no puede destinarse a planes, programas y proyectos que carecen de utilidad pública verificable. Esta máxima se vuelve aún más exigente en un país como Paraguay en donde el Estado, desde hace más de una década, viene haciendo un esfuerzo sostenido de financiamiento a la investigación científica. Las instituciones que conforman el sistema nacional de ciencia y tecnología no solo tienen la responsabilidad de orientar las líneas de acción en este campo, deben además garantizar que cada guaraní invertido en conocimiento público rinda frutos sociales.
En los últimos días tuve la oportunidad de participar en interesantes debates e intercambios con científicos y hacedores de políticas públicas de nuestro país a propósito de los desafíos que el ámbito de desarrollo del conocimiento enfrenta en la actualidad. Es en ese contexto en el que considero necesario traer a colación la noción de orden, así como su función y relación con el desarrollo. En el sentido de los pensadores clásicos ya mencionados su significado no remite a un orden simple y rígido. No se trata de levantar un muro infranqueable contra la transformación, sino de dotar a la sociedad de estructuras flexibles que puedan incorporar a sectores históricamente excluidos, formalizar aquello que permanece en la informalidad y ofrecer canales legítimos para el conflicto y la innovación. Aquí, la tradición latinoamericana de las teorías de la modernización aporta claves imprescindibles: el progreso no es una línea recta ni una copia del modelo de los países industrializados, sino un proceso de integración adaptada a nuestras realidades sociales, económicas y culturales.
Considero que esta mirada ofrece un marco de análisis sumamente relevante para pensar las políticas públicas en este sector, más aún, a la hora de establecer criterios para su financiamiento cuando los recursos son limitados y los desafíos son numerosos.
Es fundamental dejar en claro que no es mi intención elaborar una coartada para recortar o desfinanciar a tal o cual área de las ciencias, mucho menos acotar un campo específico como el de las ciencias sociales, al cual pertenezco y considerado fundamental. Muy por el contrario, considero sumamente relevante el papel de las ciencias sociales en este contexto, por lo que considero primordial orientarlas hacia su función estratégica en la construcción y mantenimiento del orden social, comunitario y reproductivo de nuestra nación.
La reivindicación de este modo de pensar las ciencias sociales en Paraguay no constituye una simple enunciación programática, sino un llamado a recuperar lo más relevante de su propia historia. Así lo muestra, por ejemplo, el papel analizado por Lorena Soler sobre el CPES de Domingo Rivarola en la modernización conservadora del stronismo, detrás de la creación de la Secretaría de Planificación; o, más tarde, en 2003, la labor de Luis Galeano, Dionisio Borda y otros en la conformación del primer gabinete social del Paraguay del siglo XXI, espacio en el que se diseñaron las políticas sociales modernas que continúan vigentes hasta hoy.
Por otra parte, las políticas públicas deben tener, además, una perspectiva universal. No hay legitimidad en programas o líneas de financiamiento que sólo atienden a nichos ideológicos, modas académicas o debates importados de campus universitarios del primer mundo, debates que en Paraguay carecen de correlato social y muchas veces de traducción cultural. Los proyectos de investigación y artículos científicos sin relevancia estratégica, cuando se producen con fondos públicos, son un insulto a quienes esperan que ese dinero financie investigaciones capaces de mejorar la educación, la salud, el fortalecimiento institucional de las instituciones públicas, la seguridad nacional o el desarrollo productivo.
Pensar los desafíos del orden y la cohesión social hoy exige reconocer la complejidad de nuestras sociedades y apostar por un tejido institucional que combine innovación con estabilidad. Esto significa también rescatar —como hicieron Comte, Saint-Simon o Durkheim— la idea de que no toda tradición es un lastre. Ciertas formas de organización social, ciertas prácticas comunitarias y gremiales, e incluso ciertas estructuras heredadas pueden ser reformuladas para servir a un proyecto nacional moderno.
En este contexto, las diatribas sobre si tales orientaciones “limitan” o no la libertad académica se evidencian como un falso dilema. La libertad de investigar debe ser plena en un Estado de Derecho, pero debe ser garantizada por otras instancias. La obligación del Estado es orientar la inversión pública hacia fines de utilidad social. Quien quiera dedicarse a la arqueología de debates sin impacto en nuestra realidad nacional puede hacerlo en el marco de la autonomía universitaria, con recursos privados, fundaciones o editoriales dispuestas a financiarlo. Lo que no puede esperarse es que la sociedad en su conjunto subvencione el entretenimiento intelectual de referentes desconectados de los problemas urgentes del Paraguay.
El llamado no es a clausurar la crítica, sino a recordar que esta no posee un valor intrínseco: solo cobra sentido como etapa de una finalidad práctica orientada a fortalecer nuestra comunidad nacional. La crítica no puede reducirse a un pasatiempo académico, sostenido por la ilusión de una autonomía inexistente en el campo intelectual paraguayo. La ciudadanía necesita comprender el valor estratégico de las ciencias sociales, y, para ello, estas deben convertirse en un instrumento que apuntale las potencialidades de un orden capaz de reconocer y reducir las fracturas que nos debilitan como comunidad política. Un orden que no confunda integración con homogeneidad, estabilidad con inmovilidad, ni previsibilidad con conformismo.
En un Paraguay que necesita fortalecer sus instituciones, expandir su base productiva y elevar el capital humano para sostener el desarrollo, las ciencias sociales no pueden ser un adorno ni un lujo. Deben convertirse en un pilar estratégico para diagnosticar, planificar y sostener el orden social en el que se apoya cualquier avance de un país que enfrente inmensos retos. El desafío es que ese pilar esté construido sobre cimientos sólidos: teorías rigurosas, datos confiables y un compromiso explícito con la utilidad pública. Lo demás —los laberintos semánticos, las disputas tribales entre los diversos narcicismos de la diferencia, el fetichismo de la deconstrucción interminable— puede esperar.