Por Ángela Sofía Olmedo; Camila Corvalán; Jazmín Duarte Sckell y Montserrat Fois*
Tras el feminicidio de María Fernanda a fines de mayo de 2025, el debate público, alentado por una tribuna voraz de culpables inmediatos, vuelve a interrogarse sobre lo que debió hacerse para evitar la tragedia. La problemática es compleja y admite múltiples niveles de explicación, pero un punto de partida imprescindible es reconocer el peligro que corren niñas, niños y adolescentes (NNA) cuando el silencio —amparado falsamente en la patria potestad— bloquea políticas de prevención como la Educación Integral de la Sexualidad (EIS). Argumentamos que, ante esto, el Estado es responsable último de garantizar el bienestar y la seguridad de la infancia y adolescencia, por lo que tiene la responsabilidad de adoptar políticas basadas en evidencia que permitan prevenir y atender este tipo de sucesos violentos.