Por Marcos Pérez Talia
La oposición paraguaya inició 2025 con la misma inercia con la que venía desde el inicio del actual periodo de gobierno en agosto de 2023: relegada, sin una agenda política nítida y condicionada por una mayoría colorada que, por una razón estrictamente numérica, empuja sus voces a un segundo plano. En ese contexto, instalar temas con impacto real en la agenda nacional fue una tarea cuesta arriba.
Durante buena parte de los primeros dos años y medio del actual ciclo constitucional, la oposición pareció moverse en una suerte de estado de suspensión. Así, navegó este periodo sin grandes triunfos, sin acumulación política visible ni capacidad sostenida de incidir en las decisiones centrales del poder. Sin embargo, durante el desarrollo del año 2025 el escenario cambió y se volvió más propicio para que algunas apuestas opositoras comenzaran a encontrar eco.
El punto de inflexión fue, sin dudas, el triunfo arrollador en las elecciones para la intendencia de Ciudad del Este. Si bien una victoria del equipo de Miguel Prieto era esperable, la magnitud de la diferencia tuvo un impacto político que desbordó largamente lo local. No solo reconfiguró el mapa opositor, sino que también encendió alertas en el oficialismo colorado.
La onda expansiva del llamado “modelo CDE” reinstaló propuestas de cambio, ordenó expectativas y devolvió la esperanza de que es posible ganar a la ANR. A partir de ese hecho, comenzaron a darse movimientos que la oposición logró, esta vez, materializar.
Uno de ellos fue el intento de extrapolar esa experiencia a otros territorios, especialmente Asunción. No es casual que el 2025 concluye con un acuerdo inédito entre diferentes fuerzas opositoras para concurrir unidas a las elecciones municipales de 2026. Esta lógica de articulación también comenzó a replicarse en distintas ciudades del país, marcando un quiebre con años de fragmentación.
Otro frente donde la oposición logró incidir fue en la discusión sobre las reglas del juego democrático. En particular, a partir de las denuncias impulsadas por el senador liberal Ever Villalba en torno a la fiabilidad de las máquinas de votación del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Con ejemplos sencillos pero potentes, el debate dejó de ser técnico para convertirse en político. La oposición puso en la esfera pública el problema de que si la justicia electoral no es plenamente confiable, la democracia misma queda debilitada. Las denuncias de fraude en 2018 y 2023, aunque no hayan desmoronado los procesos electorales, siguen erosionando la credibilidad del sistema, y la oposición mostró los riesgos de que ese proceso continúe.
El tercer eje que logró instalarse en la agenda fue el de la concentración de poder y el uso político del Estado. No se trata de un tema nuevo, pero sí de uno que en 2025 adquirió mayor densidad y visibilidad. Más allá de no haber logrado frenar decisiones clave en el Congreso, la oposición consiguió amplificar una narrativa que hoy atraviesa buena parte de la conversación pública: la idea de que Paraguay vive un proceso de captura institucional que excede al Ejecutivo y se proyecta sobre la Justicia y los organismos de control. La destitución de Miguel Prieto, impulsada desde la Contraloría, volvió a exponer hasta qué punto los órganos de control operan al calor del sistema político.
Un episodio, a modo de ejemplo, terminó de cristalizar esta percepción. La reunión reservada entre seis ministros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Santiago Peña y Horacio Cartes —en su carácter de presidente de la ANR, sin cargo institucional en el Ejecutivo— marcó un punto de tensión en la agenda política del año. No por lo que allí se dijo, que nunca se transparentó, sino por lo que simbolizó. El encuentro confirmó, una vez más, que la Corte no actúa como un poder independiente, sino como una instancia funcional al poder político dominante. La presencia de Cartes rompió cualquier defensa institucional posible, y el carácter reservado de la reunión profundizó la percepción de opacidad y subordinación. La politización de la justicia y la debilidad del Estado de Derecho es una de las deudas más profundas de la joven democracia paraguaya con la ciudadanía.
El punto de inflexión fue, sin dudas, el triunfo arrollador en las elecciones para la intendencia de Ciudad del Este. Si bien una victoria del equipo de Miguel Prieto era esperable, la magnitud de la diferencia tuvo un impacto político que desbordó largamente lo local. No solo reconfiguró el mapa opositor, sino que también encendió alertas en el oficialismo colorado.
Aquí la oposición buscó posicionarse de manera clara. Hubo denuncias públicas inmediatas desde distintos espacios y el propio Directorio del PLRA formalizó el cuestionamiento, elevando el episodio del plano mediático al político-institucional. La idea de que la justicia ya no guarda siquiera las formas de independencia se instaló con fuerza. La oposición no inventó el hecho, solo lo interpretó y lo sostuvo en agenda.
En definitiva, el balance de 2025 no arroja una oposición fortalecida en términos de poder, pero sí reconfigurada en términos de sentido y expectativas. Sin controlar el Estado y sin capacidad de modificar las reglas de juego, el año concluye con una oposición que logró disputar agenda, incomodar al oficialismo y, sobre todo, recuperar la idea de que la política aún puede producir resultados. En un escenario dominado por mayorías aplastantes y capturas institucionales, cerrar el año con esperanza puede parecer poco. En Paraguay, no lo es.