Nelson Mora *
La base de cualquier ciudad funcional es un acuerdo silencioso entre quienes la usan y quienes la sostienen. Pero en Asunción ese acuerdo se rompió hace tiempo, quizá sin que nadie se diera cuenta, quizá porque nunca llegó a existir realmente. La capital soporta cada día un peso demográfico y económico que excede con holgura a su padrón de contribuyentes formales. Mientras la población residente ronda poco más de medio millón de habitantes, entre 1,8 y 2 millones de personas entran y salen diariamente del área urbana sin que exista un marco que relacione esa intensidad de uso con la responsabilidad financiera de mantener la infraestructura que hace posible esa movilidad. Las calles, los drenajes y desagües, las veredas, los semáforos, los parques y los servicios se degradan en la misma proporción en que la metrópolis se expande, pero los ingresos fiscales siguen anclados a un perímetro administrativo que ya no representa la ciudad en su realidad.
A esta ecuación ya distorsionada se suma un problema que rara vez se aborda con honestidad: la morosidad crónica que afecta al 53% de los contribuyentes. Es decir, más de la mitad de los contribuyentes formales de la ciudad no está al día con sus obligaciones, no por un fenómeno coyuntural, sino como resultado de años de tolerancia política y faltas de incentivos que generaron una relación deteriorada entre el municipio y la ciudadanía. La morosidad no solo reduce ingresos: destruye previsibilidad. En ese contexto, planificar deja de ser una herramienta de gobierno y se convierte en un ejercicio retórico. La ciudad no gestiona su futuro: apenas logra sostener el presente.
El resultado es un divorcio evidente entre el territorio que se usa y el territorio que se financia. Asunción presta servicios que superan ampliamente la escala municipal: sostiene el tránsito regional de 750 mil vehículos extras, aloja cientos de centros educativos y numerosos hospitales de referencia nacional, concentra la casi totalidad de oficinas públicas, ministerios y secretarias especializadas, comercios, empleo y centros de eventos culturales que sirven a todo el país. Esta hiperconcentración —que explica buena parte de la actividad económica del área metropolitana— genera valor para múltiples distritos, pero erosiona aceleradamente la infraestructura de la capital. Sin embargo, la estructura contributiva solo captura una fracción mínima de ese valor que circula por la ciudad cada día. Es una brecha que se extiende a diario, no es una falla de gestión puntual, sino el resultado de un marco fiscal diseñado para una ciudad más pequeña, de otra época, menos integrada y con una presión urbana muy inferior a la actual.
Así estamos frente a una paradoja: la metrópolis (Gran Asunción) produce suficiente actividad económica como para financiar su propio funcionamiento, pero lo hace de manera desordenada, dispersa y sin mecanismos que permitan traducir ese dinamismo en recursos para la ciudad principal que la sostiene. Mientras los municipios vecinos a Asunción crecen en población, loteos, industrias y recaudación, la capital absorbe los costos de la movilidad metropolitana, del desgaste vial, de la congestión y de los servicios urbanos sin recibir una parte proporcional de los beneficios que ese crecimiento genera. La riqueza se produce de forma colectiva, pero el deterioro se concentra, de manera casi sistemática, en el mismo lugar de siempre.
Esa asimetría revela la tercera pieza del pacto pendiente: la corresponsabilidad entre los municipios de la región. Ninguna ciudad del mundo puede sostener sola el peso de un área metropolitana que funciona como si fuera un sistema integrado, pero que no lo es. Asunción ha sido obligada a hacerlo durante décadas, mientras los distritos limítrofes crecían al ritmo de su propia conveniencia normativa y fiscal, sin coordinación real, sin estándares compartidos y sin aportar de forma estructural a los costos que generan sobre la capital. La ley de capitalidad, que fue otorgada años atrás, jamás se volvió a repetir. Sin embargo, el área metropolitana nunca dejó de crecer. Esa fragmentación explica situaciones que parecen menores, pero no lo son: que la responsabilidad de mantener las veredas recaiga en frentistas individuales mientras miles de personas las recorren a diario sin un mecanismo común que las financie, que el espacio público funcione como si fuera privado, y que el municipio cargue con obligaciones metropolitanas financiadas con una arca municipal crónicamente insuficiente. El ejemplo es simple, casi doméstico, pero describe con exactitud la lógica estructural de la capital: la ciudad asume obligaciones metropolitanas, pero las financia con una diminuta arca municipal de 250 mil contribuyentes activos.
El pacto contributivo que Asunción necesita no es una reforma aislada ni un ajuste técnico más. Es la recomposición de un triángulo que implica alinear el uso efectivo del territorio con los recursos destinados a sostenerlo; traducir la capacidad económica de la metrópolis en inversión directa sobre la infraestructura que la soporta; y establecer una corresponsabilidad real entre municipios que comparten la misma ciudad aunque se administren por separado. Es, en esencia, aceptar que la capital no es una jurisdicción más, sino el corazón funcional del país, y que su deterioro no es un problema municipal, sino una señal clara de que el diseño institucional y fiscal no representa la forma en que vivimos, trabajamos y nos movemos.
Así estamos frente a una paradoja: la metrópolis (Gran Asunción) produce suficiente actividad económica como para financiar su propio funcionamiento, pero lo hace de manera desordenada, dispersa y sin mecanismos que permitan traducir ese dinamismo en recursos para la ciudad principal que la sostiene. Mientras los municipios vecinos a Asunción crecen en población, loteos, industrias y recaudación, la capital absorbe los costos de la movilidad metropolitana, del desgaste vial, de la congestión y de los servicios urbanos sin recibir una parte proporcional de los beneficios que ese crecimiento genera
Este artículo no busca culpar, busca entender. Porque para cambiar Asunción se necesita primero nombrar las cosas que no se dicen. Se necesita poner sobre la mesa que la metrópolis no se sostiene con buena voluntad ni discursos, necesita estructura y recursos, en definitiva, un nuevo contrato social contributivo.
Solo cuando entendamos esta dinámica podremos construir un contrato fiscal que no sea un parche, sino un compromiso duradero. Uno que permita que quienes usan la ciudad contribuyan a sostenerla, que los beneficios del crecimiento metropolitano regresen a la infraestructura que lo hace posible, y que la carga del desarrollo urbano sea compartida de manera justa. No se trata de cobrar más, se trata de cobrar mejor; no de castigar, sino de equilibrar; no de re-centralizar, pero de asumir que la ciudad ya es más grande que sus límites formales y que gobernarla exige un nuevo acuerdo. Ese es el pacto que Asunción nunca firmó, y que ya no puede seguir postergando. Este es el camino que permitirá, por primera vez en mucho tiempo, que la ciudad se parezca a lo que una vez soñó de si misma.
*Abogado, Master en Derecho por la Utrecht University, Presidente de la Seccional Colorada 37, exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción (2023-2025)