José Duarte Penayo
Un país aprende a moverse hacia adelante cuando logra convertir la disputa en reglas y las urgencias en continuidad. A veces se habla de consensos como si fueran pactos solemnes, firmados en una mesa larga. Sin embargo, en nuestra historia reciente operaron de otra manera. Fueron más bien acuerdos de fondo, construidos por acumulación, en medio de crisis y conflictos, que terminaron fijando un marco compartido sobre lo que el país no debe volver a ignorar y sobre lo que el país está obligado a sostener, sobre todo si quiere desarrollarse.
El primer consenso fue el democrático de los noventa. Paraguay abrió, por primera vez en su historia, un proceso de competencia político-electoral con garantías amplias para la organización y la participación. La Constitución de 1992 fue una pieza decisiva de ese cambio, no solo porque reordenó derechos y controles, sino porque institucionalizó la materia electoral como un campo autónomo, estableciendo una Justicia Electoral independiente y dotando al sistema político de reglas claras y previsibles. Ese nuevo marco permitió una pluralización real de los espacios de poder, con alternancias efectivas en los niveles municipal y departamental, y culminó simbólicamente en el plano nacional con la victoria de Fernando Lugo en 2008, confirmando que la alternancia presidencial era posible y real. Como explica Fernando Martínez Escobar, todo ello se dio, además, en paralelo a un reordenamiento decisivo del vínculo entre política y Fuerzas Armadas, que tras el Marzo Paraguayo de 1999 derivó en la desarticulación definitiva del antiguo pacto cívico-militar vigente desde mediados del siglo XX y consolidó la subordinación de los militares al poder civil como rasgo estructural del nuevo orden democrático.
En términos de la ciencia política, Paraguay se fue aproximando a una poliarquía. Existieron y existen tensiones, desigualdades y déficits institucionales, pero el rasgo central es que el poder dejó de ser monolítico. Se fragmentó, se disputó y se volvió contingente, incluso la práctica clientelar se pluralizó, la política dejó de ser un espacio de certezas inmutables para convertirse en un campo de competencia menos rígida. Esa pluralización del poder es la evidencia empírica que desmiente la idea que sostienen algunos, la supuesta persistencia de una hegemonía colorada autoritaria. La ANR no solo aceptó todas sus derrotas electorales, a diferencia de la oposición, sino que también supo reponerse y volver a ganar en las urnas, tal como sucedió en el 2013 con Horacio Cartes.
El segundo consenso, que se consolida a partir de 2003, fue simultáneamente económico y social. No se trató de una simple corrección técnica ni de una adhesión a recetas externas. Fue una redefinición del rol del Estado, construida políticamente en un contexto de minoría legislativa en el Senado para la ANR, que asumió como propios dos objetivos que durante mucho tiempo se pensaron como incompatibles. Por un lado, la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la previsibilidad como condiciones innegociables para el crecimiento. Por otro, el inicio de la construcción de una red de protección social con continuidad, reglas claras y orientación a derechos.
En el plano económico, ese consenso se apoyó en reformas normativas que fortalecieron capacidades estatales y ordenaron el funcionamiento fiscal. La reforma de 2004, con instrumentos orientados al reordenamiento administrativo, tributario y de profesionalización de las instituciones económicas, forma parte de ese cambio de paradigma en la gobernanza. En países con historia de fragilidad institucional, estas decisiones no son meros ajustes contables; son señales políticas de largo plazo, porque indican que el Estado se propone funcionar con reglas, sostener compromisos y administrar el conflicto distributivo sin romper el equilibrio general.
En el plano social, en 2005 se pusieron en marcha programas como Tekoporã y Abrazo, focalizados en hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad extrema. Estas políticas marcaron un quiebre respecto de la asistencia improvisada del pasado, como expone Rocío Duarte. Introdujeron condicionalidades, trazabilidad, criterios de selección y una lógica de continuidad que permitió acumular experiencia y ampliar capacidades. Con el paso de los años, esa arquitectura social evolucionó con nuevos programas de protección social que ampliaron su cobertura, gobierno tras gobierno. En esa línea se inscriben iniciativas actuales, impulsadas por el presidente de Santiago Peña, como Hambre Cero, que garantiza la alimentación escolar como política estructural, y Che Róga Porã, que utiliza la estabilidad macroeconómica para ampliar el acceso a la vivienda con financiamiento de largo plazo y condiciones preferenciales.
Este recorrido institucional, económico y social se expresa hoy en un hecho de enorme relevancia histórica. Paraguay alcanzó el doble grado de inversión, que no se trata de una consagración simbólica ni de un reconocimiento sin consecuencias en el corto y mediano plazo. Es una mejora concreta en las condiciones de financiamiento del Estado y del sector privado, que habilita tasas de interés más favorables, mayor profundidad de mercado y mejores condiciones para estructurar obras de infraestructura mediante alianzas público-privadas.
Sin embargo, este logro también expone el límite del camino recorrido. La estabilidad, por sí sola, no garantiza desarrollo, y la competencia electoral no genera automáticamente una adhesión a los valores democráticos. Por eso emerge la materia pendiente del proceso democrático paraguayo, la urgencia de un tercer consenso nacional que esté a la altura de los dos anteriores, un consenso por la calidad integral de la educación.
El consenso sobre la educación no puede reducirse a un aumento presupuestario ni a reformas parciales. Debería ser un acuerdo de Estado que articule todos los niveles del sistema, desde la primera infancia hasta la educación superior y la formación a lo largo de la vida. Debe alinear perfiles de egreso con las necesidades reales de la estructura productiva, no desde una lógica utilitarista estrecha, sino desde una estrategia nacional de competitividad y desarrollo. Debe crear incentivos claros y sostenidos para la inversión privada en ciencia y tecnología, entendida como motor de innovación y soberanía productiva, no como gasto accesorio.
Pero el consenso educativo sería incompleto si se limita a lo económico. La educación es también el espacio donde una nación se reconoce y se proyecta. En un mundo donde se erosionan los grandes marcos culturales y se fragmentan las identidades colectivas, Paraguay enfrenta el desafío de modernizarse sin diluirse. Formar competencias técnicas y cognitivas es indispensable, pero insuficiente si no se acompaña de una formación cívica, histórica y cultural que sostenga la cohesión social.
Un Paraguay fuerte no es solo un Paraguay que crece. Es un Paraguay que sabe quién es, que reconoce a sus héroes, que transmite sus mitos fundacionales y que construye sentido compartido en torno a su historia y a su destino común.
El consenso sobre la educación tiene también un sentido democrático y debe articularse con lo económico y social. Porque una democracia sin estabilidad económica y sin protección social se vuelve frágil, vulnerable al conflicto permanente y a la frustración ciudadana. Por su parte, la estabilidad económica y las políticas sociales, sin una democracia robusta, pierden legitimidad, control y capacidad de corrección. Y todo esto, sin un sistema educativo capaz de formar capital humano, ciudadanía crítica y sentido de identidad nacional, terminan agotándose como promesas técnicas sin anclaje cultural ni pertenencia histórica.
Por eso emerge la materia pendiente del proceso democrático paraguayo, la urgencia de un tercer consenso nacional que esté a la altura de los dos anteriores, un consenso por la calidad integral de la educación.
Por eso, el tercer consenso que hoy se vuelve impostergable no sigue a los anteriores como una cuestión meramente cronológica, sino que los completa y los proyecta. El consenso por la calidad de la educación no debe pensarse como una política sectorial más, sino como el nudo que permite que la democracia se profundice, que la estabilidad se traduzca en movilidad social y que el crecimiento se convierta en desarrollo con cohesión.
El desafío histórico que enfrenta hoy el Paraguay no es menor que el de los años noventa o el de la refundación estatal iniciada en 2003. Se trata de elevar esos consensos a un plano superior de articulación estratégica, con visión de Estado y horizonte de largo plazo. Convertir la educación en el eje ordenador de ese proceso no es una consigna retórica, sino una necesidad estructural. Porque solo un país que invierte de manera coherente en democracia, estabilidad y educación puede aspirar a ser fuerte, socialmente cohesionado y plenamente soberano ante el mundo.