Elecciones municipales con sabor a narcotráfico

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Por Marcello Lachi*

Es de público conocimiento que, desde hace años, en la frontera paraguaya con Brasil existe una fuerte presencia de organizaciones narcotraficantes dedicadas tanto a la producción como a la exportación de marihuana para su comercialización en Brasil y Argentina, como a actuar como puente logístico para el traslado de cocaína desde las regiones andinas hacia los mercados europeos.

Sin embargo, un aspecto del que se habla poco, a pesar de su relevancia, son los efectos sociales y políticos que esta presencia está generando en esos territorios.

En el marco de un proyecto de investigación financiado por el Conacyt (PINV01-1098), realizamos una serie de entrevistas y grupos focales en departamentos fronterizos con Brasil. Este trabajo permitió abrir la “caja de Pandora” de una realidad en la que la presencia del crimen organizado y de sus negocios ilícitos se ha ido normalizando, hasta volverse algo cotidiano e incluso valorado por amplios sectores de la ciudadanía.

Para comprender la magnitud de este fenómeno social, resulta oportuno ceder la palabra a sus propios protagonistas.

No hay diferencia social; (…) te invitan [los narcotraficantes] para un casamiento, un bautismo, toditos estamos compartiendo, te vas a una fiesta, toditos están ahí. (Mujer 1, Grupo focal de Capitán Bado)

 Son amigos nuestros, conocidos, o familiares, (…) yo sé bien que trabajás en eso, pero yo respeto, igual te voy a invitar a compartir conmigo. (Mujer 2, Grupo focal de Capitán Bado)

Como señalan nuestros informantes, los narcotraficantes participan activamente en la vida social de las comunidades: asumen el papel de “buenos vecinos” y es habitual encontrarlos en la iglesia, compartir celebraciones, organizar un asado. Además, ayudan a los compueblanos más pobres, brindan asistencia económica en casos de enfermedad o fallecimiento.

Fernandinho Beira-Mar [narcotraficante hoy preso] donó mucho dinero, compró casas, ayudó a mucha gente (Hombre 1, Grupo focal de Capitán Bado)

Y muchas veces esta gente ayuda donando cosas. (…) Se murió su pariente, (…) al finalizar el novenario ellos matan dos-tres vacas, y se distribuye a la gente más pobre, entonces, cómo no le vas a tener respeto a la gente que te está cubriendo tus necesidades (Mujer 3, Grupo focal de Capitán Bado)

        La gente le quiere [a los narcos] también porque resuelven problemas (Comisario, Dpto. Amambay).

 También sostienen la demanda local de trabajo a través de la producción, manipulación y envío de marihuana, generando oportunidades laborales que se vuelven masivas y económicamente atractivas durante el período de cosecha. La práctica de “despalitar” las hojas de marihuana llega a involucrar a centenares e incluso a millares de personas provenientes de distintas comunidades cercanas a los centros de producción.

Hay que reconocer también que aquí [los narcos] dan mucha fuente de trabajo. Si no hay marihuana, en qué van a trabajar los jóvenes. (…) La gente necesita trabajar para comer y salir adelante (Intendente, Dpto. San Pedro).

 Empiezan a cosechar [la marihuana] y te ven sentado en tu casa y te dicen que te van a dejar tres a cuatro bolsas de marihuana y vamos a “despalitar” (Mujer 1, Grupo focal de Curuguaty)

Finalmente, aportan de manera constante lo que la población percibe como seguridad pública, contribuyendo a garantizar niveles de protección y bienestar que ningún servicio estatal ha logrado alcanzar en estos territorios. Bajo su “régimen”, los asaltos, hurtos y robos domiciliarios prácticamente desaparecen y predomina una sensación generalizada de tranquilidad.

No se permite eso [que alguien entre a tu casa a robar]. La gente no permite. Por ejemplo, si es que hay alguno, de repente desaparece, por eso acá no hay gente que te roba celulares o te asalta (Hombre 2, Grupo focal de Capitán Bado).

En un sistema político ampliamente clientelar como el paraguayo —tal como lo señala una encuesta realizada en el marco de este proyecto, que indica que el 69,2% de los electores se muestra dispuesto a solicitar o recibir favores clientelares—, este tipo de organizaciones criminales, que sustituyen al Estado ofreciendo servicios incluso más eficaces, han encontrado un terreno fértil para asumir roles políticos de manera directa.

Durante muchos años, la relación entre el crimen organizado y la política se basó en un intercambio de favores que satisfacía a ambos actores: por un lado, los narcotraficantes financiaban redes clientelares y campañas electorales de políticos interesados en colaborar con ellos; por otro, esos mismos políticos garantizaban tranquilidad e impunidad para que los narcotraficantes pudieran desarrollar sus negocios ilícitos sin interferencias.

Sin embargo, en una sociedad donde el clientelismo es central y lo importante es brindar ayudas concretas más que sostener discursos, el crimen organizado ha comenzado a considerar innecesaria la “compra” de políticos y a evaluar la posibilidad de asumir directamente ese rol para seguir operando con impunidad y éxito.

La enorme disponibilidad de recursos económicos y el control social que fueron consolidando en los territorios donde se asentaron pusieron en alerta a los políticos tradicionales. Frente al riesgo de no poder competir económicamente con candidatos vinculados al narcotráfico, estos actores quedaron ante dos opciones: integrarse a esas organizaciones, ya no solo como cómplices externos sino como miembros plenos, o abandonar la política activa.

Las elecciones realizadas en la última década muestran que este proceso ya se venía desarrollando en los territorios fronterizos con Brasil:

En este momento ellos [los narcos] tomaron el poder en el Departamento. Incluso el gobernador era su secretario. Prácticamente todos los intendentes están con ellos. (Comisario)

 Primero están los “Señores” [los narcos]. Después están las instituciones y las autoridades legítimamente constituidas. (Abogado)

El presunto involucramiento de los legisladores Juan Carlos Ozorio y Erico Galeano en la estructura criminal organizada por Marset, así como el del diputado “Lalo” Gómez con la familia Pavão, muestran que la penetración de estos grupos ya ha alcanzado a nivel nacional. No obstante, a nivel territorial la situación es aún más grave. Como ya advertía Juan Martens en un artículo de 2022 sobre la presencia de varios intendentes vinculados al narcotráfico, según nuestros informantes, el escenario para 2026 resulta todavía más alarmante, incluso de manera espeluznante.

Este es mi último periodo en la municipalidad. (…) En la política es difícil que siga para no decir imposible. Por qué. Porque no tengo la capacidad económica para competir con ellos [los narcos] (…) Van a tirar demasiada plata y eso es imposible de contrarrestar con aportes y colaboraciones nomás. (Intendente)

No aspiro a más porque no tengo la plata que tienen ellos [los narcos]. No hay luego forma, porque tienen demasiada plata. (…). (Político)

La política para ellos es apenas una excusa. (…) lo que les da poder y dinero es su negocio. Invierten toda esa plata en la política, distribuyen víveres, compran medicamentos, ataúd. Todo. Por eso, quien no tiene ese dinero no va a poder competir con ellos (personal de justicia)

Frente a esta avanzada masiva del crimen organizado en la búsqueda de cargos de representación electoral —actualmente intendencias y concejalías municipales, pero posiblemente en el futuro todos los cargos electivos—, la respuesta de las fuerzas de seguridad y del Estado en general es casi inexistente. El traslado de soldados a estos territorios solo tendrá como consecuencia la ampliación de la nómina de los cárteles criminales, que simplemente tendrán que incorporar una voz más a su esquema generalizado de sobornos.

La ausencia de normas y, sobre todo, de políticas de seguridad capaces de enfrentar efectivamente esta situación tiene como único resultado previsible el aumento vertiginoso de intendencias, concejalías y, a futuro, diputaciones y senadurías en manos del crimen organizado. Esto conduciría a transformar al Paraguay en una suerte de Estado criminal, donde territorios, instituciones públicas, partidos políticos, empresas y espacios sociales quedarían bajo el control de familias criminales, y conceptos como Estado de derecho y democracia se vaciarían de contenido y sentido.

 

* Politólogo con maestría en Historia política. Docente investigador por la Universidad Nacional de Pilar. Investigador categorizado nivel 1 por el SISNI-Paraguay.