Por Carla Zita Zorzón*
Ciudad del Este lleva en su nombre una paradoja: se llama como un punto cardinal, como algo fijo en el mapa, pero nunca se detiene. Es un territorio que respira a través del comercio y el tránsito incesante por el Puente de la Amistad, un corredor donde cada hora circulan mercancías, divisas e identidades nacionales en fricción permanente. Esa inercia cotidiana se interrumpió el viernes 29 de mayo frente a un despliegue de luces que no intentaban vender productos, sino ocupar simbólicamente la escena. Al costado de la ruta PY-02, en ese umbral crítico donde los viajeros apenas terminan de sellar su ingreso en el departamento de migraciones, una hilera de pantallas LED de la empresa FastPrint dejó de proyectar publicidad para emitir una afrenta directa.
En las gigantografías, un Jair Bolsonaro recreado mediante inteligencia artificial se alzaba sobre el césped, dominando a un jugador, cuya casaca de la Albirroja, se convertía en el uniforme de la derrota. El marcador no era una noticia deportiva sino una declaración de agitación psicológica escrita en portugués: “Brasil manda y desmanda en el campo de juego y en la política”. La provocación proclamaba a un Paraguay derrotado en la economía y en la influencia diplomática, bajo la sentencia de que “el hexa es nuestro”.
Lo que ocurrió en esas dos horas —el tiempo que tardaron las pantallas en apagarse, el tiempo que los ciudadanos tardaron en destruir algunas estructuras, el tiempo que le llevó al presidente Santiago Peña ordenar al MOPC intervenir— condensa con precisión clínica los mecanismos de la desinformación política contemporánea en América Latina. Para entender por qué, hay que empezar por la naturaleza de la imagen misma, porque no toda manipulación con inteligencia artificial funciona de la misma manera, ni persigue los mismos objetivos.
La imagen de Bolsonaro en las pantallas de CDE responde a lo que los especialistas en desinformación denominan un cheapfake**: una manipulación generada con IA que no aspira al hiperrealismo sofisticado del deepfake cinematográfico, sino a producir una reacción emocional inmediata en el receptor. La distinción es importante: mientras el deepfake de alta gama requiere recursos técnicos considerables y busca pasar por verdadero bajo escrutinio; el cheapfake opera con otra lógica; no necesita engañar completamente, le basta con provocar. El artefacto proyectado no pretendía ser confundido con una fotografía real; pretendía —y logró— que el cuerpo antes que la razón respondiera con furia. Esa es su eficacia.
En un informe sobre el uso de inteligencia artificial generativa en procesos electorales de América Latina, la Fundación Friedrich Naumann documentó este patrón en México, Venezuela, Argentina y Panamá: imágenes, videos y audios manipulados para desacreditar, encender y agitar en momentos donde la capacidad de respuesta institucional es mínima. En Argentina, la Fiscalía Nacional Electoral registró decenas de denuncias vinculadas a este tipo de contenido durante las legislativas de 2025. El formato se repite: breve, emocional, diseñado para consumo móvil, lanzado cuando los mecanismos de verificación no pueden reaccionar a tiempo.
Lo que diferencia el caso de CDE de todos esos antecedentes es un salto cualitativo que hasta ahora no había ocurrido con esta visibilidad en la región: la operación migró del espacio digital, al espacio físico urbano. La imagen no circuló primero en redes, para luego ser capturada en pantalla y viralizada; fue proyectada directamente sobre la infraestructura pública de una avenida nacional, frente a miles de personas que la experimentaron en el cuerpo, en la calle, antes de que pudieran procesarla en ningún dispositivo personal. Ese salto multiplica el impacto de manera exponencial. Y para que fuera posible, necesitó de una fragilidad institucional que ya existía, silenciosa, en la arquitectura regulatoria de la ciudad.
El microcentro de Ciudad del Este es un territorio donde la ley y la práctica hace tiempo dejaron de coincidir, pero el incidente del 29 de mayo reveló algo más incómodo que una omisión: una contradicción institucional documentada. La ley 5016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial establece en su artículo 43 que queda prohibido colocar propaganda comercial en la vía pública y franja de dominio, y en su artículo 44 que toda construcción en ese espacio requiere autorización previa del MOPC. Cuando estalló el escándalo, el MOPC emitió un comunicado declarando que no autoriza carteles publicitarios en la franja de dominio en ningún punto del país. Sin embargo, documentos revelados muestran que en junio de 2021 el propio MOPC suscribió un convenio con FastPrint para la instalación de paneles LED, gigantografías y pórticos sobre ese mismo tramo de la ruta PY-02, con una vigencia de diez años, durante la administración del entonces ministro Arnoldo Wiens. Los documentos no prueban que la estructura involucrada en el incidente corresponda necesariamente a ese convenio, pero sí evidencian que el organismo que invocó la ley para deslindar responsabilidades había habilitado, cuatro años antes, exactamente el tipo de instalaciones que ahora declaraba ilegales. El escándalo no produjo el vacío regulatorio simplemente lo expuso.
Mientras tanto, ninguna de las dos empresas sumariadas —FastPrint y Publimix— aclaró quién pagó por el contenido ni por qué accedieron a subirlo. El director de Informática de la Municipalidad y la Cámara de Publicidad de CDE instalaron la hipótesis del “hackeo masivo”, aunque el propio director general de la Municipalidad, Hugo Benítez, descartó que ese argumento fuera relevante para las sanciones. La denegación plausible —escudarse en una explicación técnica ambigua para que el autor intelectual permanezca en el anonimato— es precisamente lo que hace atractivas este tipo de intervenciones. El “hackeo” es una narrativa funcional no porque sea necesariamente falsa, sino porque cierra la investigación antes de que empiece: quién diseñó la imagen, quién la pagó y quién la cargó en el sistema son preguntas que siguen sin respuesta.
Ese limbo, sin embargo, no operó en el vacío político. Operó en la intersección de al menos tres procesos electorales en curso simultáneo, y esa confluencia es lo que le da al incidente su verdadera dimensión estratégica. En Paraguay, la campaña municipal en Ciudad del Este estaba en plena efervescencia cuando las pantallas encendieron su provocación. Richard Alonso, precandidato colorado a la intendencia, fue uno de los primeros en tomar posición pública, exigiendo “expulsar del país a quienes hicieron esto”, antes incluso de que se estableciera con claridad quién había sido el responsable del contenido. La velocidad de esa reacción revela el funcionamiento del oportunismo político en entornos de alta saturación emocional: la indignación patriótica es un activo en campaña, y quien la canaliza primero gana terreno en la agenda. No importa que el origen del contenido sea incierto; lo que importa es quién aparece como defensor de la dignidad nacional en el momento en que esa dignidad parece estar siendo pisoteada en una pantalla LED frente al Puente de la Amistad.
La imagen de Bolsonaro en las pantallas de CDE responde a lo que los especialistas en desinformación denominan un cheapfake: una manipulación generada con IA que no aspira al hiperrealismo sofisticado del deepfake cinematográfico, sino a producir una reacción emocional inmediata en el receptor. La distinción es importante: mientras el deepfake de alta gama requiere recursos técnicos considerables y busca pasar por verdadero bajo escrutinio; el cheapfake opera con otra lógica; no necesita engañar completamente, le basta con provocar.
Pero la dimensión electoral del incidente no se agota en la política doméstica paraguaya. Flavio Bolsonaro —senador por Río de Janeiro, precandidato presidencial para las elecciones brasileñas de octubre de 2026 y sucesor designado por su padre desde la cárcel— reaccionó con una respuesta directa por X al presidente Santiago Peña, repudiando el uso de la imagen de su padre y destacando que Gustavo Gómez es capitán del Palmeiras, equipo del que Jair Bolsonaro es hincha declarado. El gesto fue calculado: repudiar la imagen, proteger la figura paterna y posicionarse como un actor de moderación regional en plena campaña presidencial. Esa reacción de Flavio no puede leerse por fuera de su contexto inmediato. Apenas días antes del incidente de CDE, el senador había visitado la Casa Blanca para reunirse con Marco Rubio y con el propio Donald Trump —la primera vez que un presidente estadounidense recibía a un precandidato presidencial brasileño en año electoral—, consolidando una imagen de liderazgo conservador regional con proyección internacional. El incidente de las pantallas, con la imagen de su padre utilizada para agitar contra un país aliado, amenazaba con contaminar ese posicionamiento cuidadosamente construido.
Lo que emergió en Ciudad del Este fue algo más complejo que una provocación binacional: el punto de convergencia de tres agendas electorales —la municipal paraguaya, la nacional de mediano plazo y la presidencial brasileña— activadas simultáneamente por una imagen generada con IA en menos de lo que tardó el Estado en apagarla. Como analiza Manuel Castells sobre el poder en la sociedad red, quien controla los flujos de comunicación controla la agenda política. En este caso, el contenido funcionó como un detonador que obligó a todos los actores relevantes a posicionarse respecto a un hecho consumado cuyo origen nadie podía verificar — exactamente el mecanismo que la literatura académica sobre deepfakes y procesos electorales en América Latina identifica como el más difícil de desactivar: bajo costo de producción, alto impacto emocional, y una infraestructura regulatoria que no tiene respuesta en tiempo real.
*Lic. en Comunicación Social y Periodismo (UNL-FHUC). Maestranda en Estudios Electorales (UNSAM).
** Cheepfake: el título de esta nota usa “deepfake” porque es el término que el público general busca y reconoce; cheapfake es la categoría técnicamente correcta para lo que ocurrió en la ruta PY-02.