El autogobierno policial como política de (in)seguridad persiste durante la gestión de Peña
*Jorge Rolón Luna
Al gusto de la crónica policial podríamos llamar un “confuso episodio”, al ocurrido en la siesta del 25 de octubre de 2018. En esa ocasión, dos efectivos policiales entre quienes se contaba el comisario Julio Cabañas, efectuaron disparos mortales contra el subcomisario Arístides Peralta, durante el asalto a un banco que la intervención de la fuerza pública tiñó de elementos turbios. Sin entrar en detalles, en esa ocasión policías dispararon a otro policía antes que a los asaltantes. Y el lector se preguntará, ¿qué tiene que ver con el actual gobierno ese lamentable hecho? Pues el 6 agosto de 2024, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública del Senado recomendó el ascenso a comisario principal del comisario Cabañas, un oficial que cuenta con un profuso y vergonzoso historial, aparte de haber disparado a boca de jarro a su compañero.
Este hecho nos muestra que la impunidad es sistémica. Ni en la policía ni en el Ministerio del Interior preocupan evidentemente los antecedentes de quienes conformarán el alto mando policial. Y esto que el ministro Enrique Riera declaró en diciembre de 2023, que “no habrá tolerancia para los policías que actúen al margen de la ley”.
El descontrol de la fuerza policial ha llegado a extremos en Paraguay. No pasa una semana sin que los medios informen al menos de un par de casos de corrupción, abuso de la fuerza o delitos cometidos por policías. Un relevamiento -parcial- de noticias vinculadas a este tipo de hechos devela una escalofriante estadística: un promedio de 11 casos por mes, casi tres casos por semana. El siguiente cuadro clarifica esta grave situación.
Cuadro 1. Promedio de casos policías involucrados en diversos ilícitos, corrupción, abusos de la fuerza y otros, agosto 2023 —julio 2024
Fuente: Elaboración propia con base en información de medios de comunicación nacional.
Estos casos de ilícitos, corrupción y abusos de la fuerza policial nos demuestran la gravedad de la descomposición policial en lo que va del último año. Los eventos involucran a agentes de todos los rangos y la tipología de hechos abarca prácticamente todo el espectro delictivo, desde extorsiones, asaltos, homicidios, abusos de la fuerza.
Ante esta situación grave ¿dónde están las instancias de control institucional policial como Asuntos Internos, Tribunal de Calificaciones y Justicia Policial? ¿dónde está el sistema judicial?
Volvamos de nuevo al pedido de ascenso de Cabañas. El episodio del visto bueno para su ascenso es un claro indicativo de que el gobierno de Peña no se halla comprometido en poner bajo control civil a la policía. Cuando la policía no castiga a un agente corrupto y el poder civil tampoco cuestiona la situación, se configura eso que se llama autogobierno policial. Lo que se ha podido observar en el primer año de gestión de Peña es que no tiene ninguna intención de intervenir para acabar con esa nefasta praxis que compromete la seguridad ciudadana.
Este hecho nos muestra que la impunidad es sistémica. Ni en la policía ni en el Ministerio del Interior preocupan evidentemente los antecedentes de quienes conformarán el alto mando policial.
Por el momento, el gobierno de Santiago Peña no ha emitido una sola señal que permita algún optimismo. No se observan planes de cambios estructurales, ni tampoco superficiales. La prioridad para el gobierno ha sido hasta ahora, legalizar las barreras antes que sanear a la fuerza. Parece que al presidente Peña y a su ministro del interior le interesan únicamente fortalecer a la policía para un rol represivo contra la protesta social y política, antes que contra la propia delincuencia que anida en el Estado, —fuerzas de seguridad y la alta política— o la lucha contra el crimen organizado.
Es cierto que existen planes de compras de armamentos y equipos por más de 92 millones de dólares, de redireccionamiento de fondos para refacciones de comisarías y ya se está empezando a aumentar el pie de fuerza a cinco mil efectivos por año. Todo esto carece de sentido en las condiciones actuales, en tanto no se acometa una profunda reforma de la fuerza, acompañada de una amplia purga. Lo urgente es, en realidad, transformar el modelo de relacionamiento de la policía con la política —el modelo maletín— donde anida el germen de la corrupción y el delito en filas policiales. Un modelo caracterizado por un afán recaudatorio fogoneado por los políticos, que supera ampliamente en dedicación a la misión institucional de la policía: prevenir y reprimir los delitos, proveer de seguridad ciudadana.
*Investigador independiente, ex director del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.