Por Raquel Rivaldi Robertti, Raquel Rojas y Alejandra Garay Báez
El país entero se ha visto conmovido por el feminicidio de María Fernanda. Ante las muchas voces pidiendo justicia e insistiendo en la necesidad de buscar soluciones para que casos así no se repitan, ha surgido una respuesta preocupante de parte de ciertos actores políticos que ven como única alternativa aumentar el punitivismo.
El diputado Rubén Rubín, por ejemplo, propuso bajar la edad de imputabilidad penal, aplicar cadena perpetua a adolescentes, y militarizar la seguridad interna del país, otorgando a las Fuerzas Armadas funciones normalmente realizadas por la policía. En una línea similar, el ministro del Interior Enrique Riera anticipó que se estudiará no sólo elevar las penas de los adolescentes en casos graves, sino también en otros, ante el argumento de que “el crimen organizado utiliza menores porque cree que con ellos van a ser impunes”.
Es comprensible que, ante un hecho de violencia tan brutal, diversos actores sociales y políticos propongan medidas radicales. Sin embargo, hacerlo de manera irreflexiva, sin considerar el impacto real de estas propuestas, es algo que no nos podemos permitir. Este texto discute por qué el punitivismo no es la solución. Señalamos los problemas estructurales del sistema carcelario y los límites de este enfoque. A la vez, proponemos poner en el centro el análisis y la transformación de las estructuras que habilitan y reproducen comportamientos violentos, destacando la necesidad de fortalecer políticas de cuidado como respuesta social y política.
Una radiografía actual del sistema penal paraguayo, que revela una profunda crisis, puede resultar ilustrativa para entender que la solución difícilmente pase por ahí. Según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay (MNP), la situación de hacinamiento en las cárceles es altamente preocupante, con cifras de sobrepoblación que llegan hasta el 1.076% en la Penitenciaría Regional de San Pedro, 886% en la de Ciudad del Este y 774% en Emboscada. Esta situación muestra un uso abusivo del encierro y una política penal desbordada, donde el 57 % de las personas privadas de libertad están bajo prisión preventiva, sin condena firme. El resto está en espera indefinida, muchas veces en condiciones infrahumanas. Ante estas cifras, no es de extrañar que, según el Índice de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project, la justicia penal paraguaya sea caracterizada como débil, ineficiente y selectiva. ¿Qué sentido tiene pedir más penas si el sistema ya es incapaz de aplicar con justicia las que existen?
A todo esto, hay que sumar que las cárceles están bajo la influencia del crimen organizado. En ese contexto, reducir la edad de imputabilidad sólo amplía la cantera de niños y niñas que ese mismo crimen organizado puede usar. Aumentar las penas y disminuir la imputabilidad son discursos oportunistas y populistas que promueven lo que Segato denomina como pedagogía de la crueldad. Castigar para exhibir control, aunque el problema de fondo quede intacto.
Pero más allá de la ineficiencia del sistema penal paraguayo, existen otros problemas de fondo. Inclusive aceptando la lógica carcelaria – que ve al encierro como una solución – este abordaje ofrece una respuesta parcial, ya que el sistema jurídico penal nunca llevará ante la justicia a todas las personas que hacen daño. Además, es una medida que se activa sólo cuando la intensidad y espectacularidad de la violencia sobrepasa un cierto umbral, sin considerar otras violencias cotidianas que hacen posible llegar a manifestaciones más extremas.
Este enfoque de “mano dura” desatiende las causas estructurales de la violencia y convierte el dolor colectivo en justificación para políticas regresivas. Distintas instituciones se han pronunciado en contra las mencionadas propuestas, como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que ha advertido que esto solo profundizaría la violencia institucional, erosionando derechos de la niñez; y Feipar, que ha insistido en que las soluciones reales pasan por la educación sexual y la salud mental.
También desde los feminismos, comprometidos con la erradicación de violencias sexuales y de género, se cuestiona la eficacia de las medidas punitivistas. Tal como ha apuntado Angela Davis, la violencia contra las mujeres es un problema social complejo que no puede resolverse simplemente enviando personas a la cárcel. De hecho, muchas veces quienes entran al sistema penitenciario salen aún más violentos. El encarcelamiento, lejos de ser una solución, reproduce las mismas lógicas de violencia que se busca eliminar.
Para evitar que se repitan casos como el de María Fernanda, entonces, no podemos centrarnos únicamente en castigar hechos consumados, sino en prevenir y erradicar sus causas profundas. Es necesario ir más allá del foco en el individuo agresor – y su supuesta desviación – para atender las estructuras sociales que permiten y perpetúan estas violencias.
Sin negar la responsabilidad de quienes causan daño, los feminismos proponen una justicia transformativa: una forma de responder sin generar más sufrimiento ni reforzar los ciclos de violencia. Se trata de atacar las raíces del problema, no de aplicar “mano dura” una vez los hechos violentos se hayan consumado. La apuesta es por la educación en igualdad, donde se establezca claramente que nadie tiene derecho sobre el cuerpo de otra persona. Es también fundamental contar con sistemas de salud pública y educación que no traten la sexualidad, especialmente la juvenil, como un tabú.
Lejos de replicar modelos de seguridad centrados en el castigo y el encierro, el estado tiene un rol fundamental que asumir. En este sentido, existe actualmente una Política Nacional de Cuidados que podría orientar un cambio de rumbo, pero que no se implementa por falta de regulación. Su aplicación permitiría revalorizar los cuidados y apostar por la construcción de comunidades, escuelas y familias presentes, capaces de educar en el respeto, y también de acompañar y contener a las nuevas generaciones. La ausencia de una estrategia estatal sólida en materia de cuidados está directamente relacionada con una lógica punitiva que castiga la vulnerabilidad en lugar de atenderla.
Avanzar hacia una sociedad del cuidado implica abandonar el castigo como respuesta a las problemáticas sociales y pensar en mecanismos de reparación, restitución de derechos y fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
Raquel Rivaldi Robertti es Mag. en Derechos Humanos, Directora Académica en el Ministerio de la Defensa Pública, Paraguay
Raquel Rojas es Dra. en Sociología, docente en la Universidad de Cambridge, Reino Unido
Alejandra Garay Báez es Máster en Ciencias Sociales por la FLACSO y doctoranda por la UBA. Docente universitaria.