Jorge Rolón Luna*
El tráfico de cocaína en el Paraguay no ha instalado únicamente al sicariato. Asistimos como sociedad a episodios de furia criminal inéditos y de extrema gravedad. Mientras escribía este artículo, una mujer del Barrio Chacarita fallecía a consecuencia de la bala perdida de un tiroteo entre pandillas. Un tipo de episodio que a esas alturas no tenía nada de novedoso y mucho menos de infrecuente. En noviembre del 2024, un adolescente de 17 años falleció al recibir un disparo en medio de una balacera entre bandas rivales. Un poco antes, en setiembre, una recicladora de 46 años murió a causa de un disparo a la altura de la cabeza, ambas víctimas colaterales de estos enfrentamientos. Tiroteos en barrios, bares u otros lugares públicos, ataques a balazos a casas, comercios, incendios premeditados de vehículos, asesinatos sin motivo aparente y un gobierno que no sabe cómo reaccionar a la multiplicación de este tipo de hechos. Estamos siendo testigos de la conversión de áreas densamente pobladas en zonas de guerra con víctimas colaterales e inocentes .
En el imaginario popular, mediático y gubernamental, estos hechos tienen muchas veces una explicación simple: consumidores de sustancias prohibidas que manifiestan agresividad criminal por el efecto de ellas y por la necesidad de financiar su consumo. El propio presidente Peña contribuyó con ese sentido común cuando atribuyó el ‘80% de los delitos’ (sic) a adictos de crack y prometió eliminar la fuente de estos hechos delictivos a través de un programa inicialmente denominado Chau Chespi. Aquí, por metonimia, Chespi pasa de ser el crack que se consume a designar directamente al consumidor de esa sustancia, supuesto causante principal del problema. El programa, ya rebautizado, hasta hoy no ha mostrado resultados tangibles.
Esta inconsistencia revela un problema más profundo: el Estado insiste en combatir al eslabón más débil (el consumidor) mientras el negocio del tráfico sigue operando con impunidad. Es decir, no es el adicto quien dispara en una balacera entre pandillas el causante del fenómeno, sino el negocio que convierte a barrios enteros en campos de batalla. Así, en las urbes se mata por un territorio, una deuda, un error, por silenciar a alguien o simplemente porque a la víctima le tocó estar en el lugar equivocado.
Obviamente que el consumo y el tráfico van de la mano, pero lo que debe enfatizarse es que las nuevas formas de violencia se asocian al negocio mismo del narcotráfico. Varios trabajos muestran evidencias en ese sentido. La violencia crece con el aumento del precio de la cocaína, con las disputas entre grupos narcotraficantes y con el aumento del tránsito de cocaína. Así, por ejemplo, los crímenes son más elevados en los centros de acopio y menudeo de cocaína, antes que en los lugares de cultivo de la hoja de coca.
Para comprender mejor el nexo entre drogas y violencia, Paul Goldstein propone un marco conceptual tripartito que considera tres factores clave: primero, la psicofarmacología, o el efecto del consumo en el comportamiento de sus consumidores; segundo, la compulsión económica, o la dependencia de una droga que requiere erogaciones constantes para sus consumidores -especialmente aquellos pobres-, como elemento de compulsión hacia la comisión de delitos como el hurto y el robo para financiar su adicción. Y tercero, la violencia sistémica, donde los patrones agresivos son producto de los sistemas de distribución de drogas y su uso.
Goldstein se concentra en el tercer punto, la causa sistémica. El autor enumera varios tipos de eventos que provocan los espirales de violencia: disputas por territorio entre narcotraficantes rivales, la necesidad de que las organizaciones narcotraficantes hagan cumplir sus códigos normativos; robos a traficantes; eliminación de informantes; y castigos por vender drogas adulteradas o falsificadas, entre otros.
Es decir, ciertos delitos y su concomitante violencia no son el resultado del consumo de las drogas, sino mayormente del tráfico. Fue el crecimiento descontrolado de la compra, venta y tránsito de cocaína y sus derivados lo que ha provocado una variedad inédita de hechos criminales en nuestro país. Esta violencia sistémica se ha incrementado por la emergencia de nuevos actores en el área metropolitana de Asunción, como las pandillas de microtraficantes y la llegada de organizaciones criminales brasileñas.
En resumen, debemos estar atentos a estos factores para juzgar críticamente las políticas públicas que apuntan, supuestamente, a contener el tráfico y la violencia. Porque no ha sido la pobreza ni el consumo los factores que han generado los nuevos espirales de violencia, sino “la economía” de la cocaína y su derivado como el microtráfico de crack.
Mientras el Estado siga mirando al Chespi y no al negocio, nuestras calles seguirán escribiendo su historia con balas perdidas, muertes y códigos de silencio.
*Investigador independiente, ex director del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.