Stroessner como desenlace: lo que se oculta cuando se esconde la primera mitad del siglo XX

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José Duarte Penayo*

La polémica desatada a partir de mis declaraciones sobre el período estronista es el síntoma de una degradación del debate público sobre la historia del Paraguay. Nuestro país no escapa a la lógica tribal identitaria cuando se trata de pensar procesos complejos. Así, ante la mínima disonancia, todo se ordena en bandos morales, donde la lealtad previa pesa más que la reflexión, provocando que el matiz se lea como apología. Es por eso que pedir una lectura integral del siglo XX paraguayo suena disruptivo, cuando, en realidad, debería ser una condición elemental para comprender la complejidad de dicho periodo.

Mi interés por una perspectiva de larga duración se la adjudico y agradezco a la La contestación del orden liberal, de Milda Rivarola. Su enfoque obliga a salir del relato de los “grandes hombres” y de las etiquetas partidarias como explicación automática de los procesos históricos. De hecho, Rivarola reconstruye el surgimiento de un antiliberalismo político con críticas que atraviesan el conjunto del espacio social y político entre 1904 y el colapso del referido periodo en 1936.

Otra obra de la misma autora, que también fue decisiva para mi introducción a la temática en cuestión, fue Obreros, utopías y revoluciones. Allí se documenta la suerte de la clase obrera en la era liberal: explotación salvaje, economía de enclave, coerción, sometimiento y fuerza. Esa lectura, junto con trabajos como la Historia económica del Paraguay de Washington Ashwell, me dejó una convicción simple: el siglo XX no se entiende por cortes puramente partidarios ni por fechas fetiche, sino por acumulaciones, rupturas parciales y continuidades resistentes.

A partir de ese marco introductorio y un diálogo con otros trabajos importantes, considero difícil de refutar que el autoritarismo, la represión estatal, el estado de sitio, la tortura, el cierre de periódicos, el exilio, las detenciones arbitrarias y la coexistencia de mecanismos electorales como fachada de legitimación no empiezan en 1954. Más bien, a partir de esa fecha se observa la institucionalización, contenida y mejor organizada, de muchos de estos rasgos.

Sin embargo, resulta llamativo que una posición que se desprende de una lectura rigurosa de la propia historiografía no colorada sea recibida como si se tratara de una profanación de verdades intocables. La afirmación de que prácticas como la represión, el estado de sitio, la tortura o el exilio fueron recurrentes bajo gobiernos civiles liberales y postliberales previos a Stroessner, ¿puede razonablemente ser catalogado como “negacionismo” o “apología” del stronismo? La sola formulación de la pregunta revela hasta qué punto el debate histórico ha sido capturado por reflejos morales que reemplazan el análisis por la imputación.

En realidad, considero que la actitud contraria a mi punto de vista es la de negacionista y apologética de un periodo caracterizado por la violencia política. Tales actitudes significarían silenciar que durante la era liberal se crea el primer campo de concentración del Paraguay, el Fortín Galpón; que en dicha época se decretaron más de 34 estados de sitio; que hubo cierres de periódicos de colorados y de facciones liberales opositoras; que la regularidad fue la sucesión de presidentes sin ningún tipo de elección popular realmente competitiva; y que las guerras civiles (como las de 1904, 1912 y 1922) no fueron emprendimientos privados, sino que fueron financiadas con onerosos empréstitos contraídos por el Estado para enlutar la nación. Eso fue el liberalismo realmente existente, lejos del corazón doctrinario de sus grandes referentes modernos.

Además, el problema no era solo de régimen político. Como señalaron autores provenientes de la izquierda paraguaya, entre ellos Oscar Creydt, tampoco existía una base mínima de relaciones capitalistas de producción: reglas estables de propiedad, moneda estable, mercado unificado y un Estado con control territorial efectivo. Por el contrario, persistían enclaves extractivos donde la coerción era la norma, administrados por capitales angloargentinos, con una dominación oligárquica y un atraso productivo incuestionable. Así, el uso de “fachadas institucionales” de corte liberal para legitimar mecanismos de dominación basados en la fuerza tiene su origen en el corazón de la era liberal.

De hecho, fue el sociólogo Luis Galeano quien caracterizó al stronismo como un periodo de “modernización conservadora, tardía y parcial”. A mi juicio, un aspecto central de dicha tesis consiste en señalar que, previo a Stroessner, no existía un proceso ordenado de modernización de las fuerzas productivas del país. Por ello, dicho proceso es calificado de “tardío”, además de parcial debido a los propios límites de la modernización estronista, que no pudo trascender determinados condicionantes endógenos y exógenos.

El argumento a remarcar es que, a lo largo del siglo XX, Stroessner es un punto de llegada, no de partida ni de creación del autoritarismo. Como explica Víctor Jacinto Flecha, 1954 se entiende mejor como el desenlace de una disputa por la conducción cívico-militar, abierta tras la Guerra del Chaco. En el año 1936 tuvo lugar un cambio de régimen estrictamente revolucionario, una revolución nacionalista y antiliberal, que marcó el inicio de una pugna intensa por fundar un nuevo orden. La disputa no se dio entre democracia y dictadura, sino al interior de distintas articulaciones posibles de poder, donde el actor militar aparece como componente central del orden, tras la victoria del Chaco.

Los hitos están a la vista de cualquier chequeo rápido. Rafael Franco derogó en 1936, por el imperio de la fuerza, la Constitución de 1870, dando inicio al fin de la etapa liberal. José Félix Estigarribia impulsó por decreto la Carta de 1940, de corte corporativo y autoritario, por lo que resulta imposible omitir que los intelectuales más destacados del 40 establecieron el nuevo orden autoritario. No hace falta leer La dictadura liberal de Leandro Prieto Yegros para comprender esto; basta con repasar los trabajos de Harris Gaylord Warren, Paul H. Lewis, François Chartrain, Alfredo Seiferheld, entre otros autores sin vínculo alguno con el coloradismo.

Morínigo gobernó inmediatamente después de la muerte de Estigarribia bajo ese mismo marco normativo, que luego del interregno tenso y convulso de gobiernos civiles colorados fallidos, permitió a Stroessner llegar al poder y consolidarse, gracias a la Carta política del liberalismo cuarentista. Ya consolidado, Stroessner impulsó en 1967 la primera Constitución mediante mecanismos constituyentes con participación pluripartidista: Partido Liberal, Liberal Radical, Febrerismo y Partido Colorado. Por lo tanto, frente a cartas impuestas por decreto o en contextos de ocupación extranjera, ese paso supuso un avance normativo incuestionable y abrió lo que Carola González Alsina denomina “normalización constitucional”. Reconstruir estos hechos y concluir que Stroessner llegó a gobernar con una constitución que ostentaba un mayor grado de legitimidad pluripartidista que todas las constituciones anteriores, ¿convierte a uno en nostálgico de un pasado simplificado hasta el hartazgo?

Traer estos hechos a colación busca recuperar la posibilidad de pensar sin someterse al consenso hegemónico de una historiografía que dejó de producir conocimiento y se limitó a reproducir, de forma cada vez más degradada, sus mejores momentos. Del mismo modo, sostener que durante el stronismo existieron menores niveles de letalidad por razones políticas, y que antes de 1936 la ausencia de un orden estatal mínimamente estable dejaba campo libre a la pulsión mortífera de las guerras civiles, no implica reivindicación ni nostalgia alguna. Se trata, simplemente, de distinguir intensidades, modalidades de represión y formas de dominación históricamente diferenciadas.

La historia no debería estar subordinada a una ética de la cancelación, sino constituir un terreno abierto para pensar continuidades y rupturas, más allá de los actores y de sus respectivas filiaciones partidarias. El debilitamiento del “combustible de la crítica”, como diría Bruno Latour, en amplios sectores de la oposición paraguaya fue evidente en estos días. Desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que en el comunicado de su presidente Hugo Fleitas refuerza la falacia de que los gobiernos liberales son “reconocidos por propios y extraños como los más honestos, capaces y austeros”, hasta el progresismo en sus diversas, testimoniales y diminutas variantes. Conviene señalar que dicho espacio ideológico, aunque minoritario en términos de gravitación política, conserva posiciones relevantes en instituciones clave de la superestructura cultural, para emplear un léxico que les resulta familiar.

Resulta llamativo cómo la izquierda cultural paraguaya prioriza hoy la defensa cerrada de identidades tribales con tal de no recordar el periodo liberal, reconociendo tácitamente la propaganda liberal, repetida una vez más, por el Sr. Hugo Fleitas. Se trata de una claudicación teórica y política sin precedentes respecto de una tradición de pensamiento que supo sostener el espíritu crítico para exponer el sufrimiento del mensú narrado por Rafael Barrett, la masacre de Puerto Pinasco impulsada durante el gobierno de Eligio Ayala, y las múltiples vejaciones que padeció la clase obrera en un periodo que hoy se pretende resguardar e idealizar. En ese contexto, corresponde reconocer –e incluso felicitar– al historiador y senador libertario Eduardo Nakayama por su indiscutible triunfo cultural: bien podría merecer, quizá, el título de historiador oficial de todo el arco opositor, desde su expartido, el PLRA, hasta la izquierda residual que aún sobrevive en el Paraguay.

Puede que todo el arco opositor tenga dificultades para alcanzar acuerdos políticos y constituir un espacio capaz de disputar efectivamente al coloradismo. Sin embargo, nadie puede negar su capacidad de alineamiento sistemático con la fábula que sitúa el inicio del autoritarismo y de la violación de los derechos humanos en 1954. Cuando se instala la idea de que la violencia estatal “empieza” en ese año, se deja intacto un siglo de mecanismos y racionalidades ya operantes; se oculta la continuidad de un Estado que aprendió a controlar, reprimir, legitimar y administrar la excepción. La intención al exponer mis argumentos no es “blanquear” a Stroessner ni maquillar su régimen, sino proponer una discusión más racional: separar planos, distinguir constitucionalidad de legitimidad política, describir continuidades del aparato estatal y asumir que el siglo XX paraguayo no admite relatos de una sola línea.

Si queremos una ética democrática consistente, hay que cuestionar los mitos de origen; aceptar que la violencia política paraguaya fue una constante, aunque con formas cambiantes; reconocer que 1954 marca un punto de inflexión histórico, pero no es el nacimiento de la oscuridad en medio de un sol radiante de libertades públicas. Leer el siglo XX completo, con comparaciones y con datos, no debilita la condena de la tortura ni relativiza el sufrimiento de las víctimas. Visibilizar la violencia del periodo liberal y de los gobiernos posteriores a la revolución de febrero de 1936, con el fin de mostrar que son el antecedente directo del estronismo, fortalece la reivindicación de todos los perseguidos por cuestiones políticas, porque evita que la memoria se vuelva instrumento de conveniencia y que la historia se convierta en un repertorio de etiquetas para disciplinar al que piensa distinto.