Marcos Pérez Talia
El 21 y 22 de febrero se realizó en Asunción una encuesta para definir quién sería la candidata del principal bloque opositor —la denominada “Alianza por Asunción”— de cara a las municipales. El instrumento consultó a 1008 personas habilitadas para votar en la capital y les planteó una pregunta directa: ¿a quién prefieren como candidata, Johanna Ortega o Soledad Núñez?
Al caer la tarde del domingo, el resultado confirmó lo que varios sondeos previos ya sugerían: Soledad Núñez será la candidata a intendenta por la alianza opositora.
Más allá del resultado puntual, el dato políticamente relevante es el mecanismo. Se trató de una encuesta privada, sin intervención de la Justicia Electoral, utilizada como método de definición de candidaturas. No es un recurso habitual en la política paraguaya, aunque tampoco es completamente novedoso.
El antecedente más recordado se remonta a las municipales de 1996, cuando Martín Burt y Alfredo Boccia acordaron resolver la candidatura mediante una encuesta. El proceso fue posteriormente validado en las urnas: Burt ganó la intendencia de Asunción, lo que terminó legitimando ex post el método utilizado.
Años después, en 2012, el Partido Liberal Radical Auténtico intentó un camino similar con el sistema que se conoció como “urnas delivery”, en el que Blas Llano, Efraín Alegre y Federico Franco buscaban evitar los costos y riesgos de una interna tradicional. Sin embargo, aquella experiencia estuvo atravesada por denuncias de irregularidades y cuestionamientos de legitimidad que terminaron desdibujando al supuesto ganador. La crisis interna no se resolvió por el mecanismo acordado, sino por un reordenamiento político posterior al juicio político que destituyó a Fernando Lugo.
En ese contraste histórico aparece una primera lección clara: las encuestas pueden reducir los costos de una confrontación interna, pero su legitimidad no depende tanto del instrumento técnico como del acuerdo político previo y, sobre todo, de la aceptación posterior del resultado.
Si Soledad Núñez y Johanna Ortega acatan los resultados con la madurez política que exige el momento, como parece haber ocurrido, el proceso deja varias lecturas hacia adelante.
La primera es la más evidente: el aprendizaje sobre las divisiones. Buena parte de las derrotas opositoras en las últimas décadas no se explica únicamente por la fortaleza del oficialismo, sino por la fragmentación interna. Treinta y siete años después del inicio del periodo democrático, la cultura de alianza dentro de la oposición sigue siendo frágil. Y en un sistema electoral de una sola vuelta, esa fragilidad se paga caro: basta con que la oposición compita dividida en dos candidaturas fuertes para que el oficialismo gane con una mayoría relativa.
Los ejemplos recientes son elocuentes. En las municipales de Asunción de 2021, la oposición compitió con dos fórmulas relevantes: Eduardo Nakayama por un lado y Johanna Ortega por otro. En las presidenciales de 2023, el paraguas de la Concertación —que en teoría debía ordenar y contener fugas— terminó debilitado cuando Payo Cubas decidió competir por fuera. El resultado fue el mismo patrón: dispersión del voto opositor y pérdida de competitividad.
Con esos antecedentes, la unidad anticipada no es un gesto simbólico, sino una condición estratégica. En Asunción, donde el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez fue destituido en medio de cuestionamientos por su gestión, existe una ventana de oportunidad real. Pero esa oportunidad solo puede capitalizarse con una candidatura única, definida con tiempo y respaldada sin ambigüedades.
La segunda lección tiene que ver con el mecanismo. La encuesta es plenamente válida como herramienta para definir candidaturas, aunque haya recibido críticas —principalmente desde sectores oficialistas— por el tamaño de la muestra (1008 casos). Ese cuestionamiento parte de una confusión básica. Una encuesta no reemplaza la voluntad popular; no es una elección. Es una herramienta estadística que permite estimar tendencias en un momento determinado.
Si el diseño muestral es técnicamente sólido y la recolección de datos es rigurosa, el resultado ofrece una fotografía razonablemente confiable del estado de opinión. Además, presenta ventajas prácticas: evita internas desgastantes, reduce costos políticos y permite ordenar la campaña con mayor anticipación.
las encuestas pueden reducir los costos de una confrontación interna, pero su legitimidad no depende tanto del instrumento técnico como del acuerdo político previo y, sobre todo, de la aceptación posterior del resultado.
Por último, hay un elemento político que no es menor. La competencia entre Soledad Núñez y Johanna Ortega expuso una dinámica poco frecuente en Paraguay: dos mujeres jóvenes disputando con posibilidades reales una candidatura municipal relevante, ambas por fuera de las estructuras partidarias tradicionales. En un escenario de creciente cansancio ciudadano frente a las lógicas de siempre, esa novedad aporta renovación y puede conectar con un electorado más exigente como el asunceno.
En síntesis, más allá del nombre definido, el proceso deja tres mensajes concretos: sin unidad no hay competitividad; los mecanismos alternativos pueden ser útiles si hay madurez y consenso político; y existe una demanda latente por liderazgos nuevos, menos atados a las estructuras tradicionales.
La encuesta no garantiza la victoria, pero sí ordena el punto de partida. Frente a un Partido Colorado con estructura, recursos y tradición electoral en la capital, la oposición solo puede ser competitiva si transforma esta unidad inicial en organización, mensaje claro y trabajo sostenido en territorio. La oportunidad existe; convertirla en resultado dependerá menos del mecanismo elegido y más de la consistencia política de aquí en adelante.