Marcos Pérez Talia
La Cámara de Senadores de Paraguay finalmente expulsó a Javier “Chaqueñito” Vera de su banca parlamentaria. La decisión, tomada el 30 de marzo de 2026, llegó después de una larga acumulación de episodios impropios del cargo, una suspensión previa en 2025 y un clima político que ya hacía insostenible su permanencia.
La noticia fue recibida como una forma tardía de reparación institucional. Y, ciertamente, lo fue. El Senado actuó, aunque tarde, ante un caso que se había convertido en una degradación pública de la función legislativa. Pero sería un error pensar que con esta expulsión el problema queda resuelto. Porque el caso Chaqueñito no es solamente el desborde de una figura individual. También es un espejo incómodo de algo más profundo, el deterioro sostenido de la representación política y la pérdida paulatina de legitimidad del Congreso ante la ciudadanía.
Gráfico 1. Evolución de la percepción ciudadana hacia el Congreso (1998-2024)
Fuente: Latinobarómetro
Los datos de Latinobarómetro muestran una tendencia clara de deterioro en la confianza ciudadana hacia el Congreso. A lo largo del período 1998–2024, el apoyo expresado en las categorías “mucha o algo” se mantiene sistemáticamente por debajo del rechazo medido como “poco o nada”, confirmando una trayectoria decreciente de respaldo y creciente de desaprobación. Aunque esta brecha ya era visible desde fines de los noventa, en los dos últimos períodos se vuelve mucho más pronunciada. En 2020, el 89,7% declaró tener “poca o ninguna” confianza, frente a apenas un 10,3% que manifestó “mucha o algo”, una distancia extrema que podría leerse, al menos en parte, en el contexto excepcional de la pandemia. Sin embargo, lejos de tratarse solo de un efecto coyuntural, en 2024 el rechazo sigue siendo notoriamente alto: 76,6% frente a 23,4%, lo que sugiere que la crisis de confianza en el Congreso no puede explicarse únicamente por aquella emergencia, sino que responde a un problema más profundo y persistente de legitimidad institucional.
Los datos ayudan a poner esta discusión en perspectiva. Cuando gran parte de los ciudadanos no confían en una institución central de la democracia representativa, ya no estamos ante un problema de imagen, sino ante un problema de vínculo político.
Como casi todo en política, esta crisis no tiene una sola causa. Sería demasiado cómodo, y también demasiado pobre, explicarla desde una única variable. Hay, al menos, tres hipótesis plausibles que podríamos plantear.
La primera apunta a la oferta política. La irresponsabilidad de dirigentes y partidos que promueven candidaturas sin la preparación mínima, sin trayectoria pública consistente y, en algunos casos, con antecedentes que deberían haber encendido todas las alarmas antes de llegar al Congreso.
La segunda remite al diseño institucional. El cambio en el sistema electoral que incorporó listas desbloqueadas y voto preferencial, transformando profundamente la lógica de competencia para cargos pluripersonales. La reforma fue introducida por la Ley 6318/2019 y luego ajustada por normas posteriores.
La tercera hipótesis pone la mirada en la demanda. Una ciudadanía que, por bronca, identificación emocional, lógica de castigo o simple fascinación con figuras disruptivas, termina premiando candidaturas cuya principal fortaleza es la visibilidad, no la capacidad.
Las tres importan. Pero conviene detenerse en la segunda, porque ahí hay una clave menos evidente y más estructural.
La promesa del voto preferencial era seductora. Es decir, dar más poder al elector, romper el control de las cúpulas partidarias y permitir que la ciudadanía elija personas, no solo listas. En términos ideales, la propuesta podía sonar incluso más democrática. Pero los sistemas electorales no se evalúan solo por sus promesas normativas, sino por los incentivos reales que producen y las consecuencias que generan.
Y ahí aparece un punto central. Con las listas desbloqueadas, la competencia ya no ocurre solo entre partidos. También se traslada al interior de cada partido o movimiento, convirtiendo la disputa electoral en una competencia individual entre candidaturas, obligando a campañas más personalizadas y debilitando algunos mecanismos previos de organización colectiva. Desde distintos espacios académicos se ha intentado advertir sobre las consecuencias no deseadas del cambio electoral.
Ese cambio no es neutro. Cuando la lógica electoral se desplaza desde una lista relativamente ordenada por una estructura partidaria hacia una competencia interna por preferencias personales, lo que cambia no es solo la mecánica del voto, sino el tipo de capital que se vuelve valioso. La construcción de pertenencia política, la solidez de una trayectoria o cierta coherencia programática empiezan a ceder frente a atributos más inmediatos: instalar un nombre, captar atención, circular en redes, producir impacto y recordación. Dicho de otro modo, sube el precio electoral de la notoriedad. La afirmación del senador Walter Kobylansky, de Cruzada Nacional, cuando explicó que eligieron a Chaqueñito por su cantidad de likes en Facebook, condensa de manera casi perfecta esa mutación.
Bajo esas reglas, perfiles con alta exposición pública, retórica confrontativa o rendimiento mediático pueden convertirse en candidaturas muy competitivas, aun cuando carezcan de experiencia legislativa, formación política o aptitudes mínimas para ejercer el cargo con responsabilidad. No quiero afirmar que el sistema fabrica por sí solo malos representantes, sino advertir que altera los incentivos y jerarquiza otros atributos. Y entre ellos, demasiadas veces, la responsabilidad institucional deja de estar entre los más premiados.
Por supuesto, esto no exonera a los partidos. Al contrario. Si el sistema exige más filtros, más formación y más responsabilidad en el reclutamiento, lo que hemos visto en muchos casos es lo opuesto: organizaciones demasiado dispuestas a capitalizar cualquier candidatura rentable en votos, aunque después resulte costosa para la institución. El caso de Chaqueñito expone precisamente esa combinación: un movimiento que lo habilita, una estructura política que luego lo cobija o lo tolera, y un sistema que facilita que el conocimiento público pese más que la aptitud pública.
Tampoco conviene caer en el simplismo inverso: culpar solo al voto preferencial. Sería exagerado afirmar que la reforma electoral explica por sí sola la crisis del Congreso. La desconfianza hacia el Parlamento viene de antes y responde también a factores más amplios: clientelismo, opacidad, baja calidad deliberativa, privilegios persistentes y una desconexión histórica entre representación y rendición de cuentas. Pero sí parece razonable sostener que el nuevo esquema profundizó ciertos problemas al personalizar aún más la competencia y debilitar los costos de promover candidaturas estridentes o poco idóneas.
En ese sentido, el caso Chaqueñito —más que una anomalía— parece una advertencia. Muestra hasta qué punto una democracia puede conservar intactas sus reglas formales mientras se erosiona la calidad de quienes ocupan sus instituciones. Y muestra también algo más incómodo. Que expulsar a un legislador puede ser necesario, pero no suficiente. Porque el problema no empieza cuando alguien ya está adentro. Empieza mucho antes; cuando se lo selecciona, se lo legitima, se lo protege y se lo vota.
Si de verdad se quiere fortalecer al Congreso, no alcanza con reaccionar ante el escándalo. Hay que volver a discutir cómo se construye representación política en Paraguay. Eso implica revisar incentivos electorales, exigir más a los partidos en sus procesos de selección y asumir, como ciudadanía, que castigar a “la política” votando cualquier cosa no siempre renueva la democracia: a veces simplemente la empeora.
La expulsión de Chaqueñito puede ser leída como un límite tardío. Pero también debería funcionar como una pregunta más incómoda y más útil: no solo cómo sacamos a ciertos representantes del Congreso, sino cómo evitamos que lleguen ahí en primer lugar.