La profecía cumplida: los intereses de la deuda ya superan toda la inversión pública del Estado
Por Javier Lassalle
Hace exactamente dos años, en abril de 2024, publicamos en Tereré Cómplice un análisis sobre el gasto en intereses de la deuda pública paraguaya. En ese artículo, advertíamos:
“En Paraguay, si no se aumentan impuestos, veremos una creciente cuenta de intereses que pronto será mayor a todo lo que el MOPC invierte en obras públicas. Además, iremos entrando paulatinamente en una situación de incertidumbre sobre nuestra capacidad de pagos, con sus concomitantes efectos negativos en el acceso a crédito, niveles de inversión, consumo y otros indicadores fundamentales.”
Esa advertencia ya no es una proyección. Es una realidad que incluso superó lo que imaginábamos. El gráfico 1, elaborado con datos del SITUFIN del Ministerio de Economía y Finanzas, lo confirma.
Gráfico 1: Gasto en intereses de deuda vs. inversión pública total (Administración Central)
Nota: Gastos en intereses y en inversión como % del ingreso total, suma móvil 12 meses.
Fuente: elaboración propia con datos de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), SITUFIN.
Cuando en 2024 escribíamos que los intereses iban a superar la inversión del MOPC, no era un dato menor. El MOPC es el ministerio que más invierte en todo el Estado paraguayo — más que Educación, más que Salud, más que cualquier otro organismo. Sus recursos son los que construyen rutas, puentes y obras de infraestructura que el país necesita para crecer.
Pero lo que ocurrió fue aún más grave que lo advertido: el gasto en intereses no solo superó al MOPC; superó a toda la inversión pública del Estado paraguayo sumada. Cada guaraní que el Estado destina a construir algo — en cualquier ministerio, en cualquier rincón del país — es hoy superado por lo que se paga en intereses de deuda.
El gasto en intereses crece por la combinación de dos factores que no se han revertido: primero, el endeudamiento acumulado producto del déficit fiscal persistente; y, segundo, las tasas de interés internacionales que, si bien bajaron algo desde sus máximos, siguen en niveles elevados respecto a la década pasada.
El párrafo que citamos al comienzo también alertaba sobre la “incertidumbre sobre nuestra capacidad de pagos”. Esa incertidumbre tiene hoy nombre y apellido.
El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, reconoció apenas asumió que la deuda del Estado con sus principales proveedoras —constructoras y farmacéuticas— ronda los USD 1.300 millones. Se trata de una deuda real, contraída por servicios y obras ya ejecutadas, pero que no figura en las estadísticas oficiales de endeudamiento público porque el Estado simplemente no la registró ni la pagó.
Esto tiene una implicación fiscal importante y en general pasada por alto: al no reconocer formalmente esa deuda, el Estado no genera intereses sobre ella. En otras palabras, el gasto en intereses que muestra el gráfico es ya el más alto en cuatro décadas, pero está subestimado. Si el Estado hubiese sido responsable y hubiese reconocido y financiado esas obligaciones oportunamente, el peso de los intereses sería aún mayor al que hoy vemos.
La deuda escondida no es un alivio fiscal. Es una deuda que se acumula y que tarde o temprano deberá pagarse — con o sin intereses explícitos, pero siempre con costos reales: parálisis de obras, proveedores en aprietos financieros, cadenas de pago quebradas y deterioro de la confianza del sector privado en el Estado como pagador. Todo eso ya está ocurriendo.
Otro efecto visible de esta dinámica está en la inversión pública. El gasto en inversiones se encuentra hoy, medido como proporción de los ingresos totales del Estado, en su nivel más bajo desde 2003.
Las rutas sin mantenimiento, las obras paralizadas, los hospitales sin insumos — todo eso tiene una conexión directa con esta ecuación. El dinero no desaparece; simplemente va a otro lado.
En 2024 preguntábamos si el gobierno paraguayo se animaría a aumentar impuestos para reducir el déficit y la carga de intereses. La respuesta fue no. El gobierno de Santiago Peña mantuvo su postura, apostando a una consolidación fiscal gradual por el lado del gasto.
La disyuntiva que planteábamos en 2024 sigue vigente: impuestos hoy o impuestos mañana. Lo único que cambia con el tiempo es el tamaño de la deuda sobre la que eventualmente habrá que actuar. Y esa deuda ahora incluye, además de la oficial, un pasivo oculto de USD 1.300 millones que el Estado le debe a quienes construyeron sus obras y surtieron sus hospitales.
Paraguay sigue siendo un país con una deuda pública relativamente baja en términos del PIB comparado con sus vecinos. Ese margen es real y no debe subestimarse. Pero tampoco debe desperdiciarse.
El país necesita un debate honesto sobre sus finanzas públicas. No un debate ideológico sobre si los impuestos son buenos o malos, sino una conversación práctica: cómo sostener los servicios del Estado, tales como invertir en infraestructura y garantizar la estabilidad macroeconómica sin seguir acumulando una deuda —visible y oculta— cuyo servicio ya superó a toda la inversión pública nacional.
Lo advertimos hace dos años. El gráfico lo confirma hoy. La pregunta ya no es si esto iba a ocurrir. La pregunta es qué vamos a hacer ahora que ya ocurrió.