Por Javier Lasalle
Humberto Colmán no es un economista de declaraciones estridentes. Exviceministro de Economía, exmiembro del directorio del Banco Central y actual economista jefe de Dende, suele elegir sus palabras con cuidado. Por eso llama la atención que haya calificado a este periodo como el peor en materia de gestión financiera pública desde 2003. ¿Exagera? Los datos permiten evaluarlo. Dos indicadores simples, construidos con las cifras del SITUFIN precisamente desde 2003, sugieren que no: la situación fiscal actual solo se compara con la de la pandemia, con una diferencia fundamental: esta vez no hay pandemia.
El primer indicador es el gasto total dividido por los ingresos totales, en suma móvil de doce meses. Su ventaja frente al tradicional déficit sobre PIB es que se interpreta de manera directa: si el ratio da 1,2, el Estado gasta 20% más de lo que recauda y los ingresos deberían aumentar 20% para cerrar el déficit.
Gráfico 1: Gasto total sobre ingresos totales de la Administración Central (suma móvil 12 meses).
La serie cuenta una historia clara. Entre 2003 y 2019, el indicador promedió 1,01: a lo largo del ciclo, el Estado gastaba prácticamente lo mismo que recaudaba. El primer quiebre llegó con la recesión de 2019, cuando el ratio tocó 1,20, y la pandemia lo llevó a un máximo de 1,45 a fines de 2020. Lo esperable era un retorno gradual al equilibrio; ocurrió solo a medias. La corrección se detuvo a fines de 2024, en 1,17, y desde entonces el indicador volvió a subir: a julio de 2026 se ubica en 1,19. Dicho de otro modo, el Estado vuelve a gastar casi 20% más de lo que ingresa, un desequilibrio que, fuera del periodo pandémico y su salida, solo se había registrado en el peor momento de la recesión de 2019.
El segundo indicador mide un problema menos visible pero más difícil de revertir: la rigidez del gasto. Se construye dividiendo el gasto rígido —remuneraciones, jubilaciones y prestaciones sociales, e intereses de la deuda— por los ingresos totales, también en suma móvil de doce meses. Es una medida del margen de maniobra: cuanto más alto el ratio, menor la porción de la recaudación disponible para todo lo demás, desde inversión en infraestructura hasta la respuesta ante una emergencia.
Gráfico 2: Gasto rígido sobre ingresos totales de la Administración Central (suma móvil 12 meses).
Entre 2003 y 2019, el gasto rígido absorbió en promedio 62 de cada 100 guaraníes recaudados. En la pandemia llegó a consumir casi 90, un nivel extremo que se explicaba por el desplome de la recaudación y el esfuerzo sanitario. A julio de 2026, el indicador se ubica en 81: niveles de 80 o más solo se habían registrado en 2020 y 2021. De cada 100 guaraníes que ingresan, 81 ya están comprometidos antes de discutir una sola obra pública. Parte de esta rigidez creciente proviene, justamente, del gasto en intereses, cuya escalada advertimos en este espacio hace dos años: los intereses ya superan lo que el Estado invierte en obras.
Aquí aparece el agravante central. Los episodios anteriores de deterioro tenían una explicación evidente: la recesión de 2019 con su sequía, la emergencia sanitaria de 2020. Los niveles actuales, en cambio, se registran en uno de los mejores momentos económicos en décadas. Paraguay creció 6% en 2025, más del doble del promedio regional, y se proyecta otra expansión robusta para 2026. En fases de auge, lo esperable es que la recaudación acompañe y ambos indicadores mejoren; la teoría fiscal recomienda, de hecho, aprovechar los años buenos para recomponer márgenes. Es cierto que la apreciación del guaraní ha restado dinamismo a la recaudación, un atenuante genuino. Pero un factor transitorio no explica que, con la economía en expansión, el déficit y la rigidez estén en niveles que antes exigieron una pandemia.
Podría pensarse que estos niveles ya reflejan el esfuerzo de ponerse al día con los pagos atrasados. No es el caso: todo lo descrito hasta aquí ocurre con muy poca regularización de la deuda con farmacéuticas y constructoras de USD 1.270 millones acumulada fuera de las estadísticas fiscales. Cuando esos pagos se concreten, los indicadores empeorarán, y las proyecciones oficiales lo confirman: el Ministerio de Economía y Finanzas informó que el déficit de este año no será del 1,5% del PIB comprometido, sino del 3,2%, y que en 2027 subirá al 3,9%, en buena parte por esa regularización. Esta tiene, además, costo propio: la recién sancionada Ley N° 7699 reconoce intereses moratorios a las contratistas afectadas por los atrasos y autoriza nueva deuda para financiarlos, deuda cuyos intereses presionarán aún más la rigidez futura. A esto se suma que los ingresos extraordinarios de Itaipú por gastos sociales —de USD 650 millones anuales en 2024, 2025 y 2026— desaparecen desde 2027 por el propio acuerdo con Brasil. Y la convergencia al tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal, prometida sucesivamente para 2024 y 2026, se traslada ahora a 2028, sin un plan detallado que la respalde; el propio Colmán pone en duda esa meta, por lo abrupto del ajuste requerido y porque coincide con un año electoral.
La conclusión no requiere dramatismo, pero sí acción concreta en el corto plazo. Un déficit cercano al 20% de los ingresos y una rigidez que compromete 81 de cada 100 guaraníes recaudados son registros de crisis, observados en plena expansión. La paradoja es que Paraguay no necesita atravesar una crisis para empezar a preocuparse: precisamente porque conserva estabilidad, acceso al crédito y crecimiento, este es el momento de corregir la trayectoria fiscal. Cuando las voces más mesuradas del debate económico empiezan a hablar del peor periodo en más de dos décadas, y los datos les dan la razón, lo prudente es tomarlas en serio.