Por Rodrigo Ibarrola.
Diego de los Reyes Balmaceda llegó muy joven a la Provincia. Ambicioso y obstinado, contrajo nupcias con Francisca Benítez, dama paraguaya bien emparentada con influyentes jesuitas y otros miembros de la oligarquía capitular asunceña. Se dedicaba al transporte fluvial, sus embarcaciones trasladaban la yerba mate paraguaya (considerada la mejor en calidad) hasta Buenos Aires, para luego volver con productos manufacturados. Esto le permitió amasar una estimable fortuna.
En 1705, con intención de regular el precio, el Cabildo resolvió reducir el envío de yerba mate con la implementación de un sistema de turnos por embarcación. Balmaceda intentó eludir la disposición ofreciendo a los oficiales reales flete gratis para los productos de la Corona, pero el Cabildo se opuso. Así las cosas, nuestro protagonista decidió incursionar en la política. En 1707 se incorporó al Cabildo, y en 1717 obtuvo el cargo de Gobernador de la Provincia, a través de un generoso «donativo» de yerba mate (la compra del cargo era costumbre en la época). Aunque el puesto estaba vedado para los residentes de la colonia, obtuvo una dispensa del virrey que le permitió gobernar. Una vez en el cargo, hizo uso y abuso, disponiendo arbitrariamente de las fuentes de riqueza de la época: la yerba mate y las encomiendas.
Este es solo uno de los numerosos casos relacionados con el «uso y abuso» de cargos públicos que marcaron el devenir del Estado paraguayo. La situación ejemplifica lo que los economistas Joel Hellman, Geraint Jones y Daniel Kaufmann llaman «captura del Estado», cuando poderosos individuos, instituciones, empresas o grupos empresariales influyen en la formulación de leyes, políticas y regulaciones a cambio de dádivas ilícitas. Así obtienen ventajas e imponen barreras a la competencia evitando cualquier reforma que pudiera perjudicar sus intereses.
El gremio agroexportador ha logrado obtener importantes beneficios fiscales a lo largo de los años. En el 2018, la devolución del IVA fue siete veces mayor que su aporte por renta. (Imagen: Campo Agropecuario)
La influencia indebida de intereses privados en el sector público también está presente en países desarrollados («captura débil») con buenas regulaciones como Singapur, Corea del Sur, EE. UU. o Alemania. Pero, por lo general, los países más proclives a una «captura fuerte» son aquellos poco desarrollados, que comparten entre sí algunos aspectos: instituciones débiles, alta concentración del poder político, constante reelaboración de leyes y regulaciones. Con insuficiente -e ineficiente- provisión de bienes y servicios públicos básicos, las transferencias de recursos estatales a actores privados son elevados (tercerización de servicios: seguridad privada, seguro médico, etc.), lo que finalmente se convierte en carnada para buscadores de renta.
En estos casos, los intereses de los «captores» prevalecen por sobre las fuerzas del mercado, las regulaciones pasan a defender el interés particular en lugar del general y, a la larga, las empresas captoras se benefician en mayor proporción que las empresas no captoras. Por ejemplo, un estudio de Hellman, Jones y Kaufmann del año 2000 señala que en países de alta captura las ventas de las empresas que pagan sobornos crecen anualmente el triple. En contrapartida, en aquellos países, el incremento de la inversión de las empresas es 50% menor.
La empresa Inflight Catering facturó al Estado, desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2019, un total de ₲ 23.234 millones. En la foto se observa a una empleada de la empresa repartiendo chipas durante la manifestación de apoyo al presidente el pasado 1 de agosto (Imagen: ABC Color).
En Paraguay, una investigación del 2016 sobre adquisiciones públicas y búsqueda de renta mostró que las firmas obtienen una mayor rentabilidad en las ventas al Estado que al sector privado. Siendo esto así, los incentivos empresariales se orientan a obtener más beneficios vía contratos públicos (y por ende, se multiplican los mecanismos de sobornos o de generación de influencia vía financiación política ilegal) antes que mediante la inversión en innovación y desarrollo de nuevos productos, lo que desemboca en la reducción de la inversión privada y en el crecimiento de un sector empresarial que vive del sector público. De ahí que resulte usual encontrar empresarios «exitosos» como Óscar Chamorro Lafarja (implicado en la contratación de guardias privados para el IPS), quien posee toda una red de empresas –aparte de los servicios de seguridad– para contratar con el Estado.
Pero esta película no cuenta solo con actores nacionales. Hellman y sus colegas mostraron, además, que es doblemente probable que los inversionistas extranjeros (con sede dentro del país) incurran en prácticas de captura (en comparación con empresas nacionales) y que las trasnacionales con matriz en el extranjero sobornan con más frecuencia que las nacionales en lo referente a licitaciones públicas. Es decir que, con altos niveles de captura, la inversión extranjera –cuando llega– tiende a exacerbar el problema (véase el caso Odebretch).
¿Hay solución? Sin duda. Se han señalado diversas medidas para mejorar el marco institucional y jurídico. Puesto que la nota resaltante de la captura es la exclusión, las medidas preventivas son aquellas que tornan más difícil esa práctica, como la transparencia y la competencia. Para transparentar, algunas líneas de acción consisten en promover la participación cívica, identificar las relaciones sospechosas entre grupos privados y políticos (a través de la libertad de acceso a la información pública), informar sobre el sentido de votos de los parlamentarios, así como también el fortalecimiento de los derechos civiles para mejorar la competencia política. Especial atención requieren el financiamiento político, la definición de reglas para responder a conflictos de intereses y la regulación del cabildeo.
En 2018, Cargill había sido acusada de operar su planta sin tener planos de prevención de incendio aprobados. (Imagen: La Clave)
Para promover la competencia, se recomienda, entre otras cosas, reducir la discrecionalidad en el otorgamiento de subsidios, exenciones o aportes estatales; disminuir las barreras de entrada al comercio; clarificar la composición societaria de las empresas; mejorar las leyes antimonopolio; simplificar los procesos de registro y de obtención de licencias; reglas claras y simples sobre las fiscalizaciones (¡y cumplirlas!). En general, todo aquello que limite el poder de los burócratas de favorecer discrecionalmente a ciertos actores.
Mientras no se logren avances destacados en estos temas, no habrá empresariado local ni inversor extranjero que posibilite al Paraguay aprovechar su solidez macroeconómica para dar el salto de desarrollo significativo que la ciudadanía lleva tiempo esperando.
Imagen de portada: Agencia Brasil.
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