Para situaciones excepcionales medidas excepcionales: la pandemia requiere medidas estratégicas para los sectores de empleo formal e informal
Por José Rojas (invitado) y Shirley Gómez.
“Tiempos extraordinarios requieren acciones extraordinarias”, afirmó en estos días Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. La pandemia del COVID-19 ha obligado a priorizar la salud pública en todos los países y, con ello, a centrar nuestra atención en cumplir con el confinamiento obligatorio para cuidarnos y proteger a nuestros seres queridos. Ahora bien, el confinamiento acarrea fuertes consecuencias para la economía y la sociedad en general. Por esta razón, debe ir acompañado de medidas de protección social que mitiguen las consecuencias negativas que pudiera tener. Solo así se podrá cumplir con los objetivos sanitarios y de aislamiento social.
Países más desarrollados, con mayor índice de formalización del trabajo, han demostrado varias formas de paliar los efectos del confinamiento. Obviamente, estos países tienen facilidades en cuanto a la cuantificación y cualificación de los afectados por esta epidemia, y disponen de herramientas para mitigar de manera casi inmediata sus efectos negativos. La figura debajo expone las medidas de protección social que tomaron países como España, Italia y Francia para reducir las consecuencias negativas del COVID-19.
Figura 1: Medidas adoptadas por España, Italia y Francia ante la expansión del coronavirus (actualizado al 18 de marzo de 2020)
| MEDIDA | ESPAÑA | ITALIA | FRANCIA |
| En % del PIB | 20% | 20% | 12% |
| Recursos movilizados | 200.000M€ (incluye 83.000M€ de fondos privados) | 350.000M€ | 345.000M€ |
| Autónomos | Prestación por falta de actividad | Ayuda de 600€ en marzo y abril. Casos especiales podrán recibir un poco más. | Disposición de un fondo de solidaridad para autónomos |
| Alquileres de hogares | De momento, ninguna medida | De momento, ninguna medida | De momento, ninguna medida para particulares. Supensión del pago de alquileres para pequeñas empresas en apuros |
| Impuestos | Aplazamiento y fraccionamiento en el pago de impuestos para las empresas y autónomos | Suspensión del pago de facturas, impuestos e hipotecas para aliviar la presión sobre las pequeñas empresas y los hogares. | Suspensión temporal de las obligaciones fiscales de empresas y ciudadanos. |
| Avales para préstamos | 100.000 euros | Garantía estatal gratuita hasta el 80% para avalar los créditos de hasta cinco millones de euros. | El Estado garantizará préstamos contraídos por las empresas con la banca por valor de 300.000 millones de euros. |
| Hipotecas | Moratoria en caso de reducción de ingresos | Moratoria en caso de haber perdido empleo | El Gobierno permitirá aplazar el pago de hipotecas de la primera vivienda |
| Empleo | Ayuda de paro | No se podrá despedir a ningún trabajador durante dos meses | Mecanismo “excepcional y masivo” de paro parcial e indemnizaciones para los trabajadores obligados a quedarse en casa. |
En comparación con los países mencionados arriba, el desafío para Paraguay es titánico. Nuestro país tiene una tasa de informalidad laboral que afecta al 65% de la población económicamente activa (PEA). Por esta razón, el Estado debe actuar en dos vías. Primero, por el lado de la oferta, debe generar políticas para mitigar las pérdidas de las empresas grandes y pequeñas, garantizar la producción de los bienes y servicios esenciales, así como considerar el control y la regulación de precios y abastecimiento. Segundo, y por el lado de la demanda, debe sostener lo máximo posible el empleo formal y ofrecer a los trabajadores formales e informales medidas paliativas para facilitar el consumo alimentario básico.
El empleo informal sin protección social es el que está en el ojo de la tormenta. Es el sector más vulnerable a este tipo de eventos catastróficos. En Paraguay, el empleo informal incluye a aquellos que son asalariados dependientes de empleadores que no aportan al sistema de seguridad social (por ejemplo costureros, guardias de seguridad, limpiadores, trabajadores domésticos), trabajadores por cuenta propia que no aportan a la seguridad social (por ejemplo pancheros, músicos, lomiteros, mecánicos, peluqueros, chiperos), así como trabajadores familiares o cuidadores sin remuneración.
En la población informal se encuentra la población adulta del país que no aporta a ningún seguro médico (68% del total de la población económicamente activa) y la que no aporta para alguna jubilación (77% del total de la población económicamente activa). Estas personas no cuentan con herramientas para enfrentar shocks como la actual pandemia. Para este sector no aplica la estrategia del teletrabajo o home office. Para ellos, “parar” les presenta la disyuntiva entre quedarse sin ingresos económicos (lo cual incluye padecer hambre) o sobrevivir siguiendo con sus actividades a pesar de los riesgos sanitarios a los que se exponen.
Esta situación de vulnerabilidad explica por qué el sector informal debería ser también el grupo meta de las acciones propuestas por el Gobierno. Las acciones del Gobierno hasta el momento se centran principalmente en dos líneas: por un lado, la entrega de kits alimentarios a través de las gobernaciones y municipios; y, por otro, la negociación para refinanciar deudas con el sector financiero. Ahora bien, aunque estas medidas suenan adecuadas, el problema radica en la elaboración de criterios de selección para el acceso a los kits alimentarios, justamente a causa de la heterogeneidad que caracteriza al grupo de trabajadores informales: algunos pueden no estar hoy bajo la línea de la “pobreza monetaria”, pero presentar vulnerabilidades propias de la exclusión social (como déficits sanitarios, educativos y de vivienda), lo que los hace merecedores del apoyo alimentario.
Una experiencia previa de entrega de kits de víveres, como parte del programa Sembrando Oportunidades del anterior Gobierno, mostró las dificultades que afloran durante este tipo de acciones paliativas. En ese entonces, una vez realizadas las entregas de estos kits, se presentaron denuncias de cómo estos no llegaban a las familias que realmente necesitaban. En un país en donde el nivel de partidización de políticas sociales es alto, consensuar listas de beneficiarios con “intermediarios” como políticos, actores locales o la Iglesia resulta cuanto menos un riesgo para la efectividad de la medida. En este sentido la tecnología podría ser una gran aliada para dar mayor transparencia y accesibilidad sin la necesidad de recurrir a estos intermediarios.
La magnitud del impacto del apoyo alimentario en el sector informal y la urgencia que representa este tipo de apoyos son enormes. Por ello, a la par de las entregas de kits, es necesario que el grupo de instituciones que integran el Gabinete Social actúe de manera integral a favor del sector informal. Aquí se incluye a entidades como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Emergencia Nacional, así como las gobernaciones y municipios, los que deben presentar proyectos que prevean la distribución de las ayudas, de modo de garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones con mayores dificultades. Ejemplos de medidas pueden ser comedores populares en las zonas geográficamente más vulnerables, así como la provisión de alimentación escolar con los recaudos sanitarios adecuados. Estas medidas se pueden articular con compras públicas de la agricultura familiar, a los efectos de fomentar la producción y el consumo de alimentos de origen nacional.
Existe otro grupo de medidas adoptadas en diferentes países, como la tarjeta alimentaria en Argentina, la protección de los inquilinos contra desalojos durante la pandemia en el Reino Unido, o la idílica renta básica universal implementada en lugares como Finlandia, Canadá, o Alaska, que también deberían ir entrando a la mesa de opciones por discutir. Estas políticas requieren una gran articulación interinstitucional, incluyendo a los tres poderes del Estado. Quién sabe, quizá puedan ver luz tras el paso de esta tumultuosa experiencia. Entre estas, si bien todas pueden ser importantes para el país, creemos que vale la pena esforzarnos por considerar con mayor premura la renta básica, aunque sea temporal, ya que podría paliar la falta de ingresos a la que estará sometida gran parte de la población local. Tenemos que frenar la curva de contagios para vencer al COVID-19, pero a la par es vital también mitigar sus impactos negativos en sectores desprotegidos y frenar la curva de desigualdad social.
Ilustración de portada: Roberto Goiriz.