Por Violeta Franco, Alejandra Garay Báez y Anahí Reuter*.
Ante la crisis desatada con la pandemia por la COVID-19, Paraguay declaró la emergencia sanitaria mediante el decreto Nº 3478/2020 estableciendo la cuarentena obligatoria y preventiva a partir del 20 de marzo del 2020. Las medidas adoptadas en el marco de esta emergencia sanitaria dejaron a niñas, niños y adolescentes (entre 0 y 17 años) a tiempo completo en sus hogares, y fuera de los espacios escolares y recreativos. Esta situación, contrariamente a lo que se espera, representa un riesgo enorme para este sector que alcanza alrededor del 35% de la población del país. En este artículo expondremos algunos aspectos de la cruda realidad que están viviendo muchas niñas, niños y adolescentes en esta pandemia; un asunto sobre el que, a pesar de su gravedad, se ha debatido muy poco.
La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializada en niñez y adolescencia, UNICEF, junto con otros organismos internacionales, llaman la atención sobre el aumento de casos de explotación sexual, abuso sexual y matrimonios forzados como efectos de la crisis por la pandemia. Las medidas de distanciamiento social y confinamiento influyeron significativamente en el aumento de hechos de violencia cometidos hacia niñas, niños y adolescentes al interior de sus hogares por personas del entorno familiar. Esta grave situación afecta a un sector de por sí expuesto a todo tipo de dificultades, atendiendo que un 34% de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza.
Veamos algunos datos preocupantes. Solamente en el año 2018, la Fiscalía reportó cerca de 5.000 denuncias de hechos punibles contra niñas, niños y adolescentes, de las cuales el 51% eran por abusos sexuales, el 25% por maltrato, 13% por casos de abuso a adolescentes (hombres y mujeres), y 10% por casos relativos a pornografía infantil. Lo más alarmante es que en el 85% de estos casos la persona agresora era del entorno familiar o cercano.
Las niñas, niños y adolescentes también son víctimas de métodos violentos de disciplinamiento, lo cual no siempre se visibiliza como problema. Según la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, el 52% de la población entre 1 y 14 años sufrió estos métodos “correctivos” por parte de las personas adultas a cargo de su educación.
Estas cifras alarman aún más en el contexto de aislamiento. En Paraguay, solamente durante los meses de marzo y abril de 2020, los casos de vulneración a la protección de niñas, niños y adolescentes se han disparado. Según el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en estos dos meses se registraron 4.700 denuncias, datos que alcanzaron el 65% del total de denuncias del 2019. Entre las denuncias de este año, 1.484 fueron por maltrato y 327 por abuso sexual.
Otro tema poco visibilizado refiere a la situación de las niñas, niños y adolescentes connacionales que retornaron al país en el contexto de la pandemia. En mayo de 2020, más de 100 fueron atendidos por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, y fueron trasladados a albergues exclusivos teniendo en cuenta un protocolo de atención especializada. Lo que no se sabía fue que, según la Ministra de la Niñez y Adolescencia, hay indicios de que estas niñas, niños y adolescentes, en su mayoría, han sido víctimas de trata y explotación, y han sido abandonados a su suerte en la frontera. Este tipo de situaciones necesita respuesta inmediata desde el Estado, a través de los organismos responsables.
El confinamiento obligatorio combinado con las dificultades que atraviesa cada hogar, como la pérdida abrupta de los ingresos y la incertidumbre, elevan el estrés en el entorno familiar, generando un clima propicio para conductas violentas hacia miembros con menor poder en las familias, como son las mujeres, las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.
Esta terrible situación obliga a destacar la importancia que adquiere que las medidas tomadas por el Gobierno cuenten con un enfoque de derechos centrado en la niñez y la adolescencia. Solo así podría garantizarse un mejor resguardo de sus derechos. Sin embargo, hasta ahora las respuestas del gobierno han sido insuficientes para garantizar una vida sin violencias para esta población. Por ello, queremos cerrar la reflexión apuntando a algunas medidas necesarias para garantizar los derechos y la vida de esta población.
- Adaptar las políticas públicas a las necesidades más urgentes de este sector, con un reordenamiento y adaptación de la oferta pública para crear respuestas inmediatas ante denuncias que apeligran la integridad física y sicológica de este sector.
- Garantizar el acceso oportuno y de calidad a la educación en esta coyuntura, así como medidas asistenciales para garantizar la alimentación integral a las comunidades más afectadas.
- Prevenir/atender un posible escenario de propagación del virus en los barrios donde el hacinamiento extremo puede potenciar situaciones de abuso y violencia.
Sin esta combinación, las consecuencias pueden ser funestas, como el aumento de la deserción escolar y el agravamiento de los problemas básicos de salud. No cabe duda que esta crisis deja al descubierto la ausencia de acciones públicas e integrales a través de los órganos competentes. Estas situaciones extremas necesitan de respuestas urgentes, específicamente para los sectores más desprotegidos y a la población en general, respuestas dirigidas y coordinadas por el Estado, pero en colaboración con el sector privado y la sociedad civil.
Solamente en el año 2018, la Fiscalía reportó cerca de 5.000 denuncias de hechos punibles contra niñas, niños y adolescentes, de las cuales el 51% eran por abusos sexuales, el 25% por maltrato, 13% por casos de abuso a adolescentes (hombres y mujeres), y 10% por casos relativos a pornografía infantil. Lo más alarmante es que en el 85% de estos casos la persona agresora era del entorno familiar o cercano.
Muchas niñas, niños y adolescentes están pasando por situaciones dramáticas y poco visibilizadas. En este marco, entendemos y compartimos la propuesta de V. P de 10 años, quien ha creado una máquina del tiempo para viajar hasta cuando pase la pandemia. Lastimosamente, las cifras indicadas aquí muestran que muchas niñas, niños y adolescentes, son además víctimas de vulneraciones en sus propios entornos que debían dotarles de seguridad y respeto.
*Violeta Franco, Socióloga por la UNA. Alejandra Garay Báez, Trabajadora Social, Esp. en Educación Superior por la UNA y Máster en Ciencias Sociales por FLACSO. Anahí Reuter, Trabajadora Social por la UNA.
Imagen de portada: Nico Granada